El TSJ del País Vasco, órgano competente en el desmantelamiento de la Guardia Civil en dicho territorio
JUCIL celebra la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de declararse competente para estudiar el recurso interpuesto contra la cesión de competencias en materia de seguridad portuaria a la Ertzaintza. Esta resolución, dictada mediante auto el 11 de julio de 2025, supone un avance crucial en la batalla jurídica que la asociación mantiene para frenar el desmantelamiento progresivo de la Guardia Civil en comunidades como el País Vasco y Cataluña.
Este paso desbloquea un procedimiento que había quedado paralizado por la disputa sobre la competencia del tribunal. JUCIL sostuvo desde el inicio que este órgano era el competente y el tribunal ha respaldado esta posición.
La tesis de JUCIL es que la cesión de funciones propias de la Guardia Civil se ha realizado sin garantías de transparencia, sin diálogo institucional y con claros indicios de ilegalidad. La asociación denuncia que estas decisiones, adoptadas por acuerdos políticos sin rango de ley, vulneran el marco constitucional y erosionan el modelo de seguridad pública nacional.
Frente a la pasividad de la Dirección General de la Guardia Civil, ha sido JUCIL quien ha asumido la iniciativa jurídica, soportando presiones y desgaste institucional, porque considera que decisiones de este calado deben tomarse con rigor, respeto a la legalidad y sin poner en riesgo la presencia del Cuerpo en ningún punto del territorio español. Son reiterados los intentos de que se inadmita este recurso, ante el temor que una decisión sobre el fondo pueda ser favorable una vez más a JUCIL.
JUCIL no tira la toalla. La organización reafirma su compromiso con la defensa de la Benemérita como garante del Estado en todo el territorio nacional y advierte, especialmente en comunidades como las ya mencionadas donde se observa una tendencia preocupante de retirada progresiva de efectivos, de que la seguridad ciudadana no puede convertirse en moneda de cambio y las decisiones sobre el tema no pueden comprometer la seguridad en infraestructuras estratégicas por meros intereses políticos. La Guardia Civil debe seguir presente en puertos, aeropuertos.
La asociación continuará su batalla jurídica y social en defensa del papel esencial de la Guardia Civil como pilar fundamental del Estado para evitar que se consumen cesiones que lo debiliten y pongan en riesgo la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
