La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha obtenido finalmente respuesta de la Secretaría Permanente del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS) a los escritos remitidos los pasados 5 y 27 de agosto. La contestación, sin embargo, llega tras una demora superior a los dos meses que la asociación califica de «inaceptable» ante cuestiones capitales que afectan a la vida, la seguridad y la integridad jurídica de los militares desplegados en Ceuta en apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Garantías jurídicas en el alambre
El primero de los escritos, registrado el 5 de agosto, exigía claridad sobre las garantías jurídicas del personal. ATME cuestionaba si los militares contaban con instrucciones precisas sobre los límites legales de su actuación, además de reclamar un protocolo de actuación ante posibles denuncias judiciales derivadas de sus funciones en cumplimiento de órdenes. El objetivo: blindar la seguridad jurídica de los efectivos para que proteger el orden no suponga una amenaza judicial individual.
El vacío tras la agresión en Benzú
La urgencia se disparó tras la grave agresión sufrida por cuatro militares durante la madrugada del 27 de agosto en Benzú. Un segundo escrito interpelaba directamente al Ministerio sobre el estado de los heridos y la idoneidad de los protocolos actuales. ATME exigía saber si Defensa consideraba suficientes las medidas de protección vigentes, si se iban a reforzar los medios materiales y si existía un plan real para evitar nuevos ataques.
Una negativa por respuesta y una ley «del silencio»
La respuesta oficial, fundamentada en un informe de la Asesoría Jurídica del Ejército de Tierra y trasladada por el Mando de Personal, se escuda en que las cuestiones planteadas quedan «excluidas del ámbito de actuación del COPERFAS». En la práctica: ni una sola respuesta concreta a las preguntas formuladas.
Para ATME, este portazo no es una sorpresa, sino la aplicación sistemática de un modelo opaco. La asociación denuncia que esta interpretación restrictiva demuestra la urgencia imperiosa de reformar la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.
Un modelo restrictivo que urge reformar
A juicio de la organización, las reticencias de los Ejércitos y del Ministerio a la hora de ampliar los cauces de información y control evidencian una voluntad de mantener un sistema en el que solo se facilita «la información que se quiere», silenciando las preocupaciones reales del personal de tropa y marinería.
Por todo ello, ATME advierte que mantendrá su pulso en la exigencia de transparencia y amparo legal para quienes asumen riesgos evidentes en misiones encomendadas por el Estado, reafirmando que la reforma normativa ya no es una opción, sino una necesidad democrática.
