En la cultura política contemporánea se ha instalado un fenómeno tan fascinante como peligroso: la conversión de los líderes de la oposición en una suerte de figuras providenciales capaces de resolver, de un plumazo, dilemas económicos que han desvelado a los mejores economistas durante siglos. Las recientes intervenciones de Alberto Núñez Feijóo son un claro ejemplo de esta deriva, donde se promete simultáneamente el vaciado de los ingresos públicos y el blindaje absoluto del Estado del bienestar.
El discurso es tan magnético como recurrente. Se recorren las comunidades autónomas prometiendo «el pan y la sal» a quien se sienta agraviado: más financiación para Murcia, más infraestructuras hidráulicas para el Levante, una sanidad de vanguardia mundial, una educación de primera y la mejora de todas las conquistas sociales. La puesta en escena recuerda a una generosidad desmedida, un reparto de promesas expansivas donde todo se ofrece pero apenas se detalla la letra pequeña: la financiación que sostendrá semejante arquitectura.
La gran contradicción de este modelo reside en la promesa simétrica de rebajas fiscales masivas. La teoría que defiende que bajar impuestos de forma generalizada estimula la economía hasta el punto de aumentar la recaudación tiene límites empíricos muy claros. No se puede menguar la recaudación del Estado y, al mismo tiempo, pretender que los servicios públicos esenciales no se resientan. Cuando las matemáticas electorales no cuadran, el resultado suele ser una quimera que se desvanece al día siguiente de las elecciones.
Lo verdaderamente preocupante no es la promesa en sí, sino el patrón histórico que se repite de manera casi sistemática en la política española cuando se produce un cambio de ciclo en el poder. Se activa entonces la clásica coartada de «la herencia recibida». El mantra de las arcas vacías o el agujero oculto dejado por el Ejecutivo anterior sirve como el escudo perfecto para justificar el incumplimiento de los compromisos adquiridos.
Cuando la realidad presupuestaria se impone sobre la retórica de campaña, quienes suelen asumir el coste de los ajustes son las capas más vulnerables de la sociedad. Es ahí donde comienza el verdadero calvario social:
- El acceso a la vivienda, lejos de facilitarse, se consolida como un artículo de lujo inaccesible para los jóvenes y las rentas medias.
- El sistema sanitario público sufre tensiones de gestión y recortes encubiertos que, de forma indirecta, terminan engordando y derivando pacientes hacia el sector de la sanidad privada.
- La educación y las becas dejan de ser el gran ascensor social para convertirse en una carrera de obstáculos, cediendo terreno al auge de universidades y centros privados que segmentan el acceso al conocimiento por criterios económicos.
- Las pensiones, el termómetro más sensible de la justicia intergeneracional, vuelven a situarse en el centro de la diana, asomando el riesgo de revalorizaciones mínimas o congelaciones que merman el poder adquisitivo de los mayores.
Este ciclo de hipermetropía electoral seguido de miopía gubernamental daña la credibilidad de las instituciones y alimenta la desafección ciudadana. Prometerlo todo sin explicar el cómo es una fórmula eficaz para ganar elecciones, pero profundamente irresponsable para gobernar un país.
Como sociedad, la madurez democrática nos exige empezar a penalizar el exceso de promesas fáciles y exigir planes de viabilidad reales. El futuro de los servicios públicos, de la sanidad y de las pensiones es demasiado serio como para seguir tratándolo como mercancía de cambio en la eterna subasta electoral.
