Tras meses de movilización y presión social, hoy se ha hecho público un acuerdo entre el Govern y los grupos de ERC, CUP y Comuns para tramitar un proyecto de ley que regulará los alquileres temporales y de habitaciones, y creará un cuerpo de inspectores de vivienda.
Desde el Sindicat de Llogateres queremos dejar claro que este acuerdo llega con más de dos años de retraso y recupera una regulación de los alquileres temporales y de habitaciones que el PSC tumbó el pasado julio. Si hoy se han visto obligados a moverse es gracias a las movilizaciones masivas en las dos grandes manifestaciones de este curso y frente al desahucio de Casa Orsola, donde precisamente se querían hacer alquileres temporales. Ante las graves consecuencias que está generando el uso especulativo de los alquileres temporales y de habitaciones, el mensaje es claro: basta de mirar hacia otro lado. O se planta cara al negocio inmobiliario o el conflicto por la vivienda se los llevará por delante.
El acuerdo recoge dos demandas que llevamos semanas poniendo sobre la mesa. Por un lado, la regulación de los alquileres temporales y de habitaciones servirá para evitar el fraude y que se puedan esquivar las regulaciones que protegen a las inquilinas: la limitación de precios en zonas tensionadas, la prohibición de cobrar honorarios de agencia, los contratos de corta duración o el cobro de fianzas abusivas y gastos adicionales. El acuerdo establece que se aplicarán las normas previstas para los arrendamientos de vivienda habitual —que contienen todo un conjunto de derechos y protecciones para los inquilinos— a todos los contratos, excepto aquellos en los que se pueda demostrar que el arrendamiento tiene una finalidad recreativa. Por otro lado, la creación de un cuerpo de inspectores de vivienda es imprescindible para hacer cumplir la ley, persiguiendo de oficio los fraudes en materia de vivienda.
Desde el Sindicat exigimos que no se pierda ni un día más. Esta regulación ya debería haberse aprobado hace tiempo: la Ley de Vivienda es de mayo de 2023 y hace tiempo que señalamos este agujero. La situación es urgente y no admite más dilaciones. La tramitación de este acuerdo debe ser lo más breve posible.
En cambio, la prórroga de la calificación de la vivienda de protección oficial no da respuesta a la situación que viven los inquilinos en huelga de alquileres contra La Caixa. La prórroga de la fase concertada no obliga a hacer contratos de alquiler a estos vecinos, sino que sigue permitiendo a InmoCriteria echarlos o forzarlos a endeudarse (si pueden) para seguir viviendo en sus casas, construidas con fondos públicos. La principal reivindicación de esta huelga sigue siendo que los pisos pasen a manos públicas. Es necesario garantizar que ninguna familia inquilina de viviendas protegidas, como las afectadas por el fin del alquiler obligatorio en pisos de La Caixa, pueda ser desahuciada.
Además, recordamos que las movilizaciones de las últimas semanas reclamaban mucho más de lo que recoge este acuerdo. Es necesario bajar el precio de los alquileres un 50%, necesitamos contratos indefinidos, hay que prohibir las compras especulativas y construir un parque de vivienda protegida 100% pública. En definitiva, si queremos que la vivienda sea un derecho, tiene que dejar de ser un negocio. Este acuerdo es solo un paso. Nosotras seguiremos organizadas y movilizadas hasta ganarlo todo.
