Las deficiencias en la manutención del personal militar desplegado en Ceuta a raíz de los graves acontecimientos registrados los días 30 y 31 de julio están en vías de solución. La rápida difusión en medios de comunicación nacionales de la queja trasladada por la Asociación Tropa y Marinería Española (ATME) ha motivado la intervención inmediata de la Comandancia General de Ceuta y de la USBA, que han revisado y comenzado a mejorar las condiciones de alimentación de los efectivos.
ATME ha querido agradecer la pronta respuesta de ambas entidades para corregir esta situación, al tiempo que mantiene sus exigencias ante el Ministerio de Defensa en materia de logística y seguridad jurídica.
Raciones insuficientes para jornadas de alta exigencia
La denuncia de ATME ponía de manifiesto que los militares, sometidos a turnos de entre 14 y 16 horas con descansos de apenas dos horas, estaban recibiendo raciones claramente insuficientes para el esfuerzo físico exigido. Las bolsas se limitaban a:
- Un bocadillo de embutido.
- Una lata de atún con un panecillo.
- Una pieza de fruta (manzana) o un yogur.
- Dos botellines de agua de 330 ml.
Esta situación generó un profundo malestar entre las tropas, llevando a la asociación a exigir explicaciones públicas. En este sentido, ATME ha solicitado por escrito al Ministerio de Defensa que aclare quién y bajo qué criterios determinó la composición de este menú, y si la elaboración de las bolsas se realizó de forma centralizada o de manera independiente por cada unidad.
Exigencia de seguridad jurídica e instrucciones claras
Más allá de la logística alimentaria, ATME ha remitido un escrito al Ministerio de Defensa solicitando información sobre el marco operativo del despliegue. La asociación pide aclarar si los militares contaron previamente con instrucciones precisas sobre las funciones asignadas, el alcance de su intervención y las limitaciones legales aplicables.
Desde la asociación se considera crucial que el personal disponga de plena seguridad jurídica cuando asume tareas de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El objetivo es evitar posibles denuncias o responsabilidades judiciales posteriores y garantizar que cualquier actuación se desarrolle con absoluto conocimiento de sus límites legales.
