En un repaso a la situación de la Jurisdicción Social en Galicia, trasladaron su preocupación por los retrasos que se registran en aspectos tan cruciales como los señalamientos, que alcanzan hasta dos años, ofreciendo su colaboración para tratar de paliar una realidad que preocupa y mucho a estos operadores laboralistas.
El presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de A Coruña y Ourense, José Lage Cerviño, y parte de su equipo de gobierno se reunieron esta mañana con el presidente del TSXG, Ignacio Picatoste Sueiras para abordar aspectos de la III XornadaXurídica que, organizada por Colegio de GGSS coruñés tendrá lugar el próximo 30 de septiembre en el Pazo de Mariñán. En el encuentro se le hizo entrega de una placa conmemorativa en agradecimiento al apoyo que el TSXG siempre presta a la citada programación en torno al Derecho Laboral y la Justicia Social.
Aprovecharon también la cita para analizar conjuntamente la situación de la planta judicial social en Galicia y trasladarle a Picatoste Sueiras la preocupación de este colectivo por los retrasos que se registran en aspectos tan cruciales como los señalamientos, que alcanzan plazos de hasta dos años. El Colegio de GGSS de A Coruña y Ourense ofreció al presidente del TSXG su disponibilidad para mantener abierta una vía de colaboración permanente y planteó la oportunidad de poner en marcha un Observatorio de la jurisdicción social en el que detectar los problemas y avanzar en medidas que palíen los retrasos y el colapso de la vía judicial en materia laboral. Sin duda alguna, los profesionales laboralistas a los que representa el Colegio Oficial de Graduados Sociales de A Coruña y Ourense son el primer peldaño, testigos directos y cotidianos de esa realidad más inmediata en la que los derechos de los trabajadores y los conflictos laborales deben ser atendidos y resueltos.
Una jurisdicción social atascada
Las cifras recogidas en la Memoria Anual del TSXG dimensionan esta realidad que inquieta a los Graduados Sociales y a los profesionales de la Justicia. La jurisdicción social en Galicia cerró el pasado ejercicio con un total de 34.409 nuevos asuntos que se agregan a los que ya se tramitaban de ejercicios anteriores, y aunque se resolvieron 34.155, 27.709 procedimientos permanecían aún en trámite al cierre del mismo. Unas cifras que, aunque muy similares al ejercicio anterior, son sin duda muy preocupantes pues detrás de cada una de ellas hay trabajadores y empresas que esperan que sus derechos sean defendidos y sus conflictos resueltos.
En Galicia, aunque la demora varía según el partido judicial que se analice -siendo, como es lógico, las ciudades con más población trabajadora las más colapsadas- la sobrecarga es estructural, según señalan diversos informes. Los juicios por despido o causas urgentes, que legalmente deberían resolverse en un plazo máximo de 5 días, se han llegado a señalar con demoras de hasta 3 años; hay señalamientos de vistas programados para 2028. En los procedimientos ordinarios y de reclamación de cantidad, por poner otro ejemplo, los retrasos pueden superar los 3 años y medio.
