Portavoz de UCIN Galicia y concejala en Tordoia
La aprobación definitiva de la ley que permitirá la transferencia de la AP-9 a Galicia representa un paso importante en una reivindicación histórica de la comunidad. Sin embargo, sería un error trasladar a la ciudadanía la sensación de que el problema está resuelto. La ley abre una oportunidad, pero el verdadero trabajo comienza ahora.
A partir de este momento se inicia una negociación compleja entre el Estado y la Xunta que deberá definir las condiciones jurídicas, económicas y administrativas del traspaso. Será ese proceso, y no la aprobación parlamentaria en sí, el que determine si la transferencia se convierte en una herramienta útil para mejorar la movilidad y aliviar la carga económica que soportan miles de usuarios cada día.
En los últimos días hemos asistido a un intenso intercambio de declaraciones políticas. Unos presentan la aprobación como una victoria histórica, mientras otros alertan de las dificultades que puede generar el proceso. Sin embargo, el debate sigue centrado en el reparto de méritos y apenas se explica qué ocurrirá realmente a partir de ahora.
Los gallegos tienen derecho a conocer qué posición defenderá la Xunta durante la negociación, pero también cuál será el compromiso del Gobierno de España respecto a la financiación del traspaso y a las consecuencias derivadas de la actual concesión.
No puede olvidarse que la AP-9 continúa explotándose mediante una concesión en vigor hasta 2048. Cualquier modificación anticipada del contrato podría implicar importantes costes económicos y consecuencias jurídicas. Si en algún momento se planteara un rescate de la concesión, sería imprescindible afrontar las obligaciones contractuales y las posibles compensaciones que correspondieran.
Precisamente por ello, la transparencia debe convertirse en uno de los pilares de esta nueva etapa. La ciudadanía merece conocer cuáles serán los costes, quién los asumirá y qué calendario real manejan las distintas administraciones.
Pero existe otra cuestión igual de importante. Más allá del debate sobre la titularidad de la autopista, los ciudadanos esperan respuestas sobre las medidas concretas que mejorarán su día a día.
¿Se ampliarán las bonificaciones actuales? ¿Se implantarán nuevos descuentos para los usuarios frecuentes? ¿Se limitarán futuras subidas de los peajes? ¿Se revisarán determinados aspectos de la concesión mientras esta siga vigente? Son preguntas que
afectan directamente a miles de familias y empresas gallegas y que deberían ocupar el centro del debate público.
El objetivo de avanzar hacia una AP-9 con peajes más reducidos o incluso sin ellos puede ser compartido por buena parte de la sociedad gallega. Sin embargo, ese horizonte requiere planificación, negociación y responsabilidad institucional. Mientras tanto, existen decisiones que pueden adoptarse a corto y medio plazo para aliviar el coste que soportan quienes utilizan diariamente esta infraestructura.
La política útil no termina cuando una ley se aprueba en el Parlamento. Es precisamente entonces cuando comienza el trabajo más importante: negociar con rigor, defender los intereses de Galicia y explicar con honestidad qué objetivos son alcanzables, cuáles necesitarán más tiempo y qué medidas pueden ponerse en marcha desde este mismo momento.
Los gallegos no necesitan una sucesión de titulares ni una competición por atribuirse éxitos políticos. Necesitan resultados, transparencia y responsables públicos que hablen con claridad y trabajen pensando en el interés general.
Porque la aprobación de la ley supone una oportunidad histórica. Ahora toca convertir esa oportunidad en beneficios reales para Galicia.
