Un reciente informe del Ministerio de Transición Ecológica, datado en noviembre de 2024 y que consta de casi 400 folios, efectúa una evaluación general del seguimiento de la directiva 91/676/CEE de CONTAMINACIÓN DEL AGUA POR NITRATOS UTILIZADOS EN LA AGRICULTURA en toda España durante el CUATRIENIO 2020-2023
En él hay algunos datos especialmente significativos. Un ejemplo, en la página 323 de ese texto se explicita que en el momento de la redacción del documento tres autonomías de las 19 comunidades o ciudades autónomas: “Galicia, Principado de Asturias y Cantabria no han designado todavía ZZVV”, o sea zonas vulnerables de nitratos. Ello es así pese a que hace años que podían haberlo realizado.
En ese detallado informe se remarca en alguna otra ocasión que Galicia es una de las pocas autonomías que aún no han realizado la definición exacta esas zonas vulnerables y la normativa subsiguiente a ellas, lo que dificulta, en algunos casos, una evaluación más precisa a nivel estatal por el Ministerio.
Así se especifica que: “De acuerdo con las directrices de la CE para este reporte, relativas al estado y tendencias del medio acuático y las prácticas agrícolas, se presenta una evaluación de la implementación e impacto de las medidas de los PA de las CCAA en España. No es una información sencilla de obtener por las CCAA. Las CCAA de Galicia, Principado de Asturias y Cantabria no han designado todavía ZZVV, por lo que se excluyen del análisis”, reza el informe.
Alarma generalizada
La inminencia de esa nueva norma (a publicar inicialmente a finales de mayo) y los efectos de su aplicación ya están provocando una gran alarma en todo el sector agroganadero gallego por sus posibles consecuencias económicas negativas para el futuro de muchas explotaciones.
En el amplio escrito del Ministerio, a través de la SECRETARÍA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE, se resalta que: “Galicia todavía no dispone zonas vulnerables declaradas por lo que no tiene un programa de actuación aprobado. Sin embargo, ya se está trabajando en la elaboración de uno para poder publicarlo de la forma más rápida posible a partir de la declaración de estas zonas vulnerables”.
Entre esas actuaciones a futuro se destacan algunas exigencias derivadas de la normativa europea sobre esta cuestión. “1ª Los aportes de nitrógeno de las distintas procedencias se harán en consonancia de las necesidades de los cultivos a las que van dirigidos. 2ª No se realizarán aportes de nitrógeno por encima de sus necesidades y en las épocas en que realmente se necesiten. Este programa incluirá de forma genérica aspectos tales como: la cantidad máxima aplicable al suelo o medidas de seguimiento y control o Medidas de divulgación”.
A raíz de esa declaración autonómica de zonas vulnerables se realizará más adelante, “una publicación de un nuevo Código de Buenas Prácticas Agrícolas adaptado a la declaración o clasificación de los fertilizantes u origen y cuantificación del nitrógeno o épocas en las que queda prohibido aplicar fertilizantes al suelo o la capacidad de almacenamiento de estiércol de las explotaciones o límites por cultivo de aporte de nitrógeno”.
Solo un 10% cumple buenas prácticas voluntarias
El informe del Ministerio de Transición Ecológica también calcula en la página 166 que. “Se estima que el porcentaje de explotaciones que aplican el CBPA con carácter voluntario, fuera de las ZZVV de la CA, es del 10%”. En resumen, esto representaría que el porcentaje de explotaciones gallegas que aplican el Código de Buenas Prácticas Agrícolas con carácter voluntario, fuera de las Zonas Vulnerables de la Comunidad (es decir el 100% del territorio gallego, al no haberse definido legalmente ninguna zona vulnerable) es de solo una décima parte del total.
La cercana normativa gallega, incluirá, en principio una limitación a un máximo de 170 Kg. de nitrógeno por hectárea y año en las fincas, con la posibilidad de cifras algo más severas en algunos cultivos específicos. Los agricultores deberán llevar un registro de todas las aplicaciones de abonos orgánicos y químicos.
Unos inspectores garantizarán que se cumplen los límites, unas visitas a explotaciones de ganadería y agricultura que podrá incluir análisis de tierras y aguas in situ.
A falta de concreción oficial, es factible que se puedan prohibir las aplicaciones en determinados meses del año de abonos orgánicos o químicos por parte de los profesionales del campo.
