El Alcalde de Agolada informó en el último pleno de que los promotores de la planta de biometano abandonaron el proyecto, noticia que recibimos con alivio, pero también con cautela, puesto que en otros pueblos las empresas promotoras anunciaron su renuncia para calmar la oposición social y retomar posteriormente el proyecto. Por lo tanto, permaneceremos alerta hasta asegurarnos de que el proyecto está muerto y enterrado.
Si finalmente se confirma que las empresas vinculadas al fondo de inversión de MAPFRE desisten de su intención de ser los verdugos de Agolada, será gracias a los propietarios de los terrenos que se negaron a vender, a la importante oposición vecinal y al apoyo de organizaciones como Stop Ganadería Industrial, Stop Biogás España, Ecoloxistas Galicia Atlántica e Verde, Berce do Ulla, ADEGA, SLG, Elas Eles, …
Por supuesto sigue en pie nuestra solicitud para que el Concello de Agolada lleve a cabo la modificación de las normas subsidiarias para regular de forma restrictiva la implantación de este tipo de industrias en el municipio, tal y como se aprobó en el pleno de la Corporación del 9 de diciembre.
Esta modificación, que están llevando a cabo muchos Ayuntamientos en toda España, puede evitar actuales y futuras amenazas de la burbuja del bio?metano, dar tranquilidad a los vecinos y dotar de armas legales para evitar informar favorablemente compatibilidades urbanísticas a escasa distancia de los núcleos rurales.
De este modo no se repetirá lo ocurrido en marzo de 2025, cuando el Concello de Agolada emitió dos informes de compatibilidad urbanística, cuya copia se adjunta, favorables a la implantación de plantas de biometano en Amance y en Basadroa, a sólo 500 metros de estas aldeas.
Desde la plataforma nunca hemos culpado al consistorio de la emisión de dichos informes, pero lo que no se puede es negar que se informó favorablemente como parece pretenderse.
Si el gobierno local no lleva a cabo lo aprobado en el pleno del 9 de diciembre, además de inclumplir sus propios acuerdos y despreciar lo solicitado por más de 2.000 personas, será un síntoma claro de que dicho acuerdo sólo fue un brindis al sol y no hay voluntad alguna de proteger a la población de proyectos tan perjudiciales.
No debería ser necesario que vecinos y vecinas nos veamos obligados de nuevo en el futuro a aplazar nuestras vidas y convertirnos en activistas forzosos para luchar contra proyectos destructivos, cuando es la obligación de nuestros gobernantes y para eso se supone que los elegimos y les pagamos.
