El diputado de Sumar y portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso, Enrique Santiago, detalla desde las puertas del Alto Tribunal el contenido de la querella, donde se atribuye a sus autores un delito de presunta prevaricación administrativa por convocar un pleno y emitir una resolución «arbitraria» e «ilegal» que excedían por completo de sus funciones
El Grupo Plurinacional Sumar ha interpuesto hoy una querella ante el Tribunal Supremo contra el presidente por sustitución del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, y los vocales conservadores del organismo, a quienes considera autores de un supuesto delito de prevaricación administrativa.
El diputado de Sumar y portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso, Enrique Santiago, ha sido el encargado de detallar esta mañana el contenido de la querella, junto a otros parlamentarios del mismo grupo, a las puertas del propio Supremo donde se ha registrado la querella, dirigida a su Sala de lo Penal.
En el escrito, que consta de 27 folios que incluyen un pormenorizado relato de los hechos denunciados y una abundante jurisprudencia para argumentar la actuación y las medidas que se solicitan, se advierte de la comisión de una «inaceptable intromisión» en la función legislativa del Parlamento y, en su caso, en la «iniciativa legislativa que constitucionalmente se reconoce a los grupos parlamentarios».
Esto se habría producido al autorizar y participar los querellados en un pleno extraordinario del CGPJ, celebrado el pasado día 6 de noviembre, en cuyo orden del día se incluía la adopción de una declaración institucional, sustituida luego por una resolución «ilegal», «arbitraria» y que excede las competencias de este organismo que regula la actividad de las personas miembros de la judicatura contra la Ley de Amnistía «que ni siquiera existía en el momento de sus adopción».
Además de contra Vicente Guilarte, la querella va dirigida contra los promotores de esta actuación, los vocales conservadores Wenceslao Francisco Olea, Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz y María Ángeles Carmona.
Entre otras cuestiones, Sumar atribuye a todos los/as promotores de las actuaciones denunciadas haberse arrogado atribuciones que son exclusivas del Tribunal Constitucional, al pronunciarse sobre una proposición de ley cuando el texto normativo ni existía, ni mucho menos estaba registrado en el Congreso.
Sumar advierte en su querella que la intención era mandar a la ciudadanía «un mensaje apocalíptico que sólo puede contribuir a una mayor crispación social», con más motivo cuando se le dotó de carácter institucional.
En concreto, la querella reproduce el texto de la declaración institucional incluida en el orden del día de la convocatoria del pleno del CGPJ del día 6 que ataca con dureza tanto a los partidos promotores como a la posibilidad de aprobar una ley de amnistía, que en ese momento negociaban entonces PSOE, Sumar, ERC y Junts de cara a investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Los vocales llegan a alertar que de salir esto adelante supondría la ‘abolición’ del Estado de derecho.
El texto de Sumar pone de relieve que los vocales conservadores del CGPJ llevan a cabo una actuación que «descalifica e imputa conductas gravísimas» al entonces presidente del Ejecutivo en funciones, que podrían ser calificadas como «desconsideración entre instituciones»», contradiciendo así incluso lo que marca el propio Consejo General en sus resoluciones previas respecto al Poder Judicial.
«Afirmaciones de extrema gravedad ajenas a su naturaleza jurídica y que convierten el acuerdo (…) en una actuación de crítica política partidista, desbordando de forma deliberada la naturaleza del órgano y del acto administrativo del acuerdo», se incide en la querella.
Para Sumar, en el mencionado pleno se excedieron sin rubor las funciones del órgano de gobierno de los jueces que, además, están limitadas al tener el mandato caducado. Además, se destaca que los vocales querellados actuaron desde su «deliberada voluntad de eludir» esa carencia competencial, pese a que son juristas con condición de autoridad estatal por formar parte de una de las principales instituciones del Estado.
Asimismo, resalta sobre el caso del presidente por sustitución del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, que su misión es velar para que todos los miembros se ajusten a las funciones del CGPJ, que en ningún caso incluye valorar «la conducta de otra autoridad del Estado», acuerdos políticos o «futuribles» normas.
Se recuerda también cómo uno de los vocales, el progresista Álvaro Cuesta, solicitó desconvocar el citado pleno tras advertir que era ‘improcedente’ e ‘ilegal’, y optó por no acudir una vez que se mantuvo se celebración.
El grupo Sumar entiende como querellante que la adopción y difusión del acuerdo «ha producido un grave perjuicio para el interés general y, con ello, un resultado materialmente injusto». Por su parte, los vocales promotores y firmantes de ese texto «han actuado con una sorprendente falta de rigor jurídico (dicho sea con el debido respeto) al pronunciarse acerca de una ley inexistente cuyo contenido desconocían».
Los querellados habrían contribuido así «a la polarización, acrecentando el conflicto social» por sus «graves e injustificables descalificaciones» a través de la «palmaria arbitrariedad» de la resolución adoptada.