Los incendios de Ávila, Madrid, Toledo y Castellón evidencian que España necesita pasar de una política centrada en la extinción a una estrategia permanente de prevención, adaptación y protección de la salud.
La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) reclama situar la salud pública en el centro de la respuesta a los grandes incendios forestales que están afectando de forma especialmente grave a Ávila, la Comunidad de Madrid, Toledo y Castellón.
La sociedad científica advierte de que estos incendios no pueden considerarse episodios aislados ni abordarse únicamente cuando aparecen las llamas. El cambio climático, la despoblación rural, el abandono de actividades tradicionales y la acumulación de biomasa están aumentando la probabilidad de incendios extremos, rápidos y difíciles de controlar. Ante esta situación, SESPAS pide una respuesta coordinada, basada en la evidencia científica y mantenida durante todo el año.
Según los datos provisionales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, entre el 1 de enero y el 27 de julio de 2026 se han visto afectadas 172.396 hectáreas de superficie forestal, casi seis veces más que las 29.817 registradas en el mismo periodo de 2025. También se han contabilizado 35 grandes incendios forestales, frente a los 11 registrados en esas mismas fechas del año anterior.
Las grandes catástrofes perduran en el tiempo
Frente a estos desoladores datos, SESPAS recuerda que el daño provocado por los incendios no termina en las zonas alcanzadas por las llamas. El humo puede desplazarse cientos de kilómetros y contiene partículas finas (PM2,5), monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y otros compuestos tóxicos.
La exposición puede agravar el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, aumentar el riesgo de episodios cardiovasculares y respiratorios e irritar los ojos y las vías aéreas. Los riesgos son mayores para las personas mayores, embarazadas, niños y niñas, personas con enfermedades crónicas, personas sin hogar y trabajadores expuestos, tal y como señala la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) en un posicionamiento. A estos efectos se suman las quemaduras, los traumatismos, la interrupción de tratamientos, los desplazamientos, la pérdida de viviendas y empleos, la ansiedad, el duelo y las consecuencias duraderas sobre la salud mental.
Una política permanente de prevención
SESPAS reclama sustituir el enfoque reactivo por una política integral que permita construir paisajes y territorios resilientes. Aunque la extinción seguirá siendo imprescindible, la sociedad científica subraya que ningún dispositivo puede compensar por sí solo décadas de abandono rural, acumulación de combustible y planificación insuficiente en la interfaz urbano-forestal.
Entre las medidas propuestas se encuentran la gestión forestal adaptativa, la recuperación de paisajes en mosaico, el apoyo a la ganadería extensiva, la agricultura y el pastoreo, la protección de núcleos habitados e infraestructuras críticas y la incorporación del riesgo de incendios a la planificación urbanística.
La salud debe formar parte de todos los planes de prevención, emergencia y recuperación. Para ello, SESPAS considera prioritario reforzar la vigilancia en tiempo real de las partículas PM2,5, establecer alertas públicas comprensibles, desarrollar protocolos sanitarios comunes, habilitar refugios con aire limpio, asegurar la continuidad de los tratamientos y realizar un seguimiento epidemiológico de los efectos inmediatos y tardíos.
“España no puede normalizar que cada verano se traduzca en pérdida de vidas, evacuaciones masivas, aire irrespirable y territorios devastados. La respuesta debe ser firme, solidaria y científica: proteger hoy a la población expuesta y transformar desde mañana las condiciones que alimentan los grandes incendios”, señala SESPAS.
La sociedad científica expresa además su solidaridad con las personas fallecidas, heridas, evacuadas y confinadas, así como con las comunidades afectadas y con quienes trabajan en la extinción, la atención sanitaria, la protección civil y el apoyo social. Asimismo, pone su experiencia multidisciplinar a disposición de las administraciones para colaborar en la evaluación de riesgos, la vigilancia epidemiológica, la comunicación a la ciudadanía y la elaboración de protocolos.
