La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha remitido alegaciones escritas al Ministerio de Defensa tras analizar la Orden Ministerial que regula el régimen de las soluciones habitacionales de orientación «coliving» como medida de apoyo a la movilidad geográfica del personal militar, así como la Resolución de la Dirección Gerencia del INVIED que aplica el proyecto piloto en la Comunidad de Madrid. La Asociación considera que una medida que podía haber supuesto un avance real para el conjunto del personal militar destinado en Madrid termina desvirtuándose al aplicarse mediante una resolución que no mejora la vida de todos los militares, sino únicamente la de determinados colectivos seleccionados sin explicación suficiente en la norma.
ATME subraya que la estructura de prioridades recogida en la resolución -que determina el orden de acceso a las plazas- evidencia una desigualdad manifiesta: se sitúa en primer lugar a oficiales de los Cuerpos Comunes con destino en el órgano central del Ministerio de Defensa o en organismos dependientes ubicados en Madrid capital; en segundo lugar, al personal militar destinado en el órgano central o en dichos organismos; en tercer lugar, a oficiales de los Cuerpos Comunes destinados en unidades, centros u organismos de la Comunidad de Madrid; en cuarto, al resto del personal militar destinado en la Comunidad de Madrid; y en quinto lugar, al personal militar en excedencia por violencia de género.
ATME considera que quienes afrontan mayores dificultades de alojamiento en relación con sus retribuciones -la tropa, marinería y suboficiales- no son, precisamente, quienes resultan priorizados en el proyecto. La norma, tal y como está redactada, consolida un sistema de privilegios que beneficia a determinados cuerpos y escalas, en lugar de atender a criterios objetivos de necesidad social, económica y profesional.
La Asociación recuerda que este proyecto ha sido ampliamente difundido por los medios de comunicación, generando expectativas entre el personal militar que ahora se ven frustradas al comprobar que el acceso real queda restringido a colectivos que no representan a quienes sufren con mayor intensidad el impacto del mercado inmobiliario madrileño.
Por todo ello, ATME ha reclamado al Ministerio de Defensa no solo información detallada sobre los criterios técnicos, sociales o económicos que han motivado esta priorización, sino también que la primera prioridad se sitúe en el “personal militar profesional perteneciente a los Ejércitos o la Armada en situación de servicio activo o reserva con destino en unidades, centros u organismos de la Comunidad de Madrid”, garantizando así un criterio igualitario, objetivo y no discriminatorio que atienda a las necesidades de alojamiento del conjunto del personal militar, sin distinciones injustificadas entre cuerpos, escalas o destinos.
ATME continuará defendiendo un modelo de apoyo a la movilidad geográfica que responda a las necesidades reales del personal militar y no a estructuras jerárquicas que perpetúan desigualdades históricas dentro de las Fuerzas Armadas.
