«El actual mandato del CGPJ, insconstitucional e ilegalmente prorrogado, ha alcanzado cotas inimaginales para cualquier persona en sus cabales en el momento constituyente»
El título elegido por Perfecto Andrés Ibáñez, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo -ya jubilado-y director, durante treinta años, de la revista «Jueces para la democracia. Información y Debate», no dejaba lugar a muchas dudas: «Consejo General del Poder Judicial: la institución maltratada». Y sobre la historia, el pasado y el presente del órgano de gobierno de los jueces disertó esta tarde noche en A Coruña invitado por la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación.
En su intervención, la primera de las que componen el Ciclo de Conferencias 2024 que la RAGJYL organiza en colaboración con el Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña, el Ilustre Colegio Notarial de Galicia y ABANCA, Andrés Ibáñez señaló que desde la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 la institución en cuestión ha sido objeto de un tratamiento lamentable (en la legalidad y en la práctica) que «en la penosa experiencia del actual mandato, inconstitucional e ilegalmente prorrogado, ha alcanzado cotas que, en el momento constituyente, cualquier persona en sus cabales hubiera considerado inimaginables en un país de constitucionalismo avanzado».
Este jurista, que fue vocal del CGPJ, hizo un repaso histórico a la organización de la magistratura en nuestro país que, como en la generalidad de los países europeos, siguió el sistema napoleónico que integró a los jueces en una férrea estructura jerarquizada y vertical, según el modelo militar y dotándola de un vértice integrado y gobernado por el poder ejecutivo. De este modo, «la judicatura era, en la práctica, una rama más de la administración del estado; y la independencia no pasaba de ser la cobertura ideológica de una dependencia real», explicó.
Este régimen organizativo, indicó el experto, «es el que explica que en la terrible experiencia de los nazifascismos (como luego en las dictaduras latinoamericanas) los jueces siguieran dócilmente a los estados en su involución autoritaria, para —salvo escasas excepciones— integrarse de la manera más funcional en sus políticas directamente criminales».
Italia como ejemplo
El ponente, que fue presentado por el académico de número de la RAGJYL y también magistrado Julio Picatoste Bobillo, aludió en su intervención a la Asamblea Constituyente que alumbró la Constitución italiana de 1948, señalando que fue un momento de singular relevancia pues en ella se desarrolló una interesante reflexión crítica sobre el fenómeno descrito, para, por fin y a través de un riquísimo debate (por la pluralidad de las posiciones), dar con un modo alternativo de concebir el modelo de juez y la organización de la jurisdicción. Para Perfecto Andrés Ibañez el Consejo Superior de la Magistratura aparece dirigida a desgajar a esta del ejecutivo para hacer efectiva la independencia del juez; en Italia ha tenido una estimable ejecutoria durante decenios, aunque hoy no pase por su mejor momento.
Lo que no ocurrió en España, insistió, «en donde, por desgracia, la institución, ya en su primer desarrollo por ley de 1980 y, en particular, por el debido a la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, ha sido objeto de un tratamiento lamentable».
