Perito Judicial
El reciente artículo «Un rey pelele», publicado en el blog Desdeelsur de elDiario.es, intenta blanquear el despropósito de la política migratoria del gobierno de Pedro Sánchez, y para ello traza una línea recta entre 1898, 1975 y la crisis migratoria de Ceuta de este verano de 2026, para concluir que la política española hacia Marruecos «siempre ha sido de sometimiento o de sobornos» y que da igual quién gobierne en Madrid.
Dicha tesis es, evidentemente, falsa, aunque si es verdad que todos los partidos políticos con capacidad de gobierno actualmente, (PSOE, PP y VOX), tienen intereses con Marruecos que impiden tener «mano dura», no es menos cierto que el PSOE actual esta desmarcado de toda Europa en el tema migratorio y que sus politicas atentan contra la integridad nacional, incluso la integridad europea, como ha quedado demostrado con la posicion de prácticamente todos los gobiernos de la UE, y otros de fuera de la UE.
Empecemos por lo que el artículo acierta, porque intelectualmente no tiene sentido negarlo.
El papel de Juan Carlos de Borbón en la entrega del Sáhara Occidental en 1975 cuenta hoy con un respaldo documental notable, es evidente, y el resultado fueron los Acuerdos de Madrid de noviembre de 1975, que la ONU nunca ha reconocido como una descolonización válida.
Presentar esto como una «leyenda negra» sería un error: es, más bien, uno de los episodios mejor documentados de la Transición. El paralelismo con la guerra de 1898 es más discutible. Aquella fue una guerra de conquista imperial, declarada formalmente por el Congreso de EEUU con el objetivo explícito de arrebatar Cuba y Filipinas a una potencia colonial en declive.
Lo de Marruecos y España en 2026 es harina de otro costal: una crisis migratoria gestionada mediante presión fronteriza y diplomacia bilateral, no una guerra de anexión territorial. Equiparar ambos episodios como si fueran la misma lógica histórica repitiéndose es una simplificación que oscurece más de lo que ilumina; la relación España-Marruecos y la relación España-EEUU de 1898 responden a dinámicas de poder distintas, con actores, objetivos e instrumentos distintos.
El error histórico concreto del artículo es que el Ifni no fue una «guerra de falsa bandera». La historiografía disponible, (española, marroquí e internacional), cuenta algo distinto: tras la independencia de Marruecos en 1956, el recién creado Ejército de Liberación marroquí, con respaldo logístico de Rabat, atacó de forma coordinada las guarniciones españolas de Ifni el 23 de noviembre de 1957, en el marco de una campaña irredentista para recuperar los territorios que Marruecos consideraba propios.
España no fue la autora de un montaje para justificar una guerra; fue el bando que resistió una ofensiva iniciada por Marruecos, con el trasfondo de la Guerra Fría y la presión de EEUU para que Madrid no se enrocara. Llamarla «falsa bandera» invierte la autoría del conflicto sin que haya evidencia que lo sustente.
La idea de que «sin Pedro Sánchez hubiera pasado algo parecido» en Ceuta tiene poca base histórica reciente. Las crisis de 2002, 2005, 2021 y 2026 se gestionaron de forma distinta y tuvieron consecuencias distintas: distinta coordinación con la UE, distinta respuesta judicial y distinto balance de víctimas.
Que Marruecos tenga una palanca estructural no convierte en indiferente cómo responde cada Gobierno a esa palanca. El fatalismo del «da igual quién gobierne» es cómodo porque exime de analizar las decisiones que sí han marcado diferencias entre una crisis y otra.
El artículo de eldiario.es sitúa la crisis de Ceuta como un episodio más de una fatalidad geopolítica ajena a cualquier decisión española, y llama la atención que no mencione el contexto inmediato en el que se ha producido.
En enero de 2026 el Gobierno aprobó una regularización extraordinaria para personas en situación administrativa irregular que acreditaran residencia en España desde antes del 1 de enero de ese año, con solo cinco meses de permanencia continuada exigidos.
El proceso, abierto entre abril y junio, cerró con más de 1,17 millones de solicitudes: más del doble de las 500.000 que había previsto el propio Ejecutivo.
Fuentes policiales de la Unidad Central contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales han estimado que al menos 400.000 solicitantes no cumplían el requisito de residencia previa, y sitúan la población irregular real muy por encima del millón y medio, frente a las 840.000 personas que calculaba Funcas a comienzos de año.
Según estas fuentes, parte de ese incremento se explica por la llegada de personas desde otros países atraídas por el propio proceso. Aquí conviene ser preciso, porque el debate académico no es unánime. Los estudios sobre la regularización española de 2005 (Fundación «la Caixa», IESE, Esade), en los que se apoya el Gobierno, no encontraron un efecto llamada significativo.
Pero un análisis reciente basado en 159 programas de regularización en 32 países de la OCDE entre 1996 y 2022 concluye que estos procesos sí pueden actuar como factor de atracción, y que ese efecto solo se neutraliza cuando se exige un periodo de residencia previa de al menos ocho meses.
El programa de 2026 exigió cinco. La comparación con 2005 que hace el Gobierno es, por tanto, menos tranquilizadora de lo que parece: el propio criterio que la literatura identifica como necesario para evitar el efecto llamada no se cumplió esta vez.
Sobre el control fronterizo, el Ejecutivo sostiene que las llegadas irregulares por vía marítima se redujeron más de un 42% en 2025, y que la regularización es compatible con «no renunciar al control de las fronteras». Pero las mismas fuentes policiales apuntan a que buena parte de la irregularidad se ha desplazado a la vía aérea, (entradas con visado turístico que se convierten en estancias irregulares al vencer el plazo), un fenómeno mucho más difícil de contabilizar y de contener que el cruce de una valla.
Reducir las cifras de una ruta mientras crecen las de otra no equivale, necesariamente, a mayor control; puede significar solo que el problema se ha vuelto menos visible.
Nada de esto permite afirmar, con la misma rotundidad con que el artículo original atribuye «sometimiento» al Gobierno, que la regularización causó directamente los sucesos de Ceuta de finales de julio: no hay un estudio que establezca esa cadena causal concreta. Pero sí sitúa la crisis en un marco muy distinto al de la fatalidad histórica que propone «Un rey pelele»: uno en el que decisiones recientes y concretas de este Gobierno sobre regularización y control de flujos forman parte de la explicación.
Reducir todo a que «así ha sido siempre, gobierne quien gobierne» no solo diluye responsabilidades pasadas, como haría cualquier lectura fatalista; de paso, exime también de analizar decisiones muy concretas y muy recientes.
La conclusión más honesta no es la de un «rey pelele» repitiéndose por los siglos de los siglos, sino la de una asimetría de poder real entre España y Marruecos que los sucesivos gobiernos españoles, de uno y otro signo, han gestionado con más o menos acierto, (y que el Gobierno actual ha gestionado, además, en paralelo a decisiones propias sobre regularización y control de fronteras que tampoco son ajenas al resultado).
De lo ocurrido en Ceuta una gran parte de culpa, (muy grande diria yo), la tiene el gobierno de Pedro Sanchez… el efecto llamada, la pasividad en el cuidado de las fronteras, una mano muy blanda con los ilegales del suceso, poca autoridad ante Marruecos, y justificación de lo ocurrido como «algo normal y natural», son los factores principales de la actual crisis migratoria con Marruecos.
Fotografía TVE
