En la siempre sorprendente Galicia, en este caso, es Carral, un vecino pueblo de A Coruña, donde la modernidad parece convivir con ecos de un pasado que se resiste a ser solo historia. Mientras algunos pregonan avances y derechos, la realidad cotidiana nos ofrece un espectáculo de contrastes dignos de una tragicomedia, donde la fachada lo es todo y la acción, un mero adorno.
Tomemos, por ejemplo, el caso del alcalde de Carral, Javier Gestal. Un edil, según cuentan, de verbo fácil y consejo certero. Recibe a los vecinos con la afabilidad de un buen pastor, reparte sabiduría a diestro y siniestro. Pero, ¡ay!, su gestión se asemeja sospechosamente a esos sepulcros blanqueados de la Biblia: por fuera, impolutos; por dentro, la nada misma. Una escenografía perfecta para la foto, pero que deja entrever una preocupante inacción, una habilidad innata para eludir la sustancia en favor de la pura apariencia.
Y qué decir de la figura sindical. Un representante de la CIG, cuya dieta de gambas es un misterio insondable, pero cuya chaqueta de sindicalista le queda, al parecer, «muy amplia». No es cuestión de opulencia, sino de talla. Una holgura que sugiere una cierta incomodidad para ajustarse a los problemas reales, una distancia entre el cargo y la trinchera. Mientras la retórica se eleva, los problemas de los trabajadores parecen encontrar un eco demasiado débil en ese vasto espacio de tela. Es triste estar afiliado a un sindicato y cuando llega la hora de la verdad, hay que aligerar el bolsillo para pagar a un abogado externo.
Luego está la concejala de Servicios Sociales, Inmaculada Mantiñán. Parece que ha olvidado que su puesto no es un favor del Ayuntamiento, sino una responsabilidad delegada por los propios vecinos para que vele por ellos y solucione sus problemas. Una desconexión que subraya la tendencia a priorizar el sillón sobre el servicio.Se les llena la boca cuando dicen que ellos luchan por la gente, será delante de un repleto plato de marisco regado con un buen vino de las Rias Baixas.
Pero la joya de la corona, la que nos devuelve a un pasado que creíamos superado, la encontramos en la empresa asturiana Azvase SL (porque, claro, en Galicia, parece que de empresas, ni rastro). Si ganó el concurso del SAD «en buena lid», ¡bienvenida sea! La competencia es sana, dicen. Sin embargo, su aterrizaje en nuestra tierra ha sido con una patada a la legislación y un desprecio a la dignidad humana. Hablamos del despido de una persona, dejándola en la calle y, para más escarnio, negándole la documentación esencial para acceder al paro y poder alimentar a su familia. Y como colofón, la cereza del pastel: la vigilancia y la intromisión en su intimidad.
De la Inspección de Trabajo, buenas palabras y pocas acciones, se han convertido en una «sociedad» recaudatoria sancionando a las empresas que no cumplen, pero desamparando a la trabajadora.
Uno podría pensar que los tiempos han cambiado, que hemos evolucionado. Pero, a la vista de estas prácticas empresariales, no podemos evitar la punzante conclusión: las formas de actuar de algunos empresarios no han evolucionado desde 1936. Una afirmación que, lejos de ser una hipérbole, parece una cruda realidad.
El último recurso ha sido acudir a la Valedora do Pobo, Es de esperar que esta institución, cuya razón de ser es precisamente la defensa de los ciudadanos frente a la administración y la protección de sus derechos, interceda y justifique el nombre que lleva, actuando con la celeridad y la contundencia que la situación requiere. La confianza está depositada en que su intervención pueda restaurar la justicia donde otros la han negado, garantizando el acceso a las ayudas y la documentación necesarias para seguir adelante.
Así, entre alcaldes de cartón piedra, sindicalistas con vestuario desajustado, concejalas olvidadizas y empresas con métodos decimonónicos, Carral avanza. O al menos, lo intenta. Porque, a veces, la cortina de humo es tan densa que apenas nos deja ver el camino.
La historia es la de una trabajadora que le niegan el pan y la sal, y no es una metáfora. Le han despedido del trabajo sin justificación alguna, arrebatándole no solo un salario, sino la dignidad de ganarse la vida.
En un abrir y cerrar de ojos, la estabilidad se desvaneció. Las promesas se convirtieron en silencios, los derechos en papel mojado. Y lo más doloroso es sentir cómo te niegan el acceso a aquello que te permitiría seguir adelante: el derecho a un despido justo, a la documentación que te abre las puertas, a una mínima ayuda. Es como si el sistema, aquel que debería protegerte, te cerrara todas las vías de escape, dejándote a la deriva.
La vulnerabilidad de quien se ve sola ante el abuso, la desesperación de no poder llevar el sustento a casa, la ha convertido en una leona que lucha por sus derechos. Le han quitado el trabajo, sí, pero lo que más duele es la sensación de que, al hacerlo sin razón ni piedad, es quienes deberían velar por la legalidad o por los vecinos, se ponen de perfil ante una empresa que, sin justificación, despide a una trabajadora que se encontraba enferma.
Esta es la realidad contrastada con documentación
Me pongo en contacto con usted de manera desesperada ante la grave situación tan injusta que se está produciendo con un despido ilegal y sin ningún tipo de motivos justificados que me han hecho desde la empresa Azvase SL, adjudicataria del servicio de ayuda a domicilio del concello de Carral, A Coruña. Expongo:
Soy trabajadora de SAF del Ayuntamiento de Carral. Desde el 23/05/2023 estuve en situación de IT (adjunto parte de baja) y desde entonces no se cubre este puesto aunque se exige en los pliegos. El 16/01/2025 soy subrogada en la empresa Azvase SL después de una licitación y el 09/06/2025 recibo un burofax de dicha empresa con un despido disciplinario con fecha 06/06 (adjunto documentación despido), basándose en el marco del convenio estatal cuándo por contrato y en los pliegos sacados para la licitación se exige aplicar el convenio colectivo gallego lo que hace que sea un despido totalmente ilegal, además por motivos que no solo NO son motivo de despido, sino que me los pautan los especialistas en mi vida diaria como por ejemplo acompañar a mi hija a la parada del bus o estar en un parque. Insisto en que este despido lo han hecho estando yo en situación de IT y a la espera de valoración por parte del INSS, el 06/06 la empresa me da de alta y de baja en la seguridad social, cortándome así el cobro de la prestación por incapacidad.
El 07/07 recibo el alta médica y el 08/07 tengo un acta de conciliación con la empresa sin avenencia (adjunto documento), me dan cita el 17/07 con el SEPE para solicitar el paro y tampoco puedo hacerlo porque la empresa se niega a entregar el certificado de empresa por lo que me encuentro en situación desesperada sin mi puesto de trabajo y sin ingresos, afectándome mucho a mi estado de salud con ansiedad y subidas de tensión además tuve que contratar los servicios de un abogado privado debido al caso omiso de todos aquellos que pueden tomar cartas en este asunto como en el caso de la concejala de servicios sociales, Inmaculada Mantiñan y el sr alcalde Javier Gestal, me he reunido con él y le he expuesto con documentación el grave incumplimiento de contrato por parte de la empresa contratada por el concello y a día de hoy no tengo noticias por lo que suplico alguien me ayude.
