Hay pueblos y territorios sobre los que la Historia parece avanzar siempre con botas militares. El Wallmapu —el territorio ancestral mapuche extendido entre el sur de Chile y Argentina— es uno de ellos. Desde hace más de cinco siglos distintos poderes han ido cambiando de bandera, de himno, de uniforme y de lenguaje, pero no de objetivo: apropiarse de la tierra, extraer sus riquezas y convertir en mercancía todo aquello que para el pueblo mapuche nunca lo fue.
Primero llegó el imperio inca que les intentó conquistar. Luego, la espada y la cruz de la corona española. Después los ejércitos republicanos. Más tarde el ferrocarril, las grandes haciendas, las empresas forestales, las petroleras, las hidroeléctricas y ahora el capitalismo verde disfrazado de transición energética. El extractivismo cambia de rostro, pero rara vez cambia de lógica.
Y, sin embargo, el pueblo mapuche sigue ahí. Esa es quizá la primera cuestión que incomoda al poder desde hace siglos: los mapuches nunca desaparecieron. Ni siquiera fueron completamente conquistados por el Imperio español. Mientras gran parte del continente americano caía bajo dominio colonial, los mapuches resistieron durante siglos al sur del río Biobío. Frente a esrra resistencia mapuche, la monarquía española tuvo que firmar parlamentos y tratados con ellos reconociendo de facto una cierta autonomía territorial. No eran una nota al pie del Imperio. Eran un problema militar, político y territorial permanente.
Y quizá precisamente por eso las jóvenes repúblicas de Chile y Argentina decidieron más tarde completar lo que la Corona española no había conseguido terminar. Lo hicieron, además, en nombre de palabras solemnes: progreso, civilización, nación y modernidad.
La historia latinoamericana está llena de ironías sangrientas. Mientras las nuevas élites criollas proclamaban libertad frente al colonialismo europeo, emprendían simultáneamente campañas militares brutales contra los pueblos indígenas que obstaculizaban la expansión del nuevo capitalismo agrario y la construcción de los Estados nacionales. En Chile aquello recibió un nombre extraordinariamente perverso: “Pacificación de la Araucanía”. Pacificación. Como si la ocupación militar, el desplazamiento forzoso, el robo de tierras y la destrucción sistemática de comunidades enteras pudieran describirse con un lenguaje administrativo casi higiénico.
En Argentina el proceso se llamó “Conquista del Desierto”. Otro prodigio del lenguaje colonial. Porque el desierto nunca estuvo vacío. Había pueblos viviendo allí desde siglos antes de la llegada de los estados dictatoriales a los que llaman modernos. Había cultura, espiritualidad, comercio, memoria y formas complejas de organización comunitaria. Lo que realmente había que “desertizar” era la presencia indígena para abrir paso a millones de hectáreas destinadas al gran latifundio ganadero y al negocio agroexportador.
La modernidad latinoamericana se construyó muchas veces sobre esa paradoja brutal: llamar progreso a la eliminación del otro. Desde entonces el territorio mapuche se convirtió en una gigantesca zona histórica de sacrificio. Primero fue la tierra fértil. Después la madera. Más tarde las represas hidroeléctricas. Luego el petróleo y el gas. Ahora los monocultivos forestales y el turismo de lujo.
Cada época trae su vocabulario económico de moda, pero el mecanismo profundo permanece intacto: extracción de riqueza hacia afuera y desplazamiento de comunidades hacia los márgenes. Porque el extractivismo no consiste solamente en sacar recursos naturales de un territorio. Consiste también en extraer dignidad, memoria, autonomía y capacidad de decisión a quienes habitan ese territorio. Y el Wallmapu lleva siglos funcionando como un laboratorio perfecto de esa maquinaria.
Hoy el pueblo mapuche constituye el grupo indígena más numeroso tanto en Chile como en Argentina. Se calcula que más de dos millones de personas se reconocen como mapuches entre ambos países, aunque las cifras varían según censos y criterios de autoidentificación. Su presencia se extiende desde la región chilena de la Araucanía hasta amplias zonas de la Patagonia argentina, incluyendo provincias como Neuquén, Río Negro y Chubut.
Pero reducir el conflicto mapuche a un asunto étnico o identitario es una simplificación interesada. Lo que existe allí es una disputa mucho más profunda sobre el significado mismo del territorio. Para el modelo económico dominante, la tierra es un recurso explotable, divisible, privatizable y rentable. Para buena parte de la cosmovisión mapuche, en cambio, el territorio no es una mercancía sino una continuidad espiritual, comunitaria y ecológica de la vida. El río, el bosque, los cerros y los animales no forman simplemente parte de un paisaje explotable: forman parte de una red viva de relaciones donde el ser humano no ocupa necesariamente el centro absoluto.
Y esa diferencia filosófica resulta profundamente subversiva para un capitalismo que necesita convertirlo todo en activo económico. Por eso el conflicto nunca desaparece. Solo cambia de formato. En Chile, enormes empresas forestales han sustituido bosques nativos por millones de hectáreas de monocultivos de pino y eucalipto destinados a la industria maderera. Allí donde antes existían ecosistemas biodiversos y fuentes naturales de agua, hoy sobreviven territorios empobrecidos hídricamente y comunidades arrinconadas.
En Argentina, el avance del fracking en Vaca Muerta ha impactado directamente sobre territorios mapuches en Neuquén. La promesa oficial vuelve a ser la misma de siempre: desarrollo, empleo, progreso energético, modernización nacional. Pero bajo esas palabras reaparece el viejo mecanismo colonial: territorios indígenas convertidos en zonas sacrificables para alimentar mercados globales.
El subsuelo genera riqueza. Las comunidades absorben el impacto. Y cuando esas comunidades protestan, recuperan tierras o cuestionan el modelo extractivo, entonces el lenguaje vuelve a activarse. Ya no se habla de pueblos originarios sino de “grupos violentos”, “radicalizados”, “terroristas” o “enemigos internos”.
La criminalización del pueblo mapuche constituye una de las grandes operaciones políticas y mediáticas de las últimas décadas tanto en Chile como en Argentina. Las imágenes se repiten: militarización, allanamientos, niños aterrorizados en comunidades rurales, dirigentes perseguidos judicialmente, campañas mediáticas construyendo enemigos funcionales para justificar la represión.
El asesinato en Chile en 2018, de Camilo Catrillanca, comunero mapuche asesinado a sus 24 años de un tiro por la espalda perpetrado por fuerzas policiales simbolizó para muchos esa violencia estructural del Estado sobre el pueblo mapuche. En Argentina, la desaparición y muerte en 2017 de Santiago Maldonado, un joven de 28 años, que era un artesano solidario con la causa mapuche u cuyo cadaver fue encontrado en el río Chubut 77 días después de su desaparición (los gendarmes implicados en su desapariciòn fueron sobreseídos) son solo dos pqueña muestras de la feroz represión que enfrenta este pueblo. O la más reciente del pasado mes de mayo de la muerte atropellado por un camión de Álvaro Quinchanao Hueche, activista mapuche durante “una acción de resistencia y sabotaje en contra de la industria forestal”.
Lo que revela todo esto es hasta qué punto el conflicto territorial se ha convertido en una batalla por el relato público. Porque el verdadero objetivo no consiste solamente en controlar territorios. Consiste también en controlar la legitimidad moral de quienes los defienden. Por eso resulta tan importante construir la imagen del mapuche como amenaza.
El capitalismo extractivo necesita enemigos internos que expliquen cualquier obstáculo al crecimiento económico. Necesita presentar toda resistencia como irracionalidad, atraso o extremismo. Y necesita hacerlo porque en el fondo sabe algo incómodo: que las comunidades indígenas cuestionan precisamente la lógica profunda sobre la que se sostiene el modelo.
No discuten solamente un proyecto forestal o petrolero concreto. Discuten la idea misma de que la naturaleza exista únicamente para ser explotada. Y ahí reside quizá el núcleo más importante de todo este conflicto histórico. Porque mientras el mundo habla de crisis climática, transición ecológica y sostenibilidad, los pueblos indígenas llevan siglos advirtiendo exactamente sobre eso mismo: que una civilización construida sobre la destrucción ilimitada del territorio termina destruyéndose también a sí misma.
Pero incluso ahora, en plena emergencia climática global, el sistema parece incapaz de abandonar su pulsión extractiva. Solo la maquilla. La fiebre del litio, por ejemplo, se presenta hoy como parte imprescindible de la transición energética mundial. Sin embargo, muchas de esas explotaciones vuelven a instalarse sobre territorios indígenas y ecosistemas extremadamente frágiles. El colonialismo fósil amenaza con transformarse simplemente en colonialismo verde. Cambian las fuentes de energía. No necesariamente las relaciones de poder.
Mientras tanto, decenas de miles de mapuches sobreviven entre la precariedad rural, la migración urbana, la discriminación histórica y la pérdida constante de territorio cultural y material. Porque el extractivismo no destruye únicamente ecosistemas. También fragmenta comunidades, rompe lenguas, desplaza memorias y erosiona lentamente formas enteras de entender la vida.
Y aun así, el pueblo mapuche continúa resistiendo. Resiste en las recuperaciones territoriales. En el mapudungun enseñado a los niños. En las ceremonias espirituales. En las mujeres que sostienen comunidades enteras. En los jóvenes que migran a ciudades hostiles sin dejar de reivindicar su identidad. En quienes siguen defendiendo que el territorio no puede reducirse a una cifra de rentabilidad.
Tal vez por eso el conflicto mapuche incomoda tanto. Porque obliga a formular una pregunta que el capitalismo contemporáneo preferiría evitar: ¿cuánto territorio necesita destruir una sociedad para seguir llamándose civilizada? Quizá ahí, precisamente ahí, reside la verdadera disputa histórica. No entre civilización y barbarie, como durante siglos intentaron hacernos creer las élites latinoamericanas, sino entre dos modelos radicalmente distintos de relación con la tierra.
Uno entiende el planeta como almacén de recursos. El otro como espacio vivo del que el ser humano forma parte. Y mientras esa contradicción siga abierta, el Wallmapu continuará siendo mucho más que un conflicto local. Seguirá siendo uno de los grandes espejos incómodos de nuestro tiempo.
Desde Euskal Herria, pueblo que conoce en su propia carne lo que significa defender una lengua, un territorio y una identidad frente a quien pretende borrarlos, no podemos permitirnos el lujo de mirar hacia otro lado. La solidaridad con el pueblo mapuche no puede ser un gesto protocolario o una declaración de buenas intenciones firmada en un acto cultural. Tiene que ser concreta: apoyar a organizaciones mapuche para darlas visibilidad, exigir a nuestras instituciones que nombren públicamente a los más de ciento cincuenta presos políticos mapuche, presionar a las empresas española, francesas y vascas que operan en sus territorios y abrir los medios de comunicación a sus voces. Los pueblos que no se solidarizan con quienes luchan por lo mismo que ellos no merecen llamarse libres.
