Hace pocos días, las imágenes de una mujer de 87 años siendo evacuada en una camilla de la casa en la que había vivido durante más de siete décadas recorrieron España y rápidamente traspasaron fronteras. Maricarmen Abascal vivía en aquel piso de Madrid desde 1956. El desahucio, ocurrido el 23 de septiembre, provocó manifestaciones, concentraciones, una acampada en la Puerta del Sol y volvió a situar la crisis de la vivienda en el centro del debate político español. Entretanto, se alcanzó un acuerdo que le permitirá regresar a la misma casa mediante un nuevo contrato de alquiler por ocho años, con una renta ajustada a sus ingresos. Es difícil mirar aquellas imágenes y no sentir algo. Quizá incluso sería preocupante que ya no sintiéramos nada. Una mujer de esa edad, físicamente frágil, sacada del lugar en el que pasó prácticamente toda su vida despierta inmediatamente en nosotros compasión, indignación y una sensación de injusticia. La imagen parece suficiente para contar toda la historia. Hay alguien que sufre y, casi automáticamente, buscamos a quien ha provocado ese sufrimiento. Quizá sea una reacción profundamente humana, pero quizá sea también ahí donde debamos tener cierto cuidado. Una imagen puede ser absolutamente verdadera y, aun así, no contener toda la verdad. Vivimos en una época en la que casi todo nos llega deprisa y ya encuadrado. Una fotografía, unos segundos de vídeo, un titular, una publicación en una red social. Trabajamos deprisa, nos comunicamos deprisa, consumimos información deprisa y quizá también hayamos empezado a juzgar deprisa. No porque seamos necesariamente menos inteligentes o menos humanos, sino porque el tiempo que dedicamos a cada acontecimiento es cada vez menor mientras la cantidad de información que recibimos aumenta continuamente. Ante eso, completamos lo que no sabemos con lo que creemos saber. Elegimos una explicación, atribuimos responsabilidades, encontramos una víctima y un culpable y seguimos adelante hacia el siguiente asunto. Sin embargo, detrás de aquella imagen de Maricarmen había una historia jurídica de muchos años, un antiguo contrato de alquiler, sucesivas modificaciones en la relación contractual y varias decisiones judiciales. Conocer estos elementos no convierte a aquella mujer en culpable, no elimina el sufrimiento que vemos ni hace necesariamente más humano todo aquello que fue decidido conforme a la ley. Simplemente añade otros planos al primero. Y quizá sea precisamente eso lo que tantas veces nos falta. Mirar de nuevo. Preguntarnos qué ocurrió antes de la fotografía. Saber quién más forma parte de la historia aunque no aparezca en ella. Una casa, por ejemplo, tampoco cabe fácilmente en un único plano. Para alguien que vive durante setenta años en el mismo lugar, difícilmente será solo un conjunto de paredes y metros cuadrados. Se convierte en memoria, pertenencia, seguridad y, de algún modo, en parte de la propia biografía. Hay lugares donde vivieron los padres, donde crecieron los hijos, donde se celebraron las Navidades, donde se lloraron ausencias y donde pequeños gestos repetidos durante décadas acabaron transformando un espacio físico en aquello que llamamos hogar. Es perfectamente comprensible que alguien diga, después de tantos años, que aquella es su casa. Pero puede existir otra persona o entidad que, mirando el mismo espacio, diga también con verdad que aquella casa es suya. Una habla de pertenencia. La otra habla de propiedad. Las dos afirmaciones pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Quizá sea exactamente en este punto donde empezamos a comprender la dificultad de muchos de los debates actuales. El problema no está necesariamente en que alguien mienta. Puede estar en que cada uno mire únicamente el plano en el que su verdad parece completa.
El derecho a una vivienda digna está reconocido, entre otros textos, por la propia Constitución española, que establece que los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias para hacer efectivo ese derecho. Parece difícil estar en desacuerdo con este principio. Una sociedad que abandone a un niño, a una persona mayor, a una familia o a cualquier ser humano sin unas condiciones mínimas de vivienda difícilmente podrá considerarse plenamente desarrollada únicamente porque presente buenos indicadores económicos. Pero reconocer un derecho no resuelve automáticamente la manera en que debe garantizarse ni aclara sobre quién debe recaer el coste correspondiente. ¿Tener derecho a una vivienda significa recibir una casa gratuitamente? ¿Significa poder permanecer indefinidamente en una determinada vivienda porque se ha vivido en ella durante muchos años? ¿Significa que un propietario privado debe asumir individualmente una situación de vulnerabilidad que pertenece al conjunto de la sociedad? ¿O significa, más bien, que la comunidad debe crear mecanismos que permitan a cada persona acceder, dentro de sus posibilidades y circunstancias, a una vivienda compatible con su dignidad? Las preguntas resultan incómodas precisamente porque no admiten respuestas fáciles. Es frecuente escuchar que el Estado debe resolverlo. Quizá en muchos casos deba hacerlo. Existen problemas para los que solo una respuesta colectiva puede ofrecer una verdadera protección a quien la necesita. Pero quizá convenga recordar que el Estado no es una entidad distante con recursos ilimitados. El Estado somos, también, todos nosotros. Lo que distribuye procede del trabajo, de la riqueza generada, de los impuestos, de las contribuciones y de las decisiones colectivas. Decir esto no disminuye la solidaridad. Al contrario, quizá le devuelva su verdadero significado. Cuando ayudamos a alguien a través del Estado estamos decidiendo que todos contribuiremos a esa ayuda. Y quizá por eso la solidaridad deba ir acompañada de responsabilidad, de transparencia y también de cierta idea de reciprocidad. Hay personas que trabajan durante décadas para conseguir pagar una casa. Familias que asumen hipotecas durante treinta o cuarenta años, que hacen cuentas, que aplazan viajes, que compran un coche más tarde y que renuncian a muchas cosas que también les gustaría tener. Hay quien trabaja más horas, quien tiene dos empleos y quien ahorra toda una vida para comprar una pequeña segunda vivienda con la expectativa de complementar una pensión o dejar algo a sus hijos. Ese esfuerzo también cuenta. También merece ser reconocido. No desaparece porque alguien, al otro lado, se encuentre en una situación más vulnerable. Del mismo modo, sería profundamente injusto concluir que quien no consigue comprar una casa, o siquiera pagar un alquiler, no se esforzó lo suficiente. Hay personas que trabajan y siguen sin poder asumir el coste de la vivienda. Hay enfermedad, desempleo inesperado, discapacidad, separaciones, salarios bajos, pensiones insuficientes y circunstancias que nadie ha elegido. La propia España, como otros países europeos, afronta serias dificultades de acceso a la vivienda, en un contexto en el que la oferta disponible sigue siendo insuficiente frente a la demanda en muchas zonas y en el que numerosas familias encuentran cada vez más difícil soportar su coste. La realidad vuelve, por tanto, a escapar de las explicaciones simples. No todo aquel que tiene una vivienda para alquilar es un especulador. No todo aquel que no puede pagar es un irresponsable. No toda persona vulnerable ha dejado de tener responsabilidad sobre sus decisiones. No todo aquel que exige el cumplimiento de un contrato ha perdido por ello la humanidad. Quizá tengamos que recuperar una distinción que parece elemental, pero que cada vez resulta más difícil de hacer en el espacio público. No poder no es lo mismo que no querer. Necesitar ayuda no es lo mismo que considerar que esa ayuda no tiene límites. Estar en una situación de vulnerabilidad no convierte automáticamente todas nuestras decisiones en correctas. Del mismo modo, poseer legalmente algo no convierte todas las decisiones que tomamos sobre ello en moralmente justas. La ley y la justicia no siempre coinciden. La vulnerabilidad y la razón tampoco. Quizá una de las mayores formas de respeto por la dignidad humana sea precisamente negarnos a reducir a una persona únicamente a su condición de víctima. Una persona vulnerable sigue siendo una persona entera. Sigue teniendo libertad, derechos, deberes, capacidad de decisión y responsabilidad ante los demás. De lo contrario, creyendo que la protegemos, podemos estar retirándole parte de aquello que constituye su propia dignidad. Y quizá la solidaridad solo pueda existir verdaderamente cuando funciona en ambos sentidos. Quien pide comprensión debería también intentar comprender. Quien exige respeto por sus derechos tendrá que reconocer que el otro también los tiene. Quien necesita de la comunidad no deja por ello de formar parte de ella. Quien tiene más no queda exento de humanidad, pero quien tiene menos tampoco queda exento de verdad. No me parece posible construir una sociedad equilibrada dividiendo permanentemente a las personas entre aquellas que solo tienen deberes y aquellas que solo tienen derechos.
También por eso me parece peligroso incluir dentro de una misma narrativa todas las situaciones relacionadas con la vivienda. Maricarmen no era una ocupante que hubiera entrado arbitrariamente en una propiedad ajena. Existía una antigua relación contractual y un conflicto jurídico sobre su continuidad. Pero reconocer esta diferencia no significa fingir que no existen ocupaciones ilegítimas, propietarios impedidos de utilizar sus inmuebles, familias que siguen pagando préstamos por viviendas a las que no pueden acceder o personas que sienten que durante años cumplieron con todas las obligaciones que se les impusieron y que, ante el incumplimiento de terceros, descubren que recuperar aquello que les pertenece puede ser difícil, lento y costoso. También ahí existen historias humanas. Quizá sean menos fotogénicas, quizá no produzcan la misma emoción inmediata o no convoquen a miles de personas en una plaza, pero siguen existiendo. Y es en este punto donde una discusión sobre vivienda empieza a convertirse en una reflexión mucho más amplia sobre la forma en que estamos mirando a la sociedad. Cuando construimos una política para proteger a una persona, tendremos también que preguntarnos qué consecuencias puede producir esa política sobre otras. Si alguien considera demasiado arriesgado poner una vivienda en el mercado del alquiler, puede decidir no hacerlo. Si muchos toman la misma decisión, la oferta puede disminuir y las primeras personas en sufrir las consecuencias podrían ser precisamente aquellas que no pueden comprar una casa y dependen del alquiler. Esto no significa que cualquier protección al inquilino vaya necesariamente a producir ese efecto, del mismo modo que tampoco significa que el mercado, dejado a su suerte, sea capaz de resolver todos los problemas. Significa únicamente que ninguna decisión termina en el lugar en el que fue tomada. Sus efectos se propagan y, en ocasiones, una solución creada para proteger a una víctima puede contribuir a crear otra. Quizá sea esto lo que más me inquieta de la facilidad con la que hoy convertimos problemas complejos en historias simples. Los movimientos surgidos en España después del caso de Maricarmen dieron visibilidad a un problema real y presionaron al poder político para buscar respuestas. El Gobierno presentó entretanto nuevas propuestas y el debate político sigue abierto, también en torno a la protección de los inquilinos y de los pequeños propietarios. Protestar es legítimo. Exigir soluciones también. Es una parte esencial de cualquier democracia. Pero una reivindicación no se vuelve justa únicamente porque se formule en nombre de la justicia, del mismo modo que una decisión no se vuelve correcta únicamente porque sea legal. Quizá hayamos adquirido el hábito de elegir primero el bando y analizar después los argumentos. Si nos incomoda profundamente ver a una mujer de 87 años salir en una camilla de la casa en la que vivió durante setenta años, parece que se vuelve obligatorio aceptar todas las soluciones presentadas en nombre de los inquilinos. Si defendemos el derecho de propiedad, parece que tengamos que ignorar la dimensión humana de quien está al otro lado de la puerta. Si creemos en un Estado social fuerte, parece que no podamos cuestionar la forma en que se utilizan los recursos. Si creemos en la responsabilidad individual, parece que tengamos que olvidar que las personas no comienzan todas la vida desde el mismo lugar. Quizá sea precisamente esta necesidad de elegir un campo la que nos esté impidiendo comprender. Podemos defender la propiedad y exigir humanidad. Podemos defender la solidaridad y seguir hablando de responsabilidad. Podemos proteger a quien verdaderamente lo necesita sin convertir el esfuerzo de quien cumplió en una especie de culpa. Podemos reconocer a una víctima sin necesidad de crear inmediatamente un villano. Y podemos admitir que, en determinadas situaciones, todos los implicados puedan acabar siendo, de algún modo, víctimas de un problema que ninguno de ellos creó por sí solo. Pocos días después del desahucio de Maricarmen apareció una solución que no parecía caber en las dos alternativas que inicialmente dominaban la discusión. El acuerdo alcanzado permitirá su regreso a la vivienda mediante un nuevo contrato y una renta ajustada a sus ingresos. No sé si es la solución perfecta, ni sé si podría aplicarse a otras situaciones. Pero quizá lo más interesante sea comprender que existía una tercera posibilidad cuando, durante algunos días, parecía haber solamente dos. ¿Cuántas veces ocurrirá lo mismo en los debates que nos ocupan a diario? ¿Cuántas veces una realidad que presentamos como una elección entre dos posiciones contiene en realidad otras posibilidades que dejamos de buscar porque ya habíamos decidido quién era la víctima y quién era el culpable? Sigo mirando la imagen de Maricarmen en aquella camilla y sigo sintiendo incomodidad. Me alegro de que así sea. No me gustaría vivir en una sociedad que dejara de conmoverse ante el sufrimiento. Pero tampoco me gustaría vivir en una sociedad en la que la intensidad de la emoción fuera suficiente para determinar la verdad. Quizá la madurez esté precisamente en ese lugar difícil en el que conseguimos sentir sin dejar de pensar, acoger sin abandonar la responsabilidad, proteger sin dejar de ser justos y dudar de nuestras propias certezas antes de condenar las de los demás. Una fotografía puede mostrarnos una verdad. Una sentencia puede revelar otra. La persona que vivió setenta años dentro de una casa tendrá la suya. Quien es dueño de ella tendrá otra. El Estado, la sociedad, los vecinos y todos aquellos que miran desde fuera añadirán todavía otros planos. Ninguno de ellos tiene necesariamente que ser falso. Quizá el error esté únicamente en creer que uno de ellos, por sí solo, es suficiente para explicarlo todo. Porque la verdad, por incómodo que resulte, no cabe en un único plano.
