España atraviesa un momento de ataque extraordinariamente grave a la unidad nacional, la convivencia entre españoles, la democracia y el Estado de derecho.
Nos encontramos en el inicio de un golpe de Estado contra España como el de 2017, ahora perpetrado directamente desde la Moncloa. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, es cómplice actual de los delincuentes responsables del golpe de Estado de Cataluña en 2017. Tras años de cesiones constantes y concretas a los partidos separatistas, Sánchez ya ha decidido perpetrar un acto de corrupción sin precedentes: que un político amnistíe a otro político a cambio de sus votos para mantenerse en el poder, atacando así gravísimamente a la unidad de España, la igualdad de todos los españoles y contraviniendo nuestro ordenamiento jurídico.
En efecto, la aprobación de la ley de amnistía para beneficiar al expresidente fugado de la Generalitat, Carles Puigdemont, y al resto de encausados o condenados por el golpe de Estado ocurrido en octubre de 2017, es una aberración jurídica sin precedentes en el ordenamiento jurídico español que borra no solo las penas, sino las conductas ilegales protagonizadas por delincuentes ya condenados. No se puede permitir que la amnistía se configure como contrapartida de una negociación política en un Estado democrático y de derecho como España.
