Con un rotundo y explícito “qué hijos de puta”, el diputado republicano Gabriel Rufián canalizó el malestar generalizado y apuntó directamente a los responsables políticos, judiciales y económicos del desalojo, culpando de este trágico final a todos aquellos que participaron de forma activa en el proceso o que, teniendo la potestad de evitarlo, miraron hacia otro lado.
La trágica muerte de Maricarmen, acaecida este miércoles en el Hospital Gregorio Marañón, ha desatado una oleada de reacciones institucionales y sociales que sitúan el foco en la vulnerabilidad extrema de los colectivos de personas mayores frente a la especulación inmobiliaria. Para Rufián, este desenlace no es un accidente ni una triste coincidencia, sino la consecuencia directa de una cadena de decisiones inhumanas y de una falta absoluta de sensibilidad institucional que redujo a una octogenaria a la intemperie. Con sus palabras, el portavoz pone sobre la mesa el clamor de indignación ante un sistema que, según denuncian diversos colectivos sociales y su propio entorno, falló estrepitosamente a la hora de blindar la protección de una vecina cuyo único delito fue no poder hacer frente a un mercado de la vivienda desbocado.
