“Acompañamos a los vecinos porque los problemas con las okupaciones ocurren en muchos barrios. Solo piden vivir en paz y que se acabe con los delitos asociados, como robos o tráfico de drogas”, señala Lorenzo
El PP llevará al Pleno del Concello de A Coruña las reivindicaciones de las asociaciones vecinales relacionadas con inseguridad y okupaciones ilegales, tras la concentración celebrada en el día de ayer, convocada por las asociaciones vecinales de Elviña, Matogrande y Barrio de las Flores y secundada por otras como Sector 7-Someso, Martinete, Birloque, Orzán, Novo Mesoiro, Os Rosales u Os Mallos, entre otras.
El portavoz Popular, Miguel Lorenzo, acompañado por varios concejales, acudió a la concentración vecinal “acompañando a los vecinos de las distintas asociaciones que la convocaron porque estos problemas con las okupaciones ocurren en muchos barrios de la ciudad. Los vecinos solo piden vivir en paz y con tranquilidad y que se acabe con los pequeños y graves delitos asociados, como por ejemplo robos o tráfico de drogas”.
Lorenzo considera necesario, al igual que los vecinos, “más seguridad ciudadana, más policías municipales y nacionales, recuperar la Policía de Barrio y más coordinación entre administraciones”, por lo que reclama a Gobierno municipal y Delegación del Gobierno que abandonen su pasividad actual y adopten las medidas necesarias para devolver la seguridad a los barrios.
El Popular recuerda que su proyecto de ciudad incluía medidas de ámbito municipal para luchar contras las okupaciones ilegales, como:
- crear una ventanilla municipal de atención al ciudadano y un canal de comunicación con las víctimas directas y vecinos de inmuebles afectados.
- habilitar un teléfono municipal de denuncias de okupaciones, en conexión con la Policía municipal y aprobar un protocolo de actuación policial.
- denunciar desde el Ayuntamiento las okupaciones ilegales de las que tenga conocimiento y las defraudaciones de fluido eléctrico.
- llevar un registro municipal de viviendas okupadas, que prevenga cambios de contratos de suministro y de empadronamiento ficticios.
“El gobierno municipal no es consciente de los problemas que crean las okupaciones a los propietarios porque se las okupan, se las destrozan y tienen que hacerse cargo de pagar suministros, comunidad e impuestos; también problemas de convivencia en todo el edificio y, por supuesto en el barrio, sobre todo cuando son okupaciones que generan actividades ilícitas o se convierten en narcopisos”, afirma.