La importancia fundamental del Exequatur en España

Que vivamos en un mundo cada vez más global y en el que las fronteras sean más difusas o dispersas no es, en cambio, óbice alguno para que no se mantengan los marcos legales y la soberanía de los Estados para según qué elementos. El paso de una sentencia de un marco jurídico a otro y la validación del mismo depende de un proceso y de la figura del exequatur, un procedimiento legal para activar ese intercambio que debe ser llevado a cabo por profesionales conocedores de ese marco en cuestión. 

Dentro de un blog puede aprenderse y conocerse todo el proceso que se esconde o que rige detrás de ese marco concreto del Exequatur, con importantes matices a tener en cuenta antes de iniciar un proceso concreto. Puede definirse como el “procedimiento legal que permite reconocer y ejecutar en un país una sentencia judicial emitida en otro, necesario para que decisiones extranjeras como divorcios o resoluciones civiles tengan validez en el país en el que se solicita”. 

También esa relativa vigencia de las fronteras, o la importancia de los flujos migratorios a nivel global para modificar el marco laboral, hace del exequatur uno de los procedimientos más demandados para regularizar u oficializar diversos procesos llevados a cabo en otros Estados. La condición sine qua non es que cumpla ciertos requisitos legales y no contravenga el orden público español. La homologación, además, depende de si el Tribunal que emitió la sentencia pertenece o no a un Estado miembro de la Unión Europea. 

En caso afirmativo se trata de una homologación automática sin que sea necesaria la entrada del exequatur, además de ser válida en otros tres Estados: Islandia, Noruega y Suiza. No es válida, esa homologación directa, en los tribunales daneses, que gozan de un tratamiento especial. 

La solicitud más habitual para el exequatur en España ahora mismo tiene que ver con los tribunales de Latinoamérica, aunque esta figura también ha generado un amplio debate desde la salida de Reino Unido de la Unión Europea.

Las sentencias que suelen ser susceptibles del procedimiento en cuestión son sentencias firmes recaídas procedentes de procesos contenciosos, sentencias correspondientes con procesos de jurisdicción voluntarias, medidas cautelares y provisionales, cuando la denegación de su reconocimiento suponga una vulneración de la tutela judicial efectiva, y siempre que se hubieran acordado con audiencia de la parte contraria, así como laudos de árbitros o jueces mediadores en un conflicto.

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