El riesgo de desaparición del modelo de gobernanza local participativa no solo supone una amenaza para los pueblos, sino para el conjunto del Estado. El abastecimiento de alimentos, la transición energética, la preservación ambiental y el equilibrio territorial dependen de mantener el medio rural vivo.
En pleno proceso de negociación del próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) de la Unión Europea para el periodo 2028-2034, el cual definirá las prioridades políticas y que marcará el futuro del continente, la Red Española de Desarrollo Rural (REDR) advierte de que España corre el riesgo de desmantelar una estructura de vertebración territorial construida con éxito durante los últimos 35 años.
Los grandes desafíos a los que se enfrenta Europa están relegando los retos decohesión territorial. La nueva arquitectura presupuestaria supone una amenaza para LEADER y el Desarrollo Local Participativo (CLLD), ante el riesgo de diluir su financiación y perder su carácter específico. Sin una reserva de fondos explícita y protegida por reglamento, el desarrollo rural quedaría a merced de prioridades nacionales centralizadas de mayor visibilidad política, comprometiendo el trabajo de cohesión territorial y desarrollo realizado durante 35 años, lo que supondría la pérdida de capacidad de escucha y, por tanto, de la atención a las necesidades del medio rural.
REDR, la cual representa a cerca de dos centenares de entidades rurales en todo el territorio español, reitera que esta garantía de financiación no es una reclamación de interés exclusivo para las zonas rurales, puesto que se trata de una cuestión de Estado que afecta de manera directa a la ciudadanía urbana del conjunto de España. El medio rural no es una realidad aislada ni una cuestión que afecte únicamente a quienes viven en los pueblos. Es un territorio esencial para el conjunto de la sociedad: produce los alimentos que llegan a las ciudades, protege y conserva recursos naturales esenciales, mantiene vivo nuestro patrimonio y nuestra cultura y contribuye a preservar el equilibrio territorial y la cohesión social de nuestro país. Por eso, una menor dotación o la dilución de LEADER no tendría consecuencias únicamente para los pueblos: afectaría al equilibrio territorial y repercutiría directamente en la cohesión social y económica del conjunto del país.
Ante este escenario, REDR reclama con firmeza que se incorporen de manera decidida los principios y el potencial del enfoque LEADER/CLLD, asegurando su blindaje presupuestario, garantizando su carácter obligatorio y diferenciado, y consolidando a los Grupos de Acción Local (GAL) como la estructura territorial responsable de su aplicación.
Para lograrlo, la Red Española de Desarrollo Rural señala tres demandas que deben articular la nueva arquitectura de los fondos europeos:
- En primer lugar, el blindaje presupuestario de LEADER. La red exige una reserva mínima obligatoria del 5% de los recursos financieros reservados para las áreas rurales. Para España, esta reserva representa aproximadamente 1.300 millones de euros para todo el período de siete años (lo que equivale alrededor de 185 millones de euros anuales). Esta cifra, es el umbral mínimo indispensable para asegurar el funcionamiento de la red de Grupos de Acción Local y garantizar que los recursos sigan llegando de forma directa a la población.
- Asimismo, se debe garantizar el carácter obligatorio y diferenciado del programa en toda la Unión Europea. LEADER es el único instrumento de la UE que opera como política activa de la economía, generador de empleo y como política de fijación poblacional. Al mismo tiempo el programa no solo genera empleo, emprendimiento, oportunidades o impulso al tejido socioeconómico, sino que crea las condiciones de vida que hacen ese trabajo financieramente sostenible. LEADER no financia proyectos aislados, sino que construye ecosistemas, comunidad y tejido socioeconómico.
- Es imprescindible mantener a los Grupos de Acción Local (GAL) como la estructura territorial responsable de aplicar el programa LEADER. Los GAL son espacios de gobernanza participativa donde ayuntamientos, pymes, cooperativas, asociaciones de mujeres y jóvenes rurales se sientan en una misma mesa para diseñar el futuro de sus pueblos. Reducir su rol a meros tramitadores administrativos anularía el valor de una red con 35 años de experiencia acumulada.
Rafael Llamas, presidente de REDR, subraya el valor de estas demandas: «Los Grupos de Acción Local han sido los verdaderos protagonistas de las mayores transformaciones que ha vivido el medio rural español en las últimas décadas. Desmantelar una red que atesora 35 años de capital social acumulado no es un simple cambio administrativo; es un error histórico irreversible que no se puede volver a reconstruir de la noche a la mañana».
Por su parte, Juana María Martínez, vicepresidenta primera de REDR, señala la alta rentabilidad social y económica del programa: «LEADER es la única política europea con rostro humano, diseñada de abajo hacia arriba, que lleva Europa directamente al ciudadano. Además, es un modelo con una eficiencia altamente demostrada, pues por cada euro público invertido, LEADER es capaz de movilizar hasta tres euros de inversión total, habiendo generado o consolidado más de 72.000 empleos directos en los últimos diez años en España a través de una inversión pública de 1.200 millones de euros».
La Red Española de Desarrollo Rural y ELARD, continuará su labor de interlocución ante el Gobierno de España, el Parlamento Europeo y las distintas instituciones para blindar el presupuesto del programa LEADER y garantizar su carácter obligatorio. La defensa del programa LEADER es, en última instancia, la defensa del futuro del proyecto común europeo.
