¿Puede Europa expulsar a Hungría? La pregunta se impone, porque los hechos recientes han vuelto insoportable aquello que durante demasiado tiempo fue tolerado en nombre de la prudencia diplomática. Cuando un Estado miembro bloquea una ayuda decisiva a Ucrania en tiempo de guerra, cuando su líder político mantiene una proximidad reiterada con Moscú y cuando recibe apoyo explícito del campo político de Donald Trump en plena campaña electoral – como se vio con el desplazamiento de JD Vance a Budapest en apoyo público a Viktor Orbán – la inquietud deja de ser solo política para pasar a ser existencial. A esa inquietud se sumaron además dos revelaciones particularmente graves: la divulgación de un audio atribuido a una conversación entre Péter Szijjártó y Sergei Lavrov, en la que el ministro húngaro aparecía dispuesto a trabajar para modificar las sanciones europeas en un sentido favorable a los intereses rusos, y la noticia de una conversación telefónica entre Viktor Orbán y Vladimir Putin, relatada por Bloomberg y citada por Reuters, en la que el líder húngaro habría manifestado su disposición a ayudar a Moscú, llegando incluso a atribuírsele la expresión “estoy a su servicio”. Puede discutirse la autenticidad integral de estos registros, pero lo que ya no puede ignorarse es la gravedad política de lo que dejan entrever. Si en el espacio público ya emerge un “estoy a su servicio” dirigido a quien agrede a Ucrania y amenaza la seguridad europea, ¿qué otras fragilidades permanecerán aún resguardadas entre bastidores? La cuestión ya no es solo saber si Hungría diverge. Es comprender si no estará asumiendo, dentro de la Unión, la función de un caballo de Troya político y estratégico. Y es precisamente aquí donde Europa revela su fragilidad. Jurídicamente, no existe en los Tratados un mecanismo ordinario de expulsión de un Estado miembro. El artículo 50.º prevé la salida voluntaria. El artículo 7.º permite, en casos graves, suspender ciertos derechos, incluido el derecho de voto, pero no expulsar. Y lo más revelador es que el procedimiento del artículo 7.º contra Hungría, iniciado en 2018, sigue todavía hoy sin desenlace. Europa consigue advertir, censurar, congelar fondos, amenazar, pero cuando necesita defenderse con verdadera firmeza descubre que no ha construido instrumentos a la altura del riesgo.
Importa, por ello, hacer justicia a la verdad. El error europeo no estuvo solo en crecer, sino en haber crecido sin la prudencia estratégica y la solidez institucional que una ampliación de esta magnitud exigía. La adhesión a la Unión se basa, en teoría, en exigencias rigurosas – los criterios de Copenhague, definidos por el Consejo Europeo en 1993 – que contemplan democracia, Estado de derecho, respeto de los derechos humanos y capacidad institucional para cumplir las obligaciones del proyecto europeo. El problema estuvo en otro lugar, mucho más hondo y mucho más grave. La Unión fue más exigente a la hora de admitir que a la hora de corregir. Supo abrir la puerta, pero no supo construir cerraduras institucionales para el caso de que algunos de los suyos pasaran a habitar la casa común sin lealtad a su espíritu. Y así hemos llegado al absurdo actual. Hay dinero europeo suspendido, hay cerca de 21.000 millones de euros todavía bloqueados para Hungría, hay 6.300 millones de euros de compromisos de cohesión suspendidos desde 2022, hay acciones y litigios judiciales en curso, pero nada de eso impide, en momentos críticos, que un solo gobierno paralice decisiones estratégicas de toda la Unión. El caso más clamoroso fue el bloqueo húngaro al préstamo europeo de 90.000 millones de euros a Ucrania. No se trata solo de un desacuerdo político. Se trata de comprender que Europa, tal como está diseñada, puede ser herida desde dentro por quien sigue beneficiándose de ella.
Por eso la pregunta decisiva ya no es solo qué hacer con Hungría. La pregunta decisiva es otra, más dura y más seria. ¿Cómo pudo Europa aceptar una arquitectura jurídica tan vulnerable en una materia tan central para su supervivencia? Y, sobre todo, ¿cuánto tiempo más seguirá tolerando que la unanimidad, pensada para proteger la soberanía de los Estados, sea utilizada para desarmar la soberanía estratégica de la propia Unión? Si Europa quiere seguir siendo algo más que un mercado común con bandera, tendrá que reformar sus mecanismos de defensa política, revisar la forma en que reacciona ante violaciones persistentes de sus valores y crear instrumentos eficaces contra la deslealtad interna. Ese cambio no es simple, y exige sobre todo valentía. Revisar los Tratados exige unanimidad y ratificación por todos los Estados miembros. Pero precisamente por eso el momento es tan grave. Europa percibe ahora que sus bases jurídicas, concebidas para tiempos de confianza, son demasiado frágiles para tiempos de infiltración, bloqueo y corrosión interna. El problema ya no es solo Hungría. El problema es una Unión que todavía no ha aprendido a protegerse de los suyos.
