@jsuarez02111977
Hay decisiones que definen a un gobierno mucho mejor que cualquier programa electoral. La retirada del sonido permanente de los semáforos en Santiago de Compostela es una de ellas. Porque cuando una administración elimina una medida de accesibilidad no está modernizando una ciudad. Está reduciendo la autonomía de quienes más dependen de ella.
Mientras el Concello habla de inclusión, igualdad y ciudad para las personas, miles de ciudadanos pierden una referencia que durante décadas les permitió orientarse y desplazarse con seguridad. Una persona ciega deja de contar con un sonido que no solo indica cuándo cruzar, sino que ayuda a localizar un paso de peatones, a mantener la orientación en una ciudad desconocida y a construir un mapa mental del entorno. Quienes tienen baja visión también utilizan esas referencias acústicas. Lo mismo ocurre con muchas personas con discapacidad cognitiva, para las que esos estímulos forman parte de la comprensión del espacio público.
La respuesta del gobierno municipal es que existe una alternativa: activar el sonido mediante un mando o, en su defecto, utilizando una aplicación móvil.
Presentarlo como si fuera equivalente al sistema que existía hasta ahora demuestra un profundo desconocimiento de la realidad.
Porque la accesibilidad universal consiste en que el entorno sea accesible por sí mismo, no en obligar a una persona con discapacidad a cargar con dispositivos para recuperar un derecho que ya tenía garantizado.
El mando, además, no es una solución neutra. Hay que llevarlo siempre encima, comprobar que funciona y asumir un mantenimiento que el resto de ciudadanos nunca tendrá que afrontar. Funciona con pilas, y esas pilas se agotan. Eso significa que una persona con discapacidad debe asumir un gasto periódico para poder utilizar un servicio público en igualdad de condiciones. Resulta difícil comprender que en una sociedad que presume de inclusión alguien considere razonable que el acceso a un derecho dependa del estado de unas baterías.
Si el mando se pierde, se rompe o deja de funcionar, el problema vuelve a recaer sobre quien menos debería soportarlo. La responsabilidad deja de estar en el espacio público para trasladarse a la mochila, al bolsillo y al bolsillo económico de la persona afectada.
Pero todavía hay algo más preocupante.
Cuando no se dispone del mando, la solución propuesta pasa por utilizar el teléfono móvil.
Y ahí aparece una barrera que rara vez se menciona: la brecha tecnológica.
No todas las personas tienen un smartphone. Muchas personas mayores utilizan el teléfono únicamente para llamar. Otras ni siquiera poseen un dispositivo compatible. La accesibilidad de una ciudad no puede depender del nivel de conocimientos tecnológicos de sus ciudadanos ni de la capacidad económica para adquirir un determinado teléfono.
Y quienes sí utilizamos un smartphone tampoco encontramos una solución real.
Cuando una persona ciega camina con su bastón, toda su atención está concentrada en desplazarse con seguridad. Escuchar el tráfico, identificar obstáculos, localizar referencias sonoras y mantener la orientación exige una concentración permanente. A partir de ahora, además de todo eso, también habrá que sacar el teléfono del bolsillo, desbloquearlo, abrir una aplicación y activar manualmente el sonido en cada semáforo.
¿De verdad alguien considera que eso mejora la accesibilidad?
¿De verdad se puede defender que una persona tenga que repetir esa operación decenas de veces al día simplemente para recorrer su ciudad?
La tecnología debería simplificar la vida. Nunca complicarla.
Quienes defienden este modelo suelen presentar el móvil como una solución sencilla, pero la experiencia demuestra que la teoría y la realidad pocas veces coinciden.
En A Coruña ya se intentó implantar un sistema similar. Se afirmaba que los iPhone se conectarían automáticamente mediante Bluetooth, evitando cualquier intervención del usuario. Nunca ocurrió. Por las propias políticas de seguridad de Apple, esa conexión automática con este tipo de dispositivos no era posible, lo que obligó a desarrollar una aplicación específica. En la práctica, el sistema tampoco funcionaba como se anunciaba. En muchas ocasiones había que acceder manualmente a los ajustes del teléfono, entrar en el menú Bluetooth y realizar una operación que resultaba absurda e inaceptable para quien simplemente pretendía cruzar una calle.
Ese ejemplo demuestra precisamente el problema de fondo: cuando la accesibilidad depende de la tecnología, cualquier fallo técnico, una actualización del sistema operativo, un cambio de fabricante o una incompatibilidad terminan convirtiéndose en una nueva barrera.
Algunos intentan cerrar el debate afirmando que este sistema cuenta con el respaldo de la ONCE. Pero ese argumento tampoco resuelve la cuestión.
La discapacidad visual no empieza ni termina en una organización. Existen miles de personas con baja visión, con otras patologías visuales o con necesidades diferentes que también utilizan los avisadores acústicos permanentes como herramienta de orientación. También existen personas con discapacidad cognitiva y ciudadanos que, sin pertenecer a ninguna entidad, encuentran en esos sonidos una ayuda objetiva para moverse con seguridad.
Además, una recomendación nunca exime de responsabilidad a quien toma la decisión política. La obligación de una administración no consiste únicamente en implantar una tecnología recomendada, sino en comprobar si mejora realmente la vida de toda la ciudadanía. Si una parte de las personas afectadas pierde autonomía, orientación o seguridad, el problema ya no es técnico. Es político.
Lo preocupante es que se está confundiendo innovación con progreso.
No toda tecnología supone un avance.
Si para recuperar un derecho una persona necesita llevar un mando, cambiar pilas, depender de una batería, utilizar un teléfono móvil, conocer una aplicación y realizar acciones adicionales cada vez que llega a un semáforo, lo que se ha hecho no es eliminar barreras. Es sustituir una barrera por otra diferente.
Mientras cualquier ciudadano cruza una calle sin pensar en nada más, una persona con discapacidad visual debe comprobar si lleva el mando, si las pilas siguen funcionando, si el teléfono tiene batería, si la aplicación responde y si consigue activar correctamente el sistema antes de poder cruzar.
Eso no es igualdad.
Eso no es accesibilidad universal.
Eso es trasladar al ciudadano la carga que debería asumir el espacio público.
Santiago de Compostela siempre ha querido presentarse como una ciudad abierta, acogedora e inclusiva. Pero una ciudad deja de ser inclusiva cuando obliga a una parte de sus ciudadanos a realizar más acciones, asumir más costes y depender de más tecnología para hacer exactamente lo mismo que el resto.
Porque el Concello no solo ha apagado el sonido de unos semáforos.
Ha apagado una parte de la autonomía, de la orientación y de la libertad de quienes más necesitaban que la ciudad siguiera hablando con ellos.
