Greenpeace solicita información pública sobre los efectos de la contaminación de aguas subterráneas por cenizas y lodos tras los incendios

04/10/2026. Casavieja, Avila. SpainrPuerto del Alacran. Entre refugio Majamel y refugio Poyales. rrGreenpeace documenta los arrastres de lodos y cenizas del incendio de Burgohondo (Castilla y Le—n), uno de los m‡s graves de 2026 y el segundo de mayor superficie desde que existen registros, con 33.943 hect‡reas afectadas. La organizaci—n reclama medidas urgentes de estabilizaci—n durante el periodo de lluvias (diques, acolchados y estructuras provisionales) para frenar la erosi—n, evitar la contaminaci—n de cursos de agua y proteger el abastecimiento de agua potable.rr©Greenpeace Handout/Pedro Armestre- Restrictions: IMAGE AVAILABLE FOR DOWNLOAD BY EXTERNAL MEDIA UNTIL 13/10/2026. TERMS OF DELIVERY: NO THIRD PARTIES, NO RESALE, NO ARCHIVE, FOR EDITORIAL USE ONLY, NOT FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. CREDIT-LINE rCOMPULSORY.r

No basta con evaluar los daños sobre la vegetación y los suelos: es necesario conocer qué ocurre con las aguas superficiales y subterráneas y anticiparse a posibles afecciones sobre el abastecimiento.

Ante la grave situación de contaminación por cenizas y lodos que se está viviendo en las zonas incendiadas este verano y el pasado (1), Greenpeace reclama un plan de vigilancia y protección de las aguas tras los grandes incendios, con especial atención a las aguas subterráneas. La organización denuncia las importantes carencias de conocimiento y gestión de los efectos de los incendios en este recurso tan valioso y alerta de su contaminación. Por ello, elevará peticiones de información pública a las distintas confederaciones hidrogŕaficas y Administraciones competentes.

“Estamos viendo imágenes terribles de ríos de cenizas y lodo, noticias de pueblos sin agua, pero no vemos estudios de seguimiento y de investigación actuales para conocer el alcance de esta contaminación. El impacto visual de lo que pasa en la superficie es evidente, pero no cómo están afectando la devastación de estos incendios a las aguas subterráneas”, explica Mónica Parrilla, responsable de la campaña de Incendios de Greenpeace. “Estamos poniendo en riesgo nuestras reservas estratégicas de agua en un país cada vez más expuesto a la sequía, a los fenómenos extremos y a la contaminación. Y, sin embargo, seguimos sin disponer de suficiente conocimiento, vigilancia ni protocolos para protegerlas”.

Greenpeace señala que la protección del agua debe incorporarse como un objetivo específico de las políticas de prevención, gestión y restauración de los grandes incendios forestales. No basta con evaluar los daños sobre la vegetación y los suelos: es necesario conocer qué ocurre con las aguas superficiales y subterráneas y anticiparse a posibles afecciones sobre el abastecimiento. La organización recuerda que las aguas subterráneas son las reservas estratégicas de agua en un país con problemas de escasez hídrica y de contaminación (nitratos, pesticidas, etc.) y que su protección debe formar parte de una política integral frente a los grandes incendios forestales.

Incendios más graves, impactos más severos
De nuevo, meses (incluso más de un año) después de las llamas, se repite el arrastre de cenizas, de sedimentos y compuestos liberados por la combustión arrastrados por las lluvias hacia los ríos, embalses y acuíferos. Estos procesos modifican la calidad del agua, incrementan la turbidez y la concentración de nutrientes y otros contaminantes, y generan riesgos para los ecosistemas acuáticos y los sistemas de abastecimiento, con municipios sin agua potable. Greenpeace lleva años alertando de la urgencia de las medidas de estabilización de la emergencia para proteger los suelos y agua de los arrastres de cenizas, lodos y otros contaminantes del agua, así como otras medidas posincendio.

El año pasado, en Galicia, Castilla y León y Extremadura, las comunidades más castigadas por los incendios 2025, se registraron problemas de turbidez, colapso de captaciones y restricciones de consumo. Este año vuelven a repetirse. En comarcas como Valdeorras o Sanabria, los ríos se tiñen de negro tras las lluvias. El pasado 16 de noviembre, el pueblo de San Vicente de Leira (arrasado por los incendios 2025 en Ourense) se quedó aislado porque las lluvias derribaron la carretera. Tras las riadas del año pasado, vuelve el “chapapote de monte” y ahora el aislamiento. Esta localidad es una de las que Greenpeace visitó para la elaboración del informe Grandes incendios forestales en España: qué ocurrió en 2025 y qué debe cambiar. También en los incendios de este año, la organización documentó las zonas incendiadas y posteriormente los arrastres de lodos y cenizas del incendio de Burgohondo (Ávila), uno de los más graves de 2026 y desde que hay registros.

La contaminación silenciosa del agua potableLos grandes incendios forestales han evolucionado a episodios de alta intensidad, sus efectos también. Las consecuencias no terminan cuando se apagan las llamas sino que continúan durante años afectando a recursos esenciales que a menudo quedan fuera de los planes de emergencia y restauración: el agua superficial y subterránea.

La investigación científica ha demostrado que los efectos de los incendios sobre la calidad del agua pueden prolongarse mucho más allá de las primeras lluvias. Un estudio publicado en 2025 (2) analizó más de 100.000 muestras procedentes de 245 cuencas afectadas por incendios en el oeste de Estados Unidos. Sus resultados identificaron aumentos significativos de nitrógeno y sedimentos que podían persistir hasta ocho años después del fuego, así como alteraciones de carbono orgánico y fósforo durante los primeros años. Aunque el estudio se centra en aguas de cuencas y no permite extrapolar directamente sus resultados a todos los acuíferos, evidencia la importancia de mantener un seguimiento prolongado de la calidad del agua.

En España, hay muy pocas investigaciones que aborden el impacto de los incendios en las aguas subterráneas. En 2009, a raíz de la solicitud formal de la Fiscalía de Medio Ambiente, el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) abordó un estudio pionero (3) que identifica riesgos de contaminación y posibles alteraciones en la calidad y cantidad del agua. Reconoce que sus efectos reales todavía no están suficientemente cuantificados y que es necesario ampliar los estudios y el seguimiento de los acuíferos después de los incendios.

Las cifras recogidas por el IGME, correspondientes al periodo 2000-2017, estimaban que más de 933.000 hectáreas de masas de agua subterránea habían resultado afectadas por incendios, con un impacto económico teórico de 43,5 millones de euros. Tal y como afirma el IGME en su publicación, “una de las conclusiones más claras que aparecen es la evidencia del desconocimiento sobre la dinámica y la evolución de las propiedades físicas de los suelos afectados por incendios y la afección a las aguas superficiales y subterráneas. Se necesita una aproximación interdisciplinar y holística para entender la complejidad de estas interacciones y de las consecuencias hidrológicas a diferentes escalas”.

Esta falta de conocimiento resulta especialmente preocupante si se tiene en cuenta el estado de las aguas subterráneas en España. El 43,9% de las masas de agua subterránea no alcanza el buen estado global. (4).

Los incendios añaden una presión sobre un recurso hídrico que ya presenta un deterioro muy importante. Desde 2017, año en que concluye el estudio, se han producido incendios de una dimensión nunca vista y la realidad confirma la una evolución hacia incendios cada vez más extremos y devastadores por lo que esnecesario actualizar los datos disponibles. La evidencia científica apunta a un incremento de los incendios extremos a escala global (5) si no se adoptan medidas eficaces de mitigación, prevención y adaptación. Esta evolución, debido al cambio climático, más rápida de lo previsto, hace aún más urgente disponer de un diagnóstico actualizado que permita conocer la superficie de acuíferos afectada por los incendios recientes y evaluar sus consecuencias sobre la calidad del agua y sobre la cantidad de recurso disponible, especialmente en lo relativo a la infiltración y la recarga, cuyos efectos siguen siendo inciertos. 

El organismo también advierte de una limitación relevante: al no disponer de analíticas anteriores a los incendios para determinados compuestos, como los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), no puede establecer si su presencia ya existía antes del fuego o si se ha producido un incremento posterior. Esta circunstancia evidencia la importancia de contar con datos de referencia y redes de vigilancia adecuadas.Por ello, desde Greenpeace se están enviando peticiones de información pública a las distintas Confederaciones Hidrográficas.

Demandas de Greenpeace por competencias administrativas Junto con las propuestas (6) en materia forestal de Greenpeace para los partidos políticos que se presentan a las próximas elecciones el 29N, es urgente, establecer protocolos obligatorios de coordinación entre el MITERD, las confederaciones hidrográficas, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que definan responsabilidades, mecanismos de actuación conjunta, intercambio de información y financiación de las medidas de emergencia y seguimiento postincendio.

  • MITERD: Integrar el riesgo de incendios en la planificación hidrológica; elaborar un mapa estatal de vulnerabilidad e impulsar la investigación sobre los efectos del fuego en las aguas subterráneas.
  • Confederaciones Hidrográficas: Implantar muestreos preventivos y reforzar las redes de control de calidad y seguimiento de las aguas, garantizando su vigilancia durante al menos ocho-diez años; activar planes de emergencia para prevenir la contaminación y proteger captaciones y abastecimientos vulnerables.
  • Comunidades Autónomas: ejecutar obras y medidas físicas de estabilización de laderas y riberas como acolchados con paja, fajinas y barreras de contención, para evitar el arrastre de cenizas y sedimentos hacia los cauces y acuíferos, e incorporar la protección de las aguas superficiales y subterráneas a las políticas de prevención y restauración posincendio.
  • Ayuntamientos, entidades locales: Identificar y proteger las captaciones vulnerables, garantizar el suministro alternativo de agua potable e informar a la población sobre los riesgos de contaminación, coordinándose con las administraciones competentes para activar medidas de emergencia.
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