Hay preguntas que, por ser tan elementales, acabamos dejando de hacernos. Tal vez una de ellas sea: ¿para qué existe el Estado? No me refiero al Estado como abstracción jurídica, ni al debate ideológico sobre si debe ser mayor o menor. Me refiero a su vocación, a aquello que verdaderamente justifica su existencia en una sociedad democrática. Desde mi perspectiva, la vocación del Estado no es ser empresario. El Estado no existe para comprar participaciones, poseer compañías aéreas, competir en los mercados o decidir en qué empresas debe invertir el dinero de los contribuyentes. Existe, ante todo, para legislar bien y en función del bien común, hacer cumplir la ley, garantizar la Justicia, garantizar la seguridad interior y exterior, proporcionar un sistema educativo accesible y de calidad, garantizar la atención sanitaria, organizar sistemas fiscal y contributivo justos, comprensibles y sostenibles, proteger a quienes más lo necesitan, regular los mercados, garantizar la existencia y el funcionamiento de las infraestructuras esenciales y asegurar que todos, verdaderamente todos, sean iguales ante la ley. Y no es poco. En realidad, es una tarea gigantesca. Incluso sin poseer una sola empresa comercial, el Estado ya administra miles de millones de euros, gestiona un patrimonio inmenso, mantiene miles de servicios y organismos y emplea a cientos de miles de personas. Personas que también necesitan tener carreras profesionales, condiciones de trabajo dignas, remuneraciones acordes con sus responsabilidades, la posibilidad de formar una familia y construir una vida digna. Y a quienes, precisamente por ello, también se les debe exigir profesionalidad, competencia, asistencia, responsabilidad y calidad en el servicio prestado a los ciudadanos. No podemos querer médicos, enfermeros, profesores, magistrados, policías, militares, técnicos, investigadores o auxiliares ejemplares y, al mismo tiempo, ofrecerles carreras profesionales desestructuradas, falta de medios o condiciones indignas. Pero tampoco podemos aceptar que trabajar para el Estado signifique una menor exigencia o una menor responsabilidad. Un Estado que exige tiene primero que crear las condiciones necesarias para poder exigir. Y cuando todo esto funcione – cuando los tribunales decidan en tiempo útil, cuando las escuelas funcionen bien en todas sus vertientes, cuando los hospitales respondan en tiempo útil y con la calidad exigible, cuando las fuerzas policiales dispongan de los medios necesarios para cumplir su misión, cuando las Fuerzas Armadas cuenten con los profesionales, los medios y la capacidad necesarios para garantizar la defensa y la soberanía nacionales, cuando la Administración sirva en lugar de crear obstáculos, cuando la ley sea clara y se aplique por igual – entonces podremos decir que el Estado está haciendo bien aquello para lo que existe. Hasta entonces, me cuesta comprender la necesidad de dispersarse en actividades empresariales que otros pueden desarrollar. Más aún porque, cuando el Estado es simultáneamente legislador, regulador, fiscalizador, cliente y accionista, se crea una tensión institucional difícil de ignorar. Aunque sea a través de órganos y entidades diferentes, quien establece las reglas también tiene intereses dentro del terreno de juego. Quien fiscaliza puede estar fiscalizando una empresa de la que el propio Estado es propietario. Quien sanciona puede estar perjudicando un activo que pertenece al mismo Estado. Naturalmente, existen organismos independientes, mecanismos de control y separaciones institucionales que deben funcionar. Pero la cuestión permanece: ¿por qué crear deliberadamente ese conflicto de papeles? El Estado debe ser árbitro, no jugador. Debe ser lo suficientemente fuerte como para establecer las reglas, fiscalizar su cumplimiento e intervenir cuando el interés público esté verdaderamente amenazado, sin necesidad de poseer las empresas que operan en el mercado. Porque calificar una actividad de «estratégica» no significa necesariamente que el Estado tenga que ser propietario de la empresa que la desarrolla. La energía es estratégica. Las telecomunicaciones son estratégicas. El abastecimiento alimentario es estratégico. Los medicamentos son estratégicos. La banca es estratégica. La aviación comercial puede ser estratégica para la conectividad de un país. Pero una cosa es que el Estado garantice que un determinado servicio no desaparezca. Otra, muy diferente, es concluir que necesita ser propietario de quien lo presta. Si una determinada conexión aérea, ferroviaria, marítima o cualquier otro servicio resulta indispensable para el interés público, el Estado dispone de instrumentos para establecer obligaciones, contratar, concesionar, compensar, cuando esté justificado, y garantizar la continuidad del servicio. Y conserva siempre poderes extraordinarios para momentos extraordinarios. Una guerra, una crisis sistémica, el colapso de una infraestructura esencial o una amenaza grave a la soberanía pueden justificar una intervención directa, incluso la nacionalización de determinados activos, dentro de la ley. Pero una excepción existe precisamente porque no es la regla. El Estado debe conservar el poder de intervenir sin convertir la intervención en una profesión. Y existe además otro problema que no debe ignorarse. Cuanto mayor sea la presencia empresarial del Estado, mayor será también el universo de administraciones, consejos y estructuras de gobierno sobre los que el poder político podrá, directa o indirectamente, ejercer influencia. Esto no significa que todas las personas nombradas políticamente sean incompetentes. Sería intelectualmente deshonesto afirmarlo. Pero existen nombramientos cuya adecuación entre currículum, experiencia y exigencia del cargo suscita legítimamente dudas. Y siempre que esas dudas sean legítimas, surge inevitablemente la pregunta incómoda: ¿pesó más la competencia o la proximidad? En una empresa privada, el propietario que realiza un mal nombramiento soporta directamente las consecuencias de su elección. Cuando el propietario es el Estado, el riesgo lo soportamos todos. La politización de las administraciones, el peso de la proximidad partidista y el debilitamiento de la responsabilidad por los resultados son riesgos que no pueden ignorarse siempre que el poder político acumula, además de las funciones propias del Estado, la función de empresario. Tal vez por eso la pregunta correcta no sea si una determinada empresa pública obtuvo beneficios este año o pérdidas el anterior. Una empresa puede tener pérdidas en un ejercicio y seguir siendo económicamente saludable. La pregunta es otra: ¿existe una necesidad verdaderamente imperiosa que justifique que esa empresa pertenezca al Estado? Y, sobre todo, ¿está el Estado cumpliendo primero aquello que nadie puede hacer por él?
Hay tanto por hacer que resulta difícil comprender cómo podemos perder el foco. Muchos países europeos afrontan problemas que no nacieron ayer ni desaparecerán con una medida anunciada en una rueda de prensa. La población envejece y serán necesarias cada vez más respuestas para personas mayores que, por razones familiares, clínicas o simplemente humanas, no podrán seguir viviendo solas. Faltan estructuras residenciales, faltan modelos intermedios de vivienda y cuidados, faltan respuestas que permitan envejecer con seguridad, dignidad y compañía. Al mismo tiempo, miles de jóvenes que acceden a la enseñanza superior descubren que el precio de una habitación puede determinar si pueden estudiar en una determinada ciudad o incluso si pueden continuar estudiando. Faltan residencias universitarias. Falta vivienda accesible para familias y trabajadores. Y, paradójicamente, el propio Estado posee un enorme patrimonio inmobiliario, parte de él abandonado, degradado o sin un uso conocido. Tal vez, antes de buscar nuevos negocios, debería empezar por gestionar de manera ejemplar aquello que ya es suyo. Recuperar patrimonio, darle utilidad, crear residencias para estudiantes, soluciones de vivienda a costes controlados, estructuras y respuestas adecuadas para las personas mayores, instalar servicios públicos en inmuebles propios cuando resulte económicamente racional. No todo tendrá que ser gestionado directamente por el Estado. Puede haber municipios, misericordias, instituciones sociales, cooperativas, empresas privadas y diferentes modelos de colaboración. La función del Estado no es hacerlo todo. Es garantizar que aquello que necesita hacerse encuentre las condiciones para que ocurra y que el interés público esté protegido. El mismo principio se aplica al territorio. Tenemos zonas del país sobrecargadas por la concentración de población y actividad económica y otras que se vacían progresivamente. Después nos encontramos con una presión creciente sobre la vivienda en los grandes centros, con la dificultad para fijar a los jóvenes, con el cierre de servicios y con el progresivo vaciamiento de otras regiones. No basta con decir a las personas que deben vivir fuera de los grandes centros. Es necesario crear razones para que puedan hacerlo: empleo, empresas, escuelas, sanidad, comunicaciones, transportes, cultura, servicios públicos y buenas conexiones digitales. El Estado no necesita construir una fábrica en cada municipio. Necesita crear las condiciones para que alguien quiera construir una fábrica, instalar una oficina, abrir un laboratorio, crear una empresa tecnológica, desarrollar turismo, agricultura, industria o servicios. Y es precisamente aquí donde la Justicia, la fiscalidad, la Administración y la estabilidad legislativa dejan de ser simples asuntos administrativos y pasan a ser condiciones fundamentales para el desarrollo económico. Una empresa que pretende invertir en un país no mira únicamente el tipo impositivo. Pregunta cuánto tarda una licencia. Pregunta cuánto tardará un litigio comercial hasta obtener una resolución definitiva. Pregunta si encontrará trabajadores cualificados. Pregunta si esos trabajadores podrán encontrar vivienda, colegios para sus hijos y atención sanitaria. Pregunta si las reglas serán mínimamente estables dentro de cinco años o si cambiarán con cada ciclo político. Atraer inversión extranjera no consiste en distribuir folletos bonitos o realizar viajes de promoción. Consiste en construir un país previsible, seguro, competente y funcional. Una Justicia lenta aleja la inversión. Una Administración incomprensible aumenta los costes. Una fiscalidad inestable genera incertidumbre. La falta de vivienda dificulta la contratación de trabajadores. Una enseñanza débil destruye la productividad futura. Un sistema sanitario que no responde debilita a las personas, a las familias y a la economía. Todo está relacionado. Por eso gobernar exige una visión holística del Estado. Un problema de vivienda es también un problema demográfico, económico, territorial y social. El envejecimiento de la población es simultáneamente una cuestión de Sanidad, pensiones, empleo, cuidados, inmigración, natalidad, productividad y cuentas públicas. El abandono de una región no afecta únicamente a la ordenación del territorio. Afecta a los incendios, a la agricultura, a la economía, a los servicios públicos y a la cohesión nacional. El Estado es un sistema. Quien gobierna debe ser capaz de contemplar ese sistema como un todo, comprender cómo una decisión en un ámbito produce consecuencias en otros y, sobre todo, ver aquello que todavía no se ve. Anticiparse. Tal vez esa sea una de las mayores cualidades de un buen gobernante. Cuando la crisis ya ha estallado, cuando faltan médicos, cuando no hay camas, cuando una infraestructura ha colapsado, cuando los precios se han disparado o cuando un servicio ha dejado de responder, el gobernante se transforma en un bombero. Corre, moviliza dinero, anuncia medidas e intenta apagar el incendio. Pero cuando ya hay fuego, casi todos comprendemos que es necesario apagarlo. Gobernar bien es diferente. Es comprender dónde puede empezar el incendio y actuar antes de que el problema se haga visible para todos. La demografía avisa. Las listas de espera avisan. La salida de profesionales avisa. El deterioro de las infraestructuras avisa. Los retrasos judiciales avisan. La pérdida de población avisa. La deuda avisa. Los problemas rara vez aparecen de un día para otro. Simplemente llegan a un punto en el que ya no pueden ocultarse. Anticiparse exige conocimiento, pero también exige valentía, porque muchas veces significa invertir ahora para evitar un problema que la mayoría de las personas todavía no siente. Y eso quizá dé pocos votos. Prevenir una crisis rara vez proporciona una fotografía tan eficaz como aparecer en el lugar después de que haya ocurrido. Pero gobernar no debería consistir en hacer aquello que da más votos en las próximas elecciones. Debería consistir en hacer aquello que el país necesita, explicar a los ciudadanos por qué y aceptar después su juicio democrático. Un país necesita gobernantes capaces de ver más allá del mandato, capaces de tomar decisiones cuyos resultados quizá solo aparezcan cuando ya no estén en el poder. Necesita competencia para comprender, valentía para decidir, independencia para resistir a los intereses y humildad para reconocer cuándo se han equivocado. Porque equivocarse forma parte de cualquier decisión humana. Lo que no debería formar parte de la política es la incapacidad de decir: «Nos equivocamos. Esta decisión no produjo el resultado esperado. Vamos a corregirla.» Reconocer un error no disminuye la autoridad de quien gobierna. Puede, por el contrario, aumentar la confianza. Distinto es cometer un delito. Un error político puede ser consecuencia de incompetencia, de una mala evaluación o simplemente de una decisión que resultó equivocada. Un delito es otra cosa. Y cuando existen indicios serios de la comisión de un delito, quien ejerce el poder debe ser investigado por las entidades competentes y, si es condenado, responder como cualquier otro ciudadano, sin protección partidista, sin encubrimiento de sus pares y sin una ley diferente de la que se aplicaría a cualquier persona. En un Estado democrático, cuanto mayor es el poder, mayor debería ser la responsabilidad. Quien gobierna necesita comprender que el Estado no le pertenece. Lo ha recibido temporalmente para administrarlo en nombre de todos. El poder no le ha sido entregado para servirse del Estado, sino para poner el Estado al servicio de los ciudadanos.
Tal vez el mayor desafío al que se enfrentan los Estados en este siglo sea la sostenibilidad. Y conviene dejar claro qué significa esta palabra. Sostenibilidad no es sinónimo de medio ambiente. Reducirla a la ecología, a las emisiones o a la transición energética es empobrecer profundamente el concepto y puede incluso convertirlo en un eslogan conveniente que evita debatir todo lo demás. La sostenibilidad ambiental es indispensable, evidentemente. Necesitamos proteger el agua, el suelo, los bosques, los océanos, la biodiversidad y el clima. Pero un Estado puede tener excelentes indicadores ambientales y seguir siendo profundamente insostenible. ¿Es sostenible una sociedad que no consigue financiar sus pensiones? ¿Que envejece sin conseguir preparar estructuras para sus mayores? ¿Que invierte durante décadas en la formación de los jóvenes y después los ve marcharse porque no consiguen construir una vida en su propio país? ¿Donde trabajar ya no garantiza a demasiadas personas la posibilidad de pagar una vivienda y construir una vida? ¿Que concentra población, empleo y servicios en unas pocas ciudades mientras gran parte del territorio se vacía? ¿Que acumula deuda que será pagada por personas que todavía no han nacido? ¿Que posee hospitales sin profesionales suficientes, tribunales que tardan años en decidir, fuerzas de seguridad desmotivadas o Fuerzas Armadas incapaces de atraer y retener personas? Esto también es sostenibilidad. Sostenibilidad económica, porque sin creación de riqueza no hay impuestos, cotizaciones ni servicios públicos que resistan. Sostenibilidad financiera, porque ningún Estado puede vivir indefinidamente por encima de aquello que la sociedad que lo sostiene es capaz de producir. Sostenibilidad demográfica, porque una sociedad necesita renovación generacional y condiciones para que quienes desean tener hijos puedan hacerlo sin convertir esa decisión en un acto de heroísmo económico. Sostenibilidad social, porque una sociedad en la que trabajar no permite vivir dignamente acaba por desintegrarse. Sostenibilidad territorial, porque un país no puede abandonar progresivamente una parte de sí mismo. Sostenibilidad institucional, porque ninguna democracia permanece saludable durante mucho tiempo si los ciudadanos dejan de confiar en la Justicia, en la Administración o en la igualdad ante la ley. Y sostenibilidad ambiental, naturalmente, porque también hemos recibido un territorio que no tenemos derecho a destruir. Todo esto es sostenibilidad porque todo ello plantea la misma pregunta: ¿lo que estamos construyendo hoy podrá seguir funcionando mañana? Tal vez la responsabilidad más seria de quien gobierna sea precisamente esta. Un Gobierno administra el presente durante algunos años, pero las consecuencias de sus decisiones pueden atravesar generaciones. Hay políticas demográficas que tardan veinte o treinta años en producir resultados. Una verdadera transformación de la enseñanza se mide a lo largo de una generación. Una política de ordenación territorial no se mide en una legislatura. La sostenibilidad de la Seguridad Social exige décadas de anticipación. La Defensa se planifica mirando mucho más allá de las próximas elecciones. Gobernar verdaderamente es, por tanto, trabajar también para personas que todavía no votan y para muchas que aún ni siquiera han nacido. Por eso me cuesta aceptar una visión del Estado permanentemente concentrada en lo inmediato, en la próxima encuesta, en las próximas elecciones o en el próximo anuncio. Gobernar es recibir temporalmente aquello que pertenece a todos, cuidarlo y entregarlo mejor a quienes vengan después. Tal vez la medida más justa del éxito de una generación política no esté únicamente en aquello que inauguró, anunció o distribuyó, sino sobre todo en aquello que dejó preparado. ¿Qué Justicia dejó? ¿Qué hospitales? ¿Qué escuelas? ¿Qué Fuerzas Armadas? ¿Qué Seguridad Social? ¿Qué cuentas públicas? ¿Qué patrimonio? ¿Qué territorio? ¿Qué economía? ¿Qué oportunidades? ¿Qué confianza en las instituciones? ¿Qué país? Un Estado fuerte no es aquel que posee muchas empresas. Es aquel en el que las instituciones funcionan, la ley se respeta, los ciudadanos están seguros, los servicios esenciales responden y las personas y las empresas encuentran condiciones para trabajar, invertir, progresar, formar una familia, envejecer con dignidad y construir su futuro. El Estado debe preocuparse profundamente por aquello que es suyo y cumplir de manera ejemplar aquello que solo él puede hacer. Después debe crear las condiciones, las reglas y la confianza necesarias para que las personas, las empresas y la sociedad puedan hacer aquello que les corresponde. Tal vez por eso, antes de querer ser empresario, el Estado deba asegurarse de que sabe ser Estado. Porque ser Estado no consiste únicamente en administrar el presente. Es tener inteligencia para anticiparse, valentía para decidir y responsabilidad suficiente para no hipotecar el futuro. Al final, tal vez gobernar bien sea esto: recibir un país de las generaciones anteriores, cuidarlo en el presente y conseguir entregarlo, algún día, mejor a aquellas que vendrán después.
