Vivimos tiempos en los que todo parece desechable, incluso la verdad. Pero hay límites que, si se cruzan con ligereza, ponen en entredicho no solo la ética individual, sino la dignidad colectiva de toda una sociedad. Mentir en el currículum de un político, de un responsable de cargos públicos o incluso de cualquier profesional, ya sea en el ámbito público o privado, no es un simple desliz. Es un fraude. Y, como tal, debería conllevar consecuencias claras, inmediatas y severas. Quién miente sobre su formación académica, especialmente para acceder a cargos públicos o ganar concursos financiados con dinero público, debe ser suspendido de forma inmediata, obligado a devolver todo lo percibido indebidamente y responder penalmente por ello.
Tratar este tipo de comportamiento con indulgencia, dejando que se resuelva con disculpas vagas y un puñado de acusaciones cruzadas entre partidos, es, en primer lugar, despreciar el esfuerzo de quien realmente ha estudiado. Es burlarse del sacrificio personal, familiar y económico de quienes han obtenido legítimamente sus títulos académicos. En segundo lugar, es lanzar el mensaje de que mentir compensa, sobre todo si la mentira es lo suficientemente grande y descarada como para normalizarse. Y lo más grave es que esto no es un caso aislado. Es un patrón. Un patrón que se repite porque los partidos, en lugar de afrontar el problema con transparencia y determinación, prefieren señalarse unos a otros. Nos distraen con teatrillos de acusaciones mutuas mientras, en los despachos, todo sigue igual que siempre. La verdad es que no hay coraje político para limpiar la casa, quizás porque no interesa que la casa esté limpia. Tal vez prefieran mantener al pueblo embrutecido, desconfiado y convencido de que estudiar no sirve de nada. Porque quien miente, asciende más rápido. Y esa es, quizá, la marca de su propia incompetencia, una de las causas del colapso del sistema.
Esta podredumbre no es solo una herida en la política. Es el síntoma de otras enfermedades sociales profundas, como el abandono escolar, la falta de interés por la formación continua o la mediocridad instalada en muchas posiciones de liderazgo. Porque si los títulos académicos pueden falsificarse sin consecuencias, ¿qué sentido tiene estudiar? ¿Qué motivación puede tener un joven para esforzarse, si ve a mentirosos premiados con cargos, focos y aplausos? Es urgente restaurar el valor de la verdad. Es urgente proteger la dignidad del recorrido académico. Es urgente regular el mercado de los títulos y acabar con las entidades sin ninguna credibilidad que los venden como si fueran simples certificados de asistencia. Y, sobre todo, es urgente que los políticos honestos, los que realmente estudiaron, se levanten sin miedo y digan basta. Porque si no lo hacen, estarán consintiendo. Y quizá, solo quizá, algunos ya hayan comprendido que mantener una sociedad ignorante es el camino más fácil para seguir en el poder. Estudiar bien requiere esfuerzo. Mucho esfuerzo. Cuesta tiempo, dinero, sacrificio. Quién miente sobre ello, roba más que un título, roba el valor de la verdad. Y cuando eso sucede, no es solo una mentira en el «Curriculum Vitae». Es una mentira en el corazón de un país.
