El Partido Popular ha exigido hoy al Gobierno de Pedro Sánchez la paralización inmediata del decreto de regularización extraordinaria de inmigrantes tras conocerse las providencias del Tribunal Supremo, que plantea elevar el proceso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por indicios de ilegalidad y colisión con el Derecho Comunitario.
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha calificado el proceso de «auténtico despropósito sin planificación» y ha denunciado que la regularización masiva ha desbordado por completo cualquier expectativa gubernamental. «El propio Gobierno hablaba inicialmente de 500.000 personas, pero la realidad es que ya se supera el millón y medio de solicitudes, colapsando las administraciones y tensionando gravemente los servicios públicos de las Comunidades Autónomas, que son quienes deben sostener la sanidad, la educación y la vivienda», ha señalado.
Alerta judicial y choque con Schengen
Desde la formación popular se ha puesto el foco en la gravedad de la resolución del Alto Tribunal, que comparte las dudas de viabilidad jurídica presentadas en los recursos de las comunidades autónomas. El PP subraya que el Ejecutivo ha actuado de manera unilateral, ignorando de forma deliberada el recién estrenado Pacto Europeo de Migración y Asilo.
Gamarra ha advertido de que la política migratoria «de ocurrencias e improvisación» de Pedro Sánchez traslada un problema de soberanía al resto de socios de la Unión. «En un espacio de libre circulación como el espacio Schengen, las decisiones unilaterales tienen consecuencias globales. Cuando España regulariza de forma masiva y sin control, también está regularizando las fronteras de Europa», ha aseverado la dirigente popular, recordando que los beneficiarios adquieren de facto el derecho a circular libremente por todo el territorio comunitario.
El Partido Popular ha vuelto a defender un modelo de inmigración «legal, ordenada y vinculada al mercado laboral», en contraposición a las medidas del Ejecutivo que, a su juicio, solo benefician a las mafias que se lucran con el tráfico de personas.
Partido Popular
Con el dictamen del Consejo de Estado en contra y el Tribunal Supremo cuestionando la legalidad europea del Real Decreto, el PP insta al bloque del Gobierno a «dar marcha atrás» y a asumir las exigencias de control penal y de seguridad que reclama tanto la justicia española como las directrices de Bruselas.
