Durante décadas, si un abogado de oficio hacía mal su trabajo, el que pagaba las consecuencias era su cliente y los tribunales no intervenían. En cinco años, el Tribunal Supremo ha dado la vuelta a esa regla: hoy sí revisa la defensa de oficio, aunque solo en los casos extremos en los que, más que una mala defensa, no hubo defensa alguna. Esto es lo que ha cambiado.
Cuando alguien va a juicio y no tiene abogado propio, el Estado le asigna uno de oficio. Durante mucho tiempo, la regla sobre qué pasaba si ese abogado trabajaba mal fue clara y dura: el problema era solo del acusado. El Tribunal Constitucional lo había dejado escrito. La protección frente a la indefensión no cubría la que nacía de la «pasividad, desinterés, negligencia, error técnico o impericia» del propio acusado o de su abogado. En la práctica, los errores del abogado los sufría el cliente.
Eso ha cambiado. En la sentencia STS 524/2026, de 29 de julio (ponente Antonio del Moral García), el Supremo confirma algo que llevaba cinco años abriéndose paso: la actuación del abogado de oficio sí se puede revisar. Ya no se discute si los jueces pueden controlarla, sino en qué casos y con qué consecuencias. Vale la pena recorrer el camino, porque afecta a cualquiera que pueda verse ante un juicio.
La clave no es defender mal, es no defender
Como comenta Víctor Ávila, abogado penalista en Madrid, esta es la idea que ordena todo lo demás. El Supremo no revisa si una defensa fue buena o mala. Una estrategia que sale mal, un interrogatorio flojo o la decisión de no presentar un recurso siguen siendo cosa del abogado, y no se tocan aunque luego el resultado sea malo.
Lo que sí se revisa es que no haya habido defensa. Es decir, que el abogado estuviera presente pero sin hacer nada útil: sin hablar con su cliente, sin conocer el caso, sin interrogar a nadie o interviniendo solo por cumplir el trámite. Defender mal es intocable; no defender, revisable.
Cómo se llegó hasta aquí
El primer aviso fue un auto del Supremo de 2017 (ponente Pablo Llarena Conde). No anuló la condena, sino el nombramiento del abogado de oficio que había presentado ante el Supremo un recurso que no se sostenía: copiaba artículos de la ley sin sentido y atacaba una norma que la sentencia ni había usado. El Supremo lo llamó «un collage de consideraciones jurídicas» sin relación con el caso, y fijó la idea que se repetiría siempre: la calidad de un escrito no es asunto del juez, salvo cuando lo que hay es «ausencia absoluta de defensa».
El giro de fondo llegó en 2021 (STS 383/2021, ponente Javier Hernández García). El Supremo razonó que, cuando la dejadez del abogado deja la defensa vacía, no se puede ignorar que hubo indefensión, porque detrás de un abogado de oficio está el propio Estado, que asume una obligación de protección. Y, ante la falta de una regla española, importó el criterio del caso estadounidense Strickland contra Washington, que se resume en cuatro pautas: se presume que el abogado actuó de forma razonable; las decisiones de estrategia no se cuestionan después; el posible error se juzga en su momento, no mirando atrás con el resultado ya sabido; y quien denuncia debe probar tanto el fallo como que, sin él, el resultado habría podido ser otro.
El único juicio anulado hasta hoy
La única vez que el Supremo ha anulado un juicio por esto fue en 2023 (STS 649/2023, ponente Ana María Ferrer García), y por eso marca el mínimo. El acusado conoció a su defensor minutos antes de la vista. El abogado pidió aplazar el juicio, se le negó; dijo que quería irse de la sala y no le dejaron; y a partir de ahí no interrogó a nadie, no discutió la prueba e informó durante menos de un minuto. La condena fue de dos años y tres meses de prisión y 322.554,94 euros de responsabilidad civil.
El Supremo lo dejó claro: no se trata de mirar si estuvo bien defendido, sino de si estuvo defendido en absoluto. Aquí no lo estuvo, así que anuló el juicio. Y sobre el reproche de que el propio acusado no insistió más, respondió que esa insistencia extra «rebasa la que puede entenderse propia de un ciudadano medio que se enfrenta a la maquinaria judicial».
Reglas y límites: no vale cualquier queja
En 2025 el Supremo puso orden con dos resoluciones. En una (STS 921/2025, ponente Pablo Llarena Conde) fijó cómo hay que plantear la queja: señalar las actuaciones concretas que se critican, aportar los documentos del procedimiento que lo respalden y, sobre todo, explicar cómo eso afectó a la limpieza del juicio. Con una denuncia genérica de «me abandonó» no basta, porque el tribunal no puede ponerse a hacer de abogado y reconstruir la defensa que nadie armó.
En la otra (un auto del mismo año) marcó el límite contrario. Alguien pedía anular su recurso alegando que el de su abogado de oficio había sido flojo, y adjuntaba uno mucho mejor. El Supremo respondió que el hecho de que siempre quepa un escrito de más calidad, algo siempre posible, no le obliga a mandar buscar otros abogados que lo mejoren. Si lo hiciera, no acabaría nunca: siempre habría un tercero diciendo que el anterior tampoco fue perfecto. Un recurso mejorable no es lo mismo que un recurso inexistente.
Qué pasa cuando se anula (y qué queda por resolver)
Anular no es absolver. Significa que el juicio se repite desde el principio, ante un tribunal distinto. Y conseguirlo no es fácil: hay que demostrar dos cosas a la vez, que realmente no hubo defensa y que, de haberla habido, el resultado podría haber cambiado.
Quedan frentes abiertos. La ley todavía no fija cuándo una defensa cumple los mínimos de calidad, así que de momento decide el Supremo caso por caso. Además, esta protección reforzada se aplica al abogado de oficio, pero deja peor cubierto a quien es abandonado por un abogado de su confianza, aunque el daño sea idéntico. Y hay un problema práctico: se exige demostrar, por ejemplo, que el abogado no habló nunca con su cliente, cuando quien lo denuncia no tiene el expediente del anterior. Para las personas en prisión hay una pista, porque existe registro de las visitas; fuera de ahí, la prueba habrá que construirla con la grabación del juicio, los escritos y las notificaciones.
El mensaje del Supremo es firme y prudente a la vez: está dispuesto a controlar la defensa de oficio cuando esta, sencillamente, no existió, pero no a construir el recurso que el propio afectado no ha construido.
Sobre Víctor Ávila
Víctor Ávila es abogado penalista en Madrid, especializado en defensa penal. Su ejercicio se centra en el derecho penal económico (blanqueo de capitales, delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico), la defensa de acusados procedimientos penales y la asistencia al detenido. Compagina la práctica profesional con la divulgación jurídica, analizando la actualidad de los tribunales y su impacto para el ciudadano. Más información en victoravilaabogado.com.
