Las versiones oficiales están salpicadas de contradicciones. Son bien conocidas las «mentiras contadas» por el entonces Director General de la Marina Mercante, López Sors, y por el Director del CECOPS, Arsenio Fernández de Mesa. Resulta difícil de comprender cómo un Ingeniero Naval como López Sors pudo obviar las fatigas del acero de un buque a sabiendas de que estaba sobrecargado con agua de mar. Sin embargo, la máxima autoridad en el CECOPS era el Delegado del Gobierno, Arsenio Fernández de Mesa, cuya experiencia técnica era nula.
La actuación del Ministro de Fomento, Álvarez-Cascos, se ha percibido como una «tomadura de pelo permanente» a la ciudadanía, tanto en sus declaraciones públicas como en sede judicial. Sus afirmaciones en el juicio, asegurando haber aplicado el Plan de Contingencias, se han demostrado falsas. Álvarez-Cascos llegó a manifestar que los daños «fueron inevitables», y con una cínica analogía, que «los culpables de las mojaduras no son los paraguas, sino el agua».
Es inexplicable que el máximo responsable del Ministerio se encontrara de caza en los Pirineos el fin de semana posterior al accidente, mientras su Delegado del Gobierno en Galicia ordenaba el alejamiento sin inspección ni contemplación alguna. La prueba principal de la culpabilidad de los gestores —el ordenador de a bordo— fue obviada por los jueces, desdibujando la responsabilidad.
Los jueces, a lo largo de sus sentencias, parecieron entrar en la misma dinámica que los gestores, dando validez a peritajes y testificales ajenos a la realidad de los hechos, con el objetivo de «alejar del Estado cualquier responsabilidad». El proceso careció de sentido al juzgar a tripulantes por delitos imposibles de cometer por ellos.
La copia del ordenador existente en Houston, la documentación del Código ISM del buque, los testigos presenciales a bordo, los inspectores de ABS y el Auditor del Bureau Veritas, que emitió el «Document of Compliance», eran las pruebas definitivas. Con ellas, los jueces hubiesen podido realizar su trabajo con acierto en menos de cinco años y con mejores resultados para España.
Hoy, 23 años después, la realidad es amarga: los costes millonarios de los juicios internacionales perdidos en Nueva York y Londres corren a cargo del erario público, o sea, a nuestro bolsillo, vía impuestos. Los culpables y responsables del desastre, fueron recompensados como héroes y ascendidos a puestos relevantes (Medalla de Oro de Galicia, Director General de la Guardia Civil, Capitán marítimo de A Coruña….) 269 afectados siguen pendientes de cobro y, lo más grave, el mar, el medio ambiente y nuestras costas, castigados por el chapapote y por gestores españoles que incumplieron la Ley.
Álvarez Cascos «torea» en el Congreso de los Diputados.
El mismo 13 de noviembre de 2002, el Director General López Sors contactó con la empresa REMOLCANOSA (propiedad del Sr. Cañizares), operadora del remolcador Ría de Vigo, para recordarle su contrato de servicio público 24 horas con SASEMAR (Salvamento Marítimo).
A pesar de esta obligación, el remolcador se acercó al Prestige y, presuntamente, esperó a formalizar un doble contrato con el Armador para asegurar el cobro por dos vías: como remolcador particular y como unidad de Salvamento Marítimo. No cabe duda de que su contrato particular fue cobrado poco después del hundimiento del buque.
Posteriormente, el 11 de diciembre de 2002, el Ministro de Fomento, Álvarez-Cascos, informó en sede parlamentaria de la apertura de un expediente sancionador a la empresa propietaria del remolcador Ría de Vigo. Esta declaración resultó ser una burla a sus señorías, pues hasta el día de hoy nadie tiene constancia de la existencia o resolución de dicho expediente.
Además, tan solo unos días después de anunciar la apertura del expediente, el Gobierno renovó el contrato de SASEMAR con el Ría de Vigo por un año más, a cambio de una suma superior a 1,3 millones de euros.
La Medalla de Galicia
La concesión de la Medalla de Oro de Galicia al Sr. Álvarez-Cascos por el entonces presidente Manuel Fraga, basándose en su «gran actuación» durante el caso Prestige, se considera una afrenta a la justicia y a la memoria. Lo mínimo que se podría esperar es que el actual Presidente de la Xunta, Sr. Rueda, promueva la retirada de esta condecoración a quien fue uno de los máximos responsables del desastre.
