El Gobierno, la Conferencia Episcopal Española y el Defensor del Pueblo han registrado este miércoles avances significativos en el diseño del procedimiento para abordar los casos de abusos en el ámbito de la Iglesia que carecen de recorrido judicial. Aunque el pacto definitivo todavía no se ha formalizado, las partes confirman que solo restan «flecos técnicos» que podrían resolverse en cuestión de días.
Un marco de reparación para casos prescritos
El objetivo de estas reuniones es establecer una hoja de ruta clara para atender a las víctimas cuyos casos, por su antigüedad, han prescrito legalmente. Este mecanismo busca ofrecer una respuesta institucional y de acompañamiento allí donde los tribunales ya no pueden actuar.
Durante el encuentro de ayer, se perfiló el sistema de trabajo previsto en el acuerdo marco, avanzando en la metodología para el reconocimiento de los afectados y las posibles vías de reparación.
Fuentes cercanas a la negociación señalan que la sintonía entre las tres instituciones es alta. A pesar de que el acuerdo no se ha cerrado en esta última sesión, la voluntad de consenso es firme:
- Se busca un protocolo que garantice la misma atención a todas las víctimas.
- Se espera que los detalles pendientes se ultimen «en los próximos días» para proceder a la firma oficial.
- El papel del Defensor del Pueblo sigue siendo clave como puente y garante del proceso.
Con este avance, España se sitúa más cerca de contar con un sistema integral de respuesta a una de las demandas históricas de las asociaciones de víctimas, poniendo el foco en la justicia restaurativa y el reconocimiento del daño causado.
