La empresa Proteínas y Cereales de Galicia, S.L. pretende construír una macro granja para case 400.000 gallinas en Agolada (O Deza, Pontevedra).
Greenpeace ha enviado, dentro del plazo establecido por la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade para el proceso de información pública, alegaciones como forma de mostrar su frontal oposición al proyecto de macrogranja de gallinas ponedoras que la mercantil Proteínas y Cereales de Galicia, S.L. pretende construir en Agolada, comarca de O Deza (Pontevedra).
Galicia soporta ya una desmesurada cabaña ganadera, tal como indica el informe recién elaborado por la Comisión Europea en el que se analiza la aplicación de la Directiva de Nitratos durante el período 2020-23 y en el que se establece que la carga ganadera de Galicia es de 2,3 UGM/ha, solo por detrás de Cataluña con 3 UGM/ha, y muy por encima de la media estatal y europea de 0,7 UGM/ha. Precisamente, debido a este tipo de contaminación, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia dictó en febrero de 2025 – siendo posteriormente confirmada por el Tribunal Supremo – una sentencia condenatoria en la que se consideraba que tanto la Xunta de Galicia como la Confederación Hidrográfica Miño-Sil no actuaron ante la degradación ambiental causada en el embalse de As Conchas, A Limia (Ourense) debido a la ganadería intensiva y sus macrogranjas.
Además, la comarca de O Deza (cuenca del Ulla), donde se situaría la explotación, ya soporta una presión ganadera superior a la de A Limia antes de la construcción de esta macrogranja, y el embalse de Portodemouros, aguas abajo de Agolada, está siguiendo la misma trayectoria acelerada de colapso ecológico que el anteriormente citado embalse de As Conchas.
Ante esta situación, la Xunta decretó el pasado 22 de septiembre una moratoria temporal y parcial de dos años para la instalación de granjas de porcino, bovino y avícolas en la cuenca del río Limia. Pese a que esta moratoria es claramente insuficiente, desde Greenpeace consideramos que es totalmente inconsistente e incoherente que se sigan autorizando explotaciones de ganadería intensiva en otras comarcas – más aún de estas dimensiones y con la presión ganadera que ya soporta la zona – y que así se exporte el problema de un sitio a otro y se repliquen las negativas consecuencias ambientales, sociales y económicas que ya se ha visto que desarrolla este nefasto modelo de ganadería, llegando incluso a la vulneración de los derechos básicos de los vecinos donde se instalan estas explotaciones.
“Ante los graves problemas sociales, ambientales y de crueldad animal que genera la ganadería industrial y la ya excesiva carga ganadera existente en Galicia, y en especial en la comarca de O Deza, desde Greenpeace demandamos la paralización inmediata del proyecto de macrogranja de gallinas para Agolada y que se decrete una moratoria firme y sin fisuras para toda Galicia”, ha afirmado Luís Ferreirim, responsable de ganadería de Greenpeace España.
Una y otra vez se ponen sobre la mesa proyectos avícolas de enormes dimensiones y esto es debido a que la actual legislación que regula el sector avícola (el Real Decreto 637/2021, por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las granjas avícolas) no establece un tamaño máximo para las explotaciones, como sí lo hace, por ejemplo, el que regula el sector vacuno.
Es de destacar también el impacto negativo que este proyecto tendría sobre las masas de agua en lo que concierne a la contaminación por nitratos, un problema cada vez más grave en toda España, y también en Galicia, debido a la ingente cantidad de excrementos que generan las macrogranjas. El actual proyecto se ubicaría sobre un acuífero que aún está clasificado como en “buen estado” y que hay que preservar de todas las formas posibles, porque las masas de agua subterráneas son las reservas estratégicas de agua y de donde, en este caso, bebe la población de Agolada y otros municipios.
Debido a la gravedad de este tipo de contaminación en España, y a que seguimos incumpliendo la Directiva de Nitratos pese a la persecución de Bruselas, hace unos meses la Comisión Europea envió a España un ultimátum que, de no cumplirse, terminará en una multa millonaria que pagarán las personas contribuyentes y no quienes contaminan, ni quienes permiten que se envenenen las aguas.
Por último, Greenpeace manifiesta su apoyo a las justas reivindicaciones vecinales de la comarca de O Deza contra la ganadería industrial, así como a las movilizaciones y alegaciones presentadas por las personas y organizaciones sociales agrupadas en torno a Stop Macrogranxas Agolada.
