UCIN Galicia
En plena jornada de huelga general, los debates sobre el seguimiento y el impacto de los paros se han visto tristemente eclipsados por episodios de tensión y coacción en las calles. Vivir de cerca situaciones donde se intenta imponer la voluntad a golpe de presión en establecimientos comerciales o de hostelería obliga a detenerse y reflexionar sobre los límites de la protesta en una sociedad democrática.
Conviene recordar una premisa básica e indiscutible: el derecho a la huelga es sagrado, un pilar fundamental de las conquistas sociales y laborales. Sin embargo, en una democracia plena, el derecho a secundar el paro convive exactamente al mismo nivel con el derecho de quien decide trabajar, abrir su negocio, levantar la persiana o simplemente sentarse a tomar un café en libertad.
La libertad individual no consiste en obligar al prójimo a pensar o actuar de una determinada manera, y mucho menos en utilizar la intimidación, la amenaza o la confrontación física contra quienes deciden ejercer su labor con normalidad. Una huelga legítima se defiende con argumentos, propuestas y capacidad de convicción, no mediante la imposición o el amedrentamiento en la vía pública.
Cuando las protestas trascienden el cauce pacífico y se tornan agresivas, la sociedad entera retrocede. La libertad sindical no puede ni debe convertirse jamás en una obligación sindical de obligado acatamiento bajo coacción.
La jornada de hoy deja una lectura clara y necesaria: respeto absoluto para quienes deciden parar en defensa de sus reivindicaciones, pero exigencia rotunda de idéntico respeto para los trabajadores y autónomos que eligen no hacerlo. Porque la verdadera convivencia democrática no radica en la imposición de criterios por la fuerza, sino en la garantía institucional de que todas las posturas —incluso las divergentes— puedan expresarse y coexistir sin miedo.
