El Centro Educativo Galén de Lugo, uno de los dos únicos de la ciudad que tienen jornada partida, ha generado controversia al expulsar a una alumna que denunció haber sido víctima de una agresión por parte de tres compañeros de clase. La decisión, sin precedentes en la comunidad gallega, ha suscitado indignación y ha puesto en el punto de mira el protocolo de actuación del colegio ante situaciones de violencia escolar.
La alumna sufrió una agresión el jueves anterior por parte de tres compañeros en el aula, durante la primera hora de la tarde. La familia de la alumna presentó una denuncia formal ante la dirección del centro, además de la pertinente denuncia ante la Policía, adjuntando el contundente parte de lesiones. La reacción, anómala a todas luces, de la dirección del centro fue comunicarle a la familia la expulsión de la alumna, argumentando que la situación «está a afectar significativamente á convivencia na aula (…)».El colegio informó a la Inspección de Educación de la Xunta de Galicia sobre su decisión, con el objetivo de «preservar la armonía en el centro». La decisión del colegio es considerada como algo sin precedentes en el ámbito educativo gallego. Esta situación cuestiona el protocolo de actuación del centro y de la propia Consellería de Educación ante situaciones de violencia escolar.
Sorprende el silencio de la Xunta y de la inspección escolar de Lugo, este caso podría sentar un precedente preocupante en la gestión de la violencia escolar en Galicia, generando un debate sobre la protección de las víctimas y la responsabilidad de los centros educativos.
La educación en Lugo está en barbecho con una situación que puede crear un precedente histórico en la educación, más allá del régimen por el que rija el centro, ya que la legislación a cumplir se da igual en centros de carácter público o privado, como es el caso. Los responsables de educación se supone que están para poner orden, en este caso, en la provincia de Lugo.
La decisión del colegio ha generado un fuerte rechazo, ya que se considera que se está penalizando a la víctima en lugar de a los presuntos agresores. La familia de la alumna ha manifestado su intención de emprender acciones legales contra el centro educativo y a la espera de si toma algún tipo de decisión sobre más personas que omiten sus funciones o de los vacíos del propio procedimiento. El régimen del centro, puede determinar algunas cuestiones en la admisión u otros factores, pero en ningún caso saltarse la legislación sin la documentación oportuna reglada. ¿Quién debería revisar la documentación de este centro? ¿Quién debería supervisar? El centro indicó que había informado a Inspección, ¿Entonces toman la decisión de manera unilateral?
El juntaletras de turno, que no tiene ni idea de la realidad, se atreve a juzgar la actuación del centro. Igual debería informarse antes de hablar y no dar por buena la versión (mentirosa) de la supuesta víctima. Espero que cuando se sepa la verdad rectifique sus palabras
Bravo Martín! Alguien tenía que decirlo. Increíble que cualquiera pueda contar lo que le dé la gana a un periodista y éste no contraste nada, a poquito que buscara… Lo de este artículo ya es de traca… Cuánto prejuicio!
El único periódico que se atreve a decir el nombre del centro educativo donde ocurrieron los hechos delictivos 👏👏👏