La crisis sanitaria generada por la gestión «insensible» e «irresponsable» en la sanidad andaluza ha colocado al presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, en una encrucijada política. A pesar de las disculpas tardías y genéricas, el presidente se niega a asumir la responsabilidad política última, protegiendo a la consejera, cuya gestión está en el ojo del huracán y negando la verdadera magnitud del desastre.
La inacción del Gobierno andaluz contrasta duramente con el dolor y la incertidumbre de las mujeres afectadas. Las preguntas son sencillas y urgentes: ¿cuándo se les repetirán las pruebas? ¿Quién garantiza que no habrá más retrasos? ¿Qué protocolos se cambiarán para evitar que esta negligencia se repita? La respuesta por parte de la Administración es, hasta ahora, el silencio o la evasión.
Como bien expresó Ángela Claverol, presidenta de Amama, la plataforma de afectados: «No venimos a hacer política, venimos a que se arregle». Esta frase resume el sentir de una sociedad que solo pide soluciones concretas, no maniobras políticas.
El principal activo político de Moreno Bonilla desde su llegada al poder ha sido su imagen de moderación y «buen gestor». Esta crisis, marcada por la calificación de «insensible» e «irresponsable» a la gestión de su consejera, socava gravemente esa percepción. La negativa a destituir a la responsable directa, sumada a unas disculpas genéricas, convierte el error de gestión en un déficit de liderazgo. Esto podría erosionar la confianza incluso entre votantes que valoraban su estabilidad frente a los anteriores gobiernos socialistas.
La negación a dimitir o a destituir a los responsables directos se percibe como un acto de impunidad. En un sistema democrático digno, la única reparación que iguala la gravedad del fallo es la dimisión de aquellos que, por acción u omisión, permitieron que esta situación sucediera. Moreno Bonilla tiene ante sí la decisión de priorizar la estabilidad de su gabinete o de ofrecer a la ciudadanía andaluza la reparación política que merecen.
