Cuando las llamas llegan a las casas, ya es tarde para hablar de prevención. En ese momento, hay vidas en peligro, personas que pierden la vida y otras que resultan heridas, poblaciones obligadas a abandonar sus aldeas, familias que ven desaparecer, en pocos minutos, el patrimonio construido a lo largo de generaciones. Mueren animales salvajes, domésticos y de explotaciones ganaderas. Desaparecen hábitats, se empobrecen los suelos, se contaminan los cursos de agua y se destruyen ecosistemas cuya recuperación podría tardar décadas. El incendio se transforma, así, en una tragedia humana, económica y medioambiental. Pero sería demasiado cómodo atribuirlo todo al cambio climático. Este prolonga los periodos de sequía, hace que la vegetación sea más inflamable y que los incendios puedan ser más rápidos, intensos y difíciles de controlar. Es un poderoso amplificador, pero no enciende la mayoría de las primeras llamas. La ignición sigue estando frecuentemente ligada a la acción humana: a la negligencia, a la imprudencia, al uso inadecuado del fuego o al delito. Y la magnitud de la catástrofe depende también de lo que hicimos o dejamos de hacer en el territorio durante los restantes meses del año. El clima agrava el riesgo, pero no exime de responsabilidad a la irresponsabilidad, a la ausencia de gestión, a la desordenación territorial ni a la incapacidad política para ordenar, poner en valor y proteger el territorio.
El espacio rural nunca fue solamente un paisaje. Fue un territorio habitado, trabajado y vigilado. La pequeña agricultura contribuía a crear discontinuidades en la vegetación. El pastoreo reducía la cantidad de materia combustible. El pastor, el agricultor, el resinero, el maderero y el silvicultor conocían los caminos, observaban los cambios en el territorio y detectaban rápidamente las primeras señales de peligro. Muchas de esas actividades desaparecieron o se volvieron económicamente marginales. Las poblaciones se desplazaron hacia las ciudades del litoral, los servicios públicos fueron cerrando, la propiedad continuó excesivamente fragmentada y extensas áreas quedaron entregadas al crecimiento descontrolado de la vegetación. El resultado no es propiamente un bosque. Es un territorio sin gestión, sin economía y, demasiadas veces, sin nadie. Las propias instituciones europeas reconocen que el abandono rural y la desaparición de la agricultura y del pastoreo extensivos favorecen la acumulación de vegetación inflamable y aumentan la magnitud potencial de los incendios. Pero no habrá una verdadera recuperación del interior sin recuperar también la dignidad de sus profesiones. Porque recuperar el interior no consiste únicamente en gestionar el bosque. Consiste en reconstruir una economía local y crear las condiciones necesarias para que las personas puedan vivir, trabajar y permanecer en el territorio. Necesitamos escuelas de artes y oficios capaces de formar a agricultores, silvicultores, pastores, carpinteros, electricistas, fontaneros y tantos otros profesionales indispensables. No se trata de desvalorizar la enseñanza superior, sino de rechazar una sociedad que mide el mérito exclusivamente por un título universitario. Un país que anima a todos a buscar un trabajo de despacho, pero no prepara a quienes deben cuidar del agua, de la energía, de los alimentos, de las casas y del bosque, no se ha vuelto más desarrollado. Se ha vuelto más dependiente y más pobre. Y no basta con abrir cursos. Es necesario que esas profesiones tengan una remuneración justa, acceso a la tierra, vivienda, servicios públicos y condiciones para formar una familia y construir un futuro.
También la economía forestal tiene que dejar de reducirse a la venta de madera y a la expansión indiscriminada de especies elegidas, sobre todo, por ofrecer una rentabilidad más rápida. Un bosque económicamente viable puede producir madera, corcho, resina, castañas, miel, setas y biomasa; puede sostener pastos y turismo de naturaleza; y puede, además, prestar servicios medioambientales esenciales. Puede combinar agricultura, pastoreo y silvicultura, creando mosaicos paisajísticos que interrumpan la continuidad del combustible y hagan que el territorio sea más resistente al fuego. Sería simplista convertir al eucalipto en el único acusado. Una explotación bien situada y correctamente gestionada no representa necesariamente el mismo riesgo que miles de pequeñas parcelas contiguas, desordenadas y abandonadas. El problema no está únicamente en la especie, sino en el modelo, en la escala, en la ubicación y en la ausencia de gestión. Del mismo modo, la propiedad de la tierra no puede seguir entendiéndose solamente como un derecho a poseer. Quien no pueda o no pretenda cuidar la tierra no debe verse abocado al abandono. Debe encontrar formas sencillas de venderla, arrendarla, integrarla en una unidad de gestión o cederla para su explotación a quien tenga capacidad para trabajarla. Y cuando el abandono persistente pone en riesgo a las comunidades, el Estado no puede limitarse a enviar notificaciones que nadie recibe o a imponer multas que nadie paga. Debe crear instrumentos eficaces de gestión y, ante situaciones de riesgo grave, intervenir en los términos establecidos por la ley. La propia ley tiene que ser clara, aplicable y concebida para responder a la realidad concreta del territorio. De poco sirve legislar si se dejan zonas grises, se imponen obligaciones imposibles de cumplir o se crean soluciones pensadas para propiedades y explotaciones que, en la práctica, no existen. Una legislación alejada de la realidad no protege el bosque. Produce incumplimiento, burocracia y abandono. El Estado dispone, además, de otros instrumentos, muchas veces más eficaces, para apoyar a quienes deciden trabajar e invertir en el territorio: reducción o exención de impuestos en los contratos de arrendamiento rural, beneficios fiscales sobre equipos y factores de producción vinculados a la actividad, reducción o exención del IMI, regímenes bonificados de combustible, acceso facilitado al crédito, apoyo técnico y procedimientos de concesión de licencias más sencillos. Esto no significa construir una economía permanentemente dependiente de las subvenciones. Significa crear las condiciones necesarias para que actividades indispensables puedan llegar a ser rentables y reconocer que proteger la biodiversidad, conservar el suelo, almacenar carbono, gestionar el agua y reducir el riesgo de incendio son servicios prestados a toda la sociedad. Gastamos millones en combatir las llamas durante unos días, pero seguimos siendo reacios a hacer económicamente viable el cuidado del paisaje durante todo el año. La pregunta, por tanto, no es solamente por qué arde el país en verano, sino por qué aceptamos que el territorio sea abandonado durante el resto del año. Porque el fuego comienza mucho antes de la primera llama. Si sabemos lo que debe hacerse, si todos los años repetimos los mismos diagnósticos y si, a pesar de ello, seguimos llegando al verano con los mismos problemas, entonces hay una pregunta que no puede seguir evitándose: habrá intereses económicos, políticos, personales o administrativos que se benefician de la permanencia de este modelo?
