21 Noticias ha tenido acceso a un audio en la trama polémica de las tarjetas de transporte, un caso que, hasta la fecha, ningún político, administración ni la Guardia Civil han logrado resolver. Se trata de un escándalo sin precedentes que afecta a la administración pública y al sector del transporte en España, en la que podrían entrar en las arcas del Estado millones de euros en sanciones por no cumplir la legislación vigente en tema de trasporte por carretera.
Para contextualizar, la trama se remonta a 2014, cuando Coca-Cola decidió modificar su sistema de facturación, haciendo que el cliente final recibiera directamente la factura que anteriormente emitían sus distribuidores. Sin embargo, la distribución siguió funcionando de la misma manera, a pesar de que la mayoría de los distribuidores operaban con tarjetas de SERVICIO PROPIO, mientras que la normativa exige SERVICIO PÚBLICO para esta nueva función de sus distribuidores que pasaron a ser meros transportistas.
Este incumplimiento, según la normativa vigente es sancionable con 4.001 euros por vehículo y 401 euros para el cargador, que en este caso serán Hijos de Rivera en Galicia y Coca-Cola en el resto del territorio nacional.
Un audio que revela el encubrimiento
El propietario de Dislugo, una distribuidora oficial de Coca-Cola en la provincia de Lugo, ha hecho pública una grabación que pone en evidencia la estrategia utilizada para eludir las sanciones.
Según José Luis, en una reunión mantenida con dos ejecutivos de Coca-Cola en su nave: Jefe de distribución y Jefe comercial en Galicia, se abordó la problemática de la legalidad del transporte que estaban incurriendo. En la conversación, el empresario alertó sobre el incumplimiento de la normativa vigente.
La grabación revela dos aspectos clave:
- Una irregularidad millonaria que se ha mantenido durante más de una década.
- El mecanismo para evitar sanciones: en caso de multas impuestas por la Guardia Civil, se recurriría a un descargo que permitiría a Coca-Cola pagar solo 50 euros en lugar de la sanción completa. En el caso concreto del audio, un distribuidor de Vigo fue sancionado con 6.000 euros, mientras que Coca-Cola recibió otra multa del mismo importe.
Denuncias ante las autoridades
El audio ha sido presentado en una denuncia en la Comandancia de la Guardia Civil en Lugo, ante el General Jefe de la Agrupación en Galicia. Además, José Luis ha trasladado la denuncia a varias autoridades políticas y judiciales,
- Óscar Puente, Ministro de Transportes.
- Álvaro Ortiz, Fiscal General del Estado.
- Yolanda Díaz, Vicepresidenta del Gobierno.
- Gabriel Rufián, Diputado en el Congreso.
- Ione Belarra, Diputada en el Congreso.
- Ethel María Vázquez, Conselleira de Transportes de la Xunta de Galicia.
- Armando Ojea, Diputado en el Parlamento de Galicia.
- José Ramón Gómez Besteiro, Diputado del PSOE en el Parlamento de Galicia.
- Ana Pontón, Diputada del BNG en el Parlamento de Galicia.
.La magnitud de este caso millonario, junto con las pruebas aportadas, deja en evidencia un sistema que ha permitido a grandes corporaciones operar al margen de la normativa durante años. Queda por ver si las autoridades actuarán finalmente ante este escándalo.
