El Partido Popular de Arzúa ha presentado una solicitud formal al Ayuntamiento para reclamar información y exigir actuaciones urgentes en relación con varias pintadas y grafitis de contenido político realizadas en las últimas semanas en bienes municipales y otros espacios públicos de la villa. Ninguna de estas intervenciones parece contar con la debida autorización administrativa, tal y como exige la normativa vigente.
Entre las actuaciones denunciadas destaca la realizada el pasado 17 de julio, promovida por Galiza Nova y con la participación del propio concejal de Juventud e Infancia, Daniel Moscoso Sixto, miembro del grupo de gobierno del BNG. Esta pintada, como otras anteriores, supuestamente no cuenta con memoria de actuación, autorización previa ni pago de la tasa correspondiente, por lo que constituiría una infracción grave según la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano y la Ley del Suelo de Galicia.
El portavoz del grupo municipal popular, Rafael Rivadulla, lamenta «la absoluta impunidad con la que actúan miembros del gobierno local», señalando que «resulta intolerable que un concejal participe en hechos que vulneran la legalidad, especialmente cuando es responsable de un área municipal como Juventud y Nuevas Tecnologías, llamada a educar en el respeto a la convivencia y al espacio público».
Además, añadió: «No hablamos de un hecho aislado. Hay pintadas sin autorización en múltiples puntos de la villa, algunas desde hace meses o incluso años, mientras el Ayuntamiento acumula licencias de vecinos pendientes desde hace más de 4 años. Esto demuestra una doble vara de medir que no podemos aceptar».
El PP de Arzúa exige:
- La retirada inmediata de las pintadas ilegales.
- La apertura de expediente sancionador a los autores, incluido el concejal Daniel Moscoso.
- La reposición de los bienes públicos a su estado original, conforme a la ley.
- Y una explicación pública por parte del alcalde de Arzúa, que, conociendo los hechos, «miró para otro lado, actuando como cómplice por omisión», en palabras de Rivadulla.
El grupo popular recuerda que, según la normativa local y autonómica, estas actuaciones pueden suponer sanciones económicas y la obligación de reposición del daño causado, especialmente cuando se trata de bienes públicos y se acredita reincidencia.
