El análisis de las propuestas de Cuca Gamarra revela puntos de encuentro y discrepancias con las reivindicaciones de ATME
Durante su intervención en el I Observatorio de la Defensa, organizado por El Español, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha definido la hoja de ruta de su formación para las Fuerzas Armadas, situando al capital humano como el eje vertebrador de la modernización militar. La postura oficial del partido sostiene que el ambicioso plan de inversión en defensa, valorado en unos 60.000 millones de euros, no debe limitarse exclusivamente a la adquisición de material y tecnología, sino que debe «sincronizarse» obligatoriamente con una mejora sustancial en las condiciones de vida y retribuciones de los militares.
El compromiso del principal partido de la oposición se centra en una reforma que abarca desde la actualización de las nóminas, con especial atención a los escalafones más bajos, así como sus condiciones de vida tales como las cuestiones de movilidad geográfica, la conciliación o la vivienda. Gamarra ha anunciado la intención de revisar tanto la Ley de Carrera Militar como la Ley de Tropa y Marinería, para que España tenga unas Fuerzas Armadas “dinámicas, profesionales, motivadas, formadas y cuidadas”.
En definitiva, el partido busca situar a las personas como las “claves” para el futuro rearme de España y cree que hay que “hacer pilotar” ese futuro de las Fuerzas Armadas en los recursos humanos porque “necesitamos mujeres y hombres bien formados y reconocidos, donde el mérito y la capacidad se reconozca bien”.
Al contrastar este anuncio con las reivindicaciones que la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) defiende de manera constante, se observa una convergencia en el diagnóstico, aunque persisten matices sobre la ejecución que no quedan claros. La coincidencia más evidente reside en la actualización de las retribuciones. ATME ha denunciado reiteradamente que los militares son el personal peor remunerado en comparación con el resto de los servidores públicos. El compromiso de Gamarra de usar parte de los 60.000 millones para este fin responde directamente a la exigencia de la asociación de que no haya «cañones sin soldados» o, al menos, no sin soldados dignamente pagados.
Sin embargo, para ATME, esta mejora de la cual no se ofrecen cantidades debe ser producto de un nuevo reglamento de retribuciones que asemejen los sueldos al resto de la función pública y se retribuyan las horas que excedan de la jornada laboral. En cuanto a la modificación de las leyes de personal, el PP habla de hacerla más «dinámica», mientras que ATME es mucho más taxativa en su solicitud de una Ley de Carrera Militar Única.
La asociación busca eliminar la temporalidad que obliga a miles de militares de tropa a abandonar las Fuerzas Armadas a los 45 años, una cuestión de «estabilidad profesional» que Gamarra menciona tangencialmente pero que los militares de tropa y marinería exigen ver traducida en el fin del modelo de compromiso temporal, sobre todo en un momento en que los problemas de captación se empiezan a ver en las unidades.
