Ceuta y el principio del fin de la ingenuidad europea. Lo ocurrido en Ceuta no puede reducirse a la expresión higienizada de “crisis migratoria”. Durante horas, una frontera exterior de la Unión Europea dejó, en la práctica, de cumplir su función. Decenas de miles de personas cruzaron por tierra y por mar, bordearon el espigón del Tarajal, superaron los dispositivos de seguridad y entraron en territorio español sin autorización, sin control previo y sin identificación en el momento de la entrada. Hubo al menos 19 muertos, una ciudad quedó repentinamente saturada, las fuerzas de seguridad se vieron desbordadas y el Ejército tuvo que ser movilizado. El propio Departamento de Seguridad Nacional español llegó a publicar una estimación superior a 49 mil entradas en 24 horas, retirándola después sin ninguna explicación pública. Incluso sin considerar definitiva esa cifra provisional, la magnitud del acontecimiento es inequívoca. Se produjo una ruptura masiva de la frontera y una vulneración objetiva de la soberanía territorial de España y de la propia Unión Europea. Decir esto no significa convertir a cada persona que cruzó la frontera en un agresor, un delincuente o un enemigo. Las imágenes muestran a muchos jóvenes, pero también a mujeres, niños y familias. Algunos buscaban una oportunidad, huían de la pobreza, respondieron a mensajes difundidos en las redes sociales o creyeron que el paso estaba momentáneamente abierto. Es precisamente esa vulnerabilidad la que hace todavía más grave la posibilidad de instrumentalización. Quien cruzó puede ser también una víctima. La responsabilidad de quien eventualmente facilitó, permitió o no consiguió impedir el movimiento es diferente y debe ser rigurosamente esclarecida. No es intelectualmente serio escoger anticipadamente una única explicación. Es necesario determinar el peso de la insuficiencia de medios españoles, de los fallos de coordinación, de la vulnerabilidad de la frontera marítima, de la propagación de rumores, de la actuación de las redes de tráfico, de la postura inicial de las autoridades marroquíes y de una eventual decisión política de relajar los controles. También debe considerarse el impacto de la reciente interpretación del Tribunal Supremo español, según la cual las devoluciones inmediatas previstas para Ceuta y Melilla no pueden aplicarse a personas interceptadas en el mar sin que hayan superado un elemento físico de contención fronteriza. Esa decisión puede haber contribuido a crear una percepción de oportunidad, pero no explica, por sí sola, la concentración y el movimiento de decenas de miles de personas. A la mañana siguiente, Marruecos reforzó los controles, utilizó cañones de agua e impidió numerosos nuevos intentos de paso. Ese hecho debe ser reconocido. Pero la contención posterior no elimina la necesidad de esclarecer por qué razón la frontera permaneció permeable durante las horas decisivas y cómo fue posible una movilización de aquella magnitud. Si llegara a demostrarse que la vulnerabilidad de miles de personas fue deliberadamente explotada para ejercer presión sobre España, estaríamos ante una de las formas más perversas de violencia política. No se envían soldados, se envía desesperación. No se disparan armas, se utilizan seres humanos para someter una frontera a presión. Y cualquier intento de restablecer el orden puede ser presentado después como inhumano. Europa ni siquiera puede alegar que desconoce ese riesgo. En mayo de 2021, miles de personas entraron en Ceuta durante una grave crisis diplomática entre España y Marruecos. El Parlamento Europeo rechazó expresamente la utilización, por parte de las autoridades marroquíes, del control fronterizo, de la migración y, en particular, de menores no acompañados como instrumentos de presión política contra un Estado miembro. Cinco años después, se produjo una nueva ruptura masiva en la misma frontera. El precedente de 2021 no demuestra que haya existido una decisión semejante en 2026, pero impide que esa hipótesis sea descartada sin una investigación seria y transparente. Tampoco es aceptable que el debate migratorio permanezca prisionero de dos extremismos igualmente peligrosos. Por un lado, quienes deshumanizan a todos los que llegan. Por otro, quienes califican cualquier exigencia de control como xenofobia. Un Estado tiene el derecho y el deber de decidir quién entra, en qué condiciones permanece y cuándo debe salir, siempre mediante procedimientos individuales, respetando el derecho de asilo, los derechos fundamentales y las garantías legales. La falta de mano de obra no puede transformar la inmigración en una operación de contratación sin límites, sin capacidad de integración, sin política de vivienda, sin medios educativos, sin servicios públicos adecuados y sin evaluación de seguridad. Las regularizaciones extraordinarias pueden sacar a personas de la clandestinidad, combatir la explotación laboral y permitir que quienes ya viven y trabajan en un país pasen a contribuir formalmente a la economía y a la Seguridad Social. La regularización española de 2026 no concedió automáticamente la nacionalidad ni el derecho de voto. Creó una autorización temporal de residencia y trabajo, válida durante un año, para personas que ya se encontraban en España antes del 1 de enero de 2026 y que debían acreditar, entre otros requisitos, al menos cinco meses de permanencia, ausencia de antecedentes penales e inexistencia de amenaza para el orden o la seguridad públicos. Corregir las falsedades que circulan sobre la medida no impide que esta sea sometida a un escrutinio riguroso. La bondad de los objetivos proclamados no convierte automáticamente en correcta una decisión de esta magnitud. El Gobierno liderado por Pedro Sánchez debe explicar por qué escogió una regularización tan amplia, qué evaluación realizó sobre el impacto en la vivienda, en los colegios, en los servicios sanitarios, en el mercado laboral y en las estructuras de integración, y si disponía de los medios humanos y técnicos necesarios para analizar los expedientes con rigor. También debe explicar cómo pretende impedir que la regularización sea interpretada fuera de España como la expectativa de que una entrada irregular acabará, tarde o temprano, conduciendo a una nueva oportunidad de residencia legal. La crítica seria no necesita atribuir al Gobierno intenciones electorales que no puede demostrar. Basta con exigir transparencia sobre las razones de la decisión, los intereses económicos implicados, los mecanismos de control utilizados y las consecuencias previsibles para el conjunto de la sociedad. Una política migratoria no puede evaluarse únicamente por las intenciones declaradas. Debe juzgarse por la capacidad de controlar las entradas, identificar a quienes se encuentran en el territorio, integrar a quienes adquieren el derecho a permanecer y ejecutar, después de una decisión individual y con todas las garantías legales, el retorno de quienes no reúnen esas condiciones. Una regularización puede resolver una injusticia administrativa existente. No puede sustituir a una política de fronteras, ni convertirse en una alternativa permanente a la aplicación de la ley. Acoger no significa abdicar. Quien llega debe ser protegido en su dignidad, pero también debe respetar la ley, la igualdad entre hombres y mujeres, la libertad individual, la libertad religiosa y el orden constitucional del país que lo recibe. Ninguna cultura, tradición o religión puede situarse por encima de la ley democrática. No se trata de exigir que alguien abandone su identidad. Se trata de dejar claro que vivir en un país implica aceptar las reglas fundamentales que hacen posible la convivencia. La humanidad sin orden termina en el caos. El orden sin humanidad se transforma en barbarie. Una democracia responsable tiene que garantizar ambas.
Lo más inquietante es que la crisis de Ceuta fue inmediatamente absorbida por un contexto geopolítico que ya venía deteriorándose. Cuatro meses antes de estos acontecimientos, Michael Rubin, antiguo asesor del Pentágono e investigador del American Enterprise Institute, publicó una propuesta para que Marruecos organizara una nueva “Marcha Verde” sobre Ceuta y Melilla, mediante la movilización masiva de civiles desarmados. Defendió incluso la utilización de excavadoras para abrir paso y el izado de la bandera marroquí en ambas ciudades. El artículo representaba la opinión de un analista, no la posición oficial de Estados Unidos, y no existe ningún elemento que permita relacionarlo causalmente con lo sucedido en Ceuta. Su relevancia es otra. Recordar que la posibilidad de ejercer presión territorial sobre las dos ciudades ya era debatida públicamente en sectores del pensamiento estratégico estadounidense. Entretanto, un informe de una comisión de la Cámara de Representantes describió Ceuta y Melilla como ciudades “bajo administración española” situadas en “territorio marroquí” e instó a alcanzar un compromiso diplomático sobre su futuro estatuto. Tampoco este documento representa una modificación formal de la política exterior estadounidense, pero demuestra que el lenguaje utilizado por Rabat para cuestionar la soberanía española comenzó a encontrar espacio en sectores de las instituciones políticas de Washington. La reacción de la Casa Blanca ante la entrada masiva hizo que este contexto adquiriera todavía más relevancia. En lugar de comenzar manifestando su solidaridad con España o exigiendo el esclarecimiento de las circunstancias que permitieron el colapso de la frontera, una portavoz de la Administración Trump responsabilizó a las políticas “globalistas de extrema izquierda” del Gobierno español y advirtió a España del riesgo de su propia “desaparición”. Esta declaración no demuestra ninguna implicación estadounidense en los acontecimientos. Demuestra, sin embargo, que Washington optó por utilizar la crisis para censurar a Madrid, presentándola como consecuencia de las decisiones políticas españolas. Israel adoptó una actitud semejante. En plena crisis, Danny Danon, embajador israelí ante las Naciones Unidas, afirmó incorrectamente que España había declarado el estado de emergencia en Ceuta y acusó a Madrid de mantener “enclaves coloniales en África”. La declaración constituye un aprovechamiento diplomático evidente de la fragilidad española e introduce, mediante la voz de un representante oficial, la terminología utilizada por Marruecos para deslegitimar la soberanía de España sobre Ceuta y Melilla. Esta intervención adquiere significado en un marco más amplio. Las relaciones entre Marruecos e Israel se normalizaron en 2020, con la mediación de Estados Unidos, mediante un acuerdo asociado al reconocimiento estadounidense de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Desde entonces, ambos países han profundizado su cooperación diplomática, militar, tecnológica y de seguridad, convirtiendo a Marruecos en un socio cada vez más relevante para Washington y Tel Aviv en el norte de África. Esta asociación modifica el entorno estratégico en el que España debe defender sus intereses en el flanco sur y ayuda a comprender por qué Rabat dispone hoy de una mayor capacidad diplomática y de aliados más poderosos para promover sus posiciones. Estos acontecimientos deben ser recordados porque la memoria política es corta y porque demuestran algo más sencillo, pero aun así grave. Una crisis fronteriza concreta puede ser inmediatamente aprovechada por gobiernos, diplomáticos, centros de pensamiento y corrientes políticas que persiguen objetivos propios. Existe una disputa diplomática real en torno a la posición internacional de España, una creciente normalización del cuestionamiento de su soberanía sobre Ceuta y Melilla y una inquietante ausencia de solidaridad por parte de algunos socios que prefirieron transformar la crisis en un argumento contra Madrid. La erosión de la soberanía puede comenzar cuando el lenguaje que cuestiona un territorio deja de ser marginal, cuando una crisis es utilizada para debilitar al Estado afectado y cuando sus aliados se muestran más dispuestos a censurarlo que a defenderlo.
Así es como puede comenzar la erosión territorial en el siglo XXI. Primero cambia el lenguaje. Una ciudad integrada en un Estado pasa a ser presentada como “enclave”, después como “colonia” y, más tarde, como “territorio ocupado”. La repetición de estas expresiones no modifica, por sí sola, la soberanía ni crea ningún derecho sobre el territorio, pero puede transformar gradualmente la forma en que la opinión pública internacional lo interpreta. Cuando una determinada narrativa deja de pertenecer únicamente al Estado que reivindica un territorio y comienza a ser repetida por diplomáticos, centros de pensamiento, representantes políticos y medios de comunicación extranjeros, deja de ser únicamente propaganda interna y pasa a constituir una presión diplomática que el Estado afectado no puede ignorar. Antes de debatir una frontera, se intenta a menudo convertir en discutible la legitimidad de quien la administra. Por eso España y la Unión Europea no pueden considerar irrelevante la creciente utilización, en espacios políticos internacionales, de la terminología con la que Marruecos cuestiona la soberanía española sobre Ceuta y Melilla. Recordar ese proceso no significa afirmar que esté en marcha una operación concertada para transferir las dos ciudades. Significa reconocer que la soberanía no se protege únicamente con fuerzas militares y dispositivos fronterizos. También se protege mediante la diplomacia, la credibilidad internacional, la presencia en las alianzas, la defensa coherente de la verdad histórica y jurídica y la capacidad para impedir que la narrativa de terceros ocupe el espacio dejado vacío por su propia pasividad. La reacción europea ante la crisis de Ceuta reveló precisamente esa fragilidad. Ante la ruptura de una frontera exterior de la Unión, Francia reforzó los controles con España, Italia amenazó con suspender la aplicación de Schengen y otros gobiernos comenzaron inmediatamente a proteger sus propios territorios. La reintroducción temporal de controles internos puede ser jurídicamente legítima ante una amenaza grave, pero no puede sustituir a la respuesta colectiva frente a la vulnerabilidad de una frontera exterior. Ceuta no es únicamente responsabilidad de España. Es territorio de la Unión Europea, habitado por ciudadanos europeos. Una presión fronteriza ejercida sobre Ceuta tiene consecuencias para todo el espacio europeo. Europa respondió, sin embargo, de manera fragmentada. En lugar de comenzar reforzando conjuntamente la frontera afectada, comenzó a levantar barreras en su interior. Esta reacción demuestra que la libre circulación sigue dependiendo de la capacidad de cada Estado para garantizar la frontera que le corresponde y que la solidaridad europea permanece mucho más desarrollada en los tratados que en los momentos de verdadera crisis. Si un tercer país consigue, mediante su mayor o menor cooperación, condicionar de forma decisiva la presión ejercida sobre una frontera europea, entonces la Unión no controla plenamente su propia seguridad. Esto no significa que ese país pueda simplemente abrir o cerrar Europa a su antojo. Significa que la dependencia de su colaboración se ha vuelto excesiva y que esa dependencia puede convertirse en un instrumento de negociación política. La erosión de la soberanía europea comienza precisamente cuando la protección de las fronteras, la estabilidad económica, el suministro energético, la seguridad tecnológica o el control de los movimientos migratorios quedan excesivamente dependientes de las decisiones de terceros Estados. Avanza cuando los gobiernos europeos evitan defender sus intereses por temor a comprometer alianzas, contratos o equilibrios diplomáticos. Se profundiza cuando cualquier exigencia de control se confunde con intolerancia y cuando el lenguaje moral sustituye a la capacidad de decidir. Una comunidad política que no consigue proteger sus fronteras, aplicar sus leyes y defender sus territorios deja progresivamente de determinar su propio futuro. No necesita ser conquistada. Basta con que se vuelva dependiente, divisible e incapaz de actuar. También el derecho internacional pierde autoridad cuando se aplica de forma selectiva. La integridad territorial se presenta como un principio absoluto en determinados conflictos y se relativiza en otros. El derecho a la autodeterminación se invoca cuando coincide con los intereses de algunos aliados y se olvida cuando resulta inconveniente. Las decisiones de las instituciones internacionales se exigen a los adversarios, pero se cuestionan, ignoran o vacían de contenido cuando afectan a dirigentes protegidos por grandes potencias. Una orden judicial internacional no es una condena, pero tampoco puede ser tratada como una pieza meramente simbólica. Y el silencio ante la vulneración sistemática de la ley no es neutralidad. Cuando sirve para preservar conveniencias políticas, acaba favoreciendo a quien posee más poder para continuar actuando sin consecuencias. Esta incoherencia no debilita únicamente a los tribunales y a las organizaciones internacionales. También debilita la autoridad moral de Europa cuando exige a otros aquello que no tiene el valor de aplicar a sus propios socios. Ceuta, Gaza y el Sáhara Occidental son conflictos diferentes, con historias, marcos jurídicos y responsabilidades que no deben confundirse. Pero exponen una contradicción común: la tendencia a adaptar los principios a la identidad de los implicados y al poder de sus aliados. Las reglas no pueden depender de quien las vulnera. La soberanía no puede ser sagrada únicamente cuando conviene. El derecho no puede ser obligatorio únicamente para quien no tiene fuerza suficiente para escapar de él. Cuando eso sucede, no estamos ante un orden internacional basado en normas, sino ante el regreso de una lógica muy antigua. Los poderosos deciden, los aliados son protegidos y los más vulnerables soportan las consecuencias. Europa tendrá, por tanto, que elegir si pretende seguir siendo una comunidad política o si acepta reducirse a un gran mercado dependiente de las decisiones ajenas. Tendrá que decidir si sus tratados son compromisos o simples declaraciones, si la solidaridad existe más allá de las ceremonias, si la soberanía sigue mereciendo ser defendida y si la ley vale efectivamente para todos. Ceuta demuestra algo suficientemente grave. Una frontera europea puede entrar en colapso, un Estado miembro puede ver su soberanía inmediatamente cuestionada y algunos de sus socios pueden mostrarse más rápidos a la hora de censurarlo o de protegerse individualmente que de ayudarlo. El caso de Ceuta demuestra la vulnerabilidad de una Europa excesivamente dependiente de la cooperación de terceros Estados y todavía incapaz de responder como una verdadera comunidad política cuando una de sus fronteras es puesta a prueba. El peligro reside en continuar tratando este episodio como un acontecimiento aislado, destinado a desaparecer de la memoria en cuanto las imágenes dejen de ocupar las pantallas.
