Son necesarias explicaciones y medidas urgentes que palien estos sucesos, así como el reconocimiento de la profesión como de riesgo
Las Fuerzas Armadas han atravesado una semana negra, marcada por fallecimientos, accidentes graves y situaciones que vuelven a evidenciar la vulnerabilidad del personal de tropa y marinería, colectivo que continúa siendo el más expuesto a riesgos evitables y a posibles decisiones cuestionables dentro de la cadena de mando. La sucesión de hechos ocurridos en apenas dos días refleja un deterioro preocupante en la seguridad y supervisión de las actividades militares.
En Ceuta, el caballero legionario Kevin Parra Mejía, de 23 años, falleció el martes 16 de junio durante una instrucción física ordinaria con el Tercio “Duque de Alba” 2º de La Legión. El militar sufrió una presunta parada cardiorrespiratoria mientras realizaba actividad deportiva fuera del acuartelamiento y, pese a ser evacuado al Hospital Universitario de Ceuta, no pudo sobrevivir. El caso permanece bajo investigación, mientras diversos testimonios trasladados a ATME apuntan a posibles fallos en la gestión del ejercicio y de la emergencia, extremos que deberán ser aclarados.
Ese mismo día, en el Centro de Formación de Tropa nº 1 de Cáceres, un alumno sufrió un presunto golpe de calor durante unos ejercicios en el exterior del acuartelamiento. El militar tuvo que ser evacuado de urgencia e ingresado en la UCI, donde fue intubado debido a la gravedad de su estado. Este suceso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de revisar los protocolos de seguridad en actividades físicas realizadas con altas temperaturas.
A estos hechos se suma el fallecimiento, el lunes 15 de junio, de un cabo mayor de la Armada, hallado sin vida en el alojamiento logístico Galeaza, en San Fernando (Cádiz). Las causas del fallecimiento se encuentran bajo investigación judicial.
Pocos días antes, el 14 de junio, un VAMTAC sufrió un accidente en el campo de maniobras de San Gregorio (Zaragoza), con dos militares de tropa evacuados, destinados en el Batallón de Zapadores XVI.
ATME recuerda las palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, tras el reciente fallecimiento por ahogamiento de dos militares en Córdoba, cuando afirmó que “todo el mundo debe poder declarar sin presiones, decir la verdad sin temer ni tener miedo”. La Asociación subraya que los militares tienen el derecho y la obligación de declarar en libertad, especialmente en situaciones donde puedan existir responsabilidades penales.
Mientras todo esto ocurre, ATME sigue sin recibir respuesta del Ministerio de Defensa sobre el estado de las gestiones relativas al reconocimiento de la profesión militar como profesión de riesgo, pese a que dicho Ministerio se ha reunido recientemente con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y a que esta Asociación solicitó por escrito hace semanas el borrador del proyecto entregado.
El silencio institucional resulta inaceptable en un contexto en el que los hechos demuestran, con crudeza, la urgencia de dicho reconocimiento, que debe ser extensivo tanto al personal incluido en el régimen de la Seguridad Social como a quienes pertenecen a clases pasivas o a los militares temporales obligados a abandonar las Fuerzas Armadas.
ATME exige transparencia, responsabilidad y medidas inmediatas que eviten en lo posible la repetición de sucesos como los vividos esta semana. La tropa y marinería no puede seguir siendo la parte más expuesta de las Fuerzas Armadas ni continuar soportando las consecuencias de decisiones problemáticas o de la ausencia de protocolos eficaces. Es imprescindible que el Ministerio de Defensa actúe con la contundencia que la situación exige.
