Víctor Ávila, abogado penalista en Madrid
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha declarado inadmisible la demanda de un ciudadano condenado en Francia por negarse a entregar la clave de su teléfono móvil durante una investigación policial, una decisión que en España sería jurídicamente inviable, según explica el abogado penalista Víctor Ávila.
Un caso que no tendría cabida en España
El ciudadano, detenido por tráfico de estupefacientes, guardó silencio cuando la policía le pidió los códigos de sus cuatro teléfonos incautados, sin abogado presente. Ese silencio le costó una condena penal adicional, que el TEDH ha respaldado con el argumento de que los datos del móvil ya existían con independencia de su voluntad y, por tanto, no equivalen a una confesión forzada.
Para Víctor Ávila, abogado penalista, ese razonamiento choca frontalmente con el marco legal español. La clave de un dispositivo cifrado no es un objeto que la policía pueda incautar, sino conocimiento que reside únicamente en la memoria del investigado, y obligar a revelarlo bajo amenaza penal equivaldría a vulnerar el derecho a no declarar contra uno mismo que reconoce el artículo 24.2 de la Constitución.
Qué protege realmente la ley española
El contenido de un móvil (comunicaciones, geolocalización, datos de salud, información financiera) está amparado en España por el artículo 18 de la Constitución, tanto por el derecho a la intimidad como por el secreto de las comunicaciones. Cualquier acceso a ese contenido exige autorización judicial motivada y proporcional. Si el investigado entregara la clave sin esa autorización y sin asistencia letrada efectiva, el consentimiento estaría viciado y la prueba obtenida sería nula.
El propio TEDH ya condenó a España en 2017, en el caso Trabajo Rueda, por permitir que la policía examinara el contenido de un ordenador incautado sin solicitar antes autorización judicial, pese a no existir riesgo real de pérdida de los archivos.
«En España, negarse a dar la contraseña del móvil no es un delito, es el ejercicio de un derecho fundamental. Ninguna orden que pretenda obligar al investigado a colaborar en su propia incriminación tiene respaldo legal, y construir sobre esa negativa un delito de desobediencia sería, sencillamente, inconstitucional», señala Víctor Ávila, abogado penalista en Madrid.
Qué hacer si la policía pide la contraseña del móvil
El despacho recomienda no entregar ni confirmar códigos de acceso sin asesoramiento legal previo, y recuerda que son las autoridades quienes deben obtener esa información por medios técnicos propios, con la autorización judicial que exige la ley. Negarse no es un obstáculo penalizable para la investigación, sino un derecho reconocido por la Constitución española.
Sobre Víctor Ávila Abogado Penalista
Víctor Ávila es abogado penalista en Madrid, especializado en derecho penal y en los límites constitucionales de las medidas de investigación tecnológica, como el acceso a dispositivos electrónicos, el cifrado y la protección de datos en el marco de procesos penales.
