El Ejecutivo desbloquea la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) avalada por 700.000 firmas tras un acuerdo que busca dar respuesta a una realidad social «existente y necesaria».
El Consejo de Ministros ha dado hoy luz verde al inicio de la tramitación de un Real Decreto de regularización extraordinaria para personas extranjeras que ya residen en España. Esta medida supone el desbloqueo definitivo de una demanda social que permanecía paralizada en el Congreso y que cuenta con un apoyo parlamentario casi unánime.
Desde el Ejecutivo han subrayado que el objetivo principal es «poner en el centro a las personas», otorgando derechos plenos y seguridad jurídica a miles de ciudadanos que ya forman parte del tejido social y económico del país, pero que carecían de estatus legal.
Un mandato ciudadano con amplio consenso
El Real Decreto no es solo fruto de un acuerdo político interno entre las fuerzas de la coalición, sino que responde directamente a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que recogió más de 700.000 firmas de apoyo ciudadano.
Cabe recordar que la toma en consideración de esta medida en las Cortes contó con el respaldo de 310 votos a favor frente a solo 33 en contra, lo que refleja un consenso transversal que incluye a la práctica totalidad de los grupos parlamentarios, a excepción de Vox.
Claves de la medida:
- Seguridad Jurídica: Se busca formalizar la situación de personas que ya viven y trabajan en España, permitiendo su plena integración administrativa.
- Impacto Social: La medida garantiza el acceso a derechos básicos y refuerza la cohesión social al eliminar la vulnerabilidad que supone la situación de irregularidad.
- Procedimiento: El inicio de la tramitación de este Real Decreto marca el camino para establecer los criterios y plazos en los que se llevará a cabo el proceso de regularización.
«Estamos ante una suma de voluntades que permite dar una respuesta humana y eficaz a un mandato que llevaba meses esperando en el cajón», han señalado fuentes gubernamentales, destacando que esta acción sitúa a España a la vanguardia de las políticas de integración basadas en los derechos humanos.
