La Asociación reclamó mecanismos para financiar tratamientos vitales no listados tras la negativa de Defensa a costear la medicación de un militar con sarcoidosis pulmonar
La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) denunció públicamente el pasado mes de diciembre la crítica situación sanitaria del cabo Iván Iglesias, destinado en la Unidad Militar de Emergencias (UME), a quien el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) le había denegado la financiación de un tratamiento imprescindible. El militar padece sarcoidosis pulmonar persistente, una patología que ha reducido su capacidad respiratoria al 50%. Ante la ineficacia de los tratamientos convencionales, sus especialistas prescribieron el fármaco Adalimumab para evitar una fibrosis pulmonar irreversible, cuyo coste de 1.200 euros mensuales resultaba inasumible para el cabo.
Ante esta situación, ATME intervino mediante misivas dirigidas a la Ministra de Defensa y una propuesta al Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. La Asociación solicitó una solución urgente y humanitaria para este caso específico, además de proponer formalmente al ISFAS la creación de mecanismos permanentes que permitan financiar tratamientos no recogidos en el listado oficial. ATME demandaba que, siempre que existan informes médicos que acrediten la necesidad vital y la ausencia de alternativas, prevalezca el derecho a la salud sobre las «trabas burocráticas».
Por su parte, el ISFAS ha fundamentado su negativa en criterios estrictamente técnicos y normativos. Según la respuesta oficial, el fármaco Adalimumab solo se financia para las patologías recogidas en su ficha técnica aprobada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, entre las cuales no figura la sarcoidosis. La administración ha confirmado que tanto la Subdirección de Prestaciones como la propia ministra de Defensa han desestimado los recursos interpuestos, alegando que el uso de este medicamento para dicha indicación no cuenta con aprobación para su financiación pública por parte del Ministerio de Sanidad.
Entre la necesidad vital y la rigidez administrativa
El contraste entre las propuestas de ATME y la respuesta recibida evidencia una brecha preocupante en la protección social de los militares. Mientras ATME propone mecanismos para abordar casos excepcionales basados en la necesidad vital del paciente, la administración se limita a aplicar la normativa de forma literal, ignorando la falta de alternativas terapéuticas para el afectado.
Resulta paradójico que el sistema financie el mismo fármaco para otras enfermedades y lo deniegue en este caso, poniendo en riesgo la continuidad profesional del cabo, quien tras 15 años de servicio podría no superar las pruebas físicas necesarias para su permanencia en las Fuerzas Armadas debido a su deterioro de salud.
La Asociación lamenta que un «servidor público vea peligrar su salud» por una interpretación restrictiva de las normas y asegura que seguirá luchando por una sanidad militar que no deje a nadie atrás ante enfermedades raras o tratamientos no listados.
