A Coruña, una ciudad sin policías en la calle para prevenir y sin policías en investigación para reprimir la delincuencia

Los propios datos del Ministerio del Interior dan la razón a la Confederación Española de Policía, la plantilla policial de la ciudad es insuficiente para hacer frente a la creciente violencia criminal

“Pese a que nieguen la realidad la estadística es la suya”, remarcan desde la Confederación Española de Policía, que hacen balance de los últimos siete años en los que el Gobierno actual y el titular de la cartera de Interior se han hecho cargo de la seguridad pública y del mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Según los datos hechos públicos por la Secretaría de Estado de Seguridad, 2019 se cerró en la ciudad de A Coruña con una tasa total de criminalidad de 10.339 delitos, una cifra que contrasta con la de 2025¸año que cerró con 12.335, lo que suponen 1996 delitos, o lo que es lo mismo un 19,31% más.

De las cifras aportadas por Interior llaman la atención los delitos violentos y la ciberdelincuencia, pudiendo contrastar como en 2019 en la ciudad de A Coruña se cometieron 6 homicidios o asesinatos consumados o en grado de tentativa, y 2025 se cerró con 19 hechos, lo suponen 13 hechos más, un 216,67% más.

Si nos ceñimos a la violencia callejera, los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria, lo que son las peleas violentas en las que se pueden emplear objetos contundentes o armas, las cifras no dejan a nadie indiferente, 2019 terminó con 88 hechos, mientras 2025 supuso una cifra récord, 150 hechos violentos, o lo que es lo mismo, 62 hechos violentos más, un 70,45% más, en un momento donde los coches patrullas de la Policía Nacional son un espécimen difícil de ver por las calles de la ciudad debido a la falta de agentes en el servicio de radiopatrullas, por lo que difícilmente estos actos violentos son prevenibles con presencia policial.

Llama en demasía el incremento de los delitos contra la libertad sexual, en 2019 en A Coruña hubo 64 delitos contra la libertad sexual, mientras en 2025 hubo 102, 38 hechos más, un 59,38% más, pero si nos fijamos en las agresiones sexuales con penetración nos pueden saltar los ojos de las órbitas, ya que 2019 cerró con 2 hechos, mientras que 2025 cerró con 24, un 1100% más.

Y si nos vamos a la ciberdelincuencia, la cosa ya es abrumadora, 2019 cerró con 2104 hechos delictivos, mientras 2025 cerró con 2671 delitos, 567 hechos más, un 26,95% más.

Pero si ahora vamos con datos facilitados por el propio Gobierno y nos ceñimos a las agresiones que sufren los funcionarios públicos, los agentes de la autoridad o autoridades, entre los que están los policías nacionales y los guardias civiles, el incremento en cifras va en la misma sintonía, habiendo sufrido este colectivo en la provincia de A Coruña 199 agresiones en 2021 por las 240 agresiones de 2025, 41 hechos violentos más de aumento en sólo cuatro años más, lo que equivale a un 20.6% más, o dicho de otra manera, 20 agresiones al mes, y pese a ello, este Gobierno ha negado, “como judas”, la realidad, impidiendo 71 veces en el Congreso la tramitación de una ley que equipararía a los policías nacionales y guardias civiles con sus homólogos autonómicos de Cataluña o País Vasco, declarando su profesión como profesión de riesgo, a la vez que le niega una jubilación digna y la equiparación salarial que les prometió cuando estaban en la oposición.

El abandono, olvido y negacionismo de Interior es más que evidente, pero las estadísticas son las de ellos, y nos dan la razón, la violencia crece en las calles de A Coruña, y no va a ser por las veces que desde la Confederación Española de Policía lo hemos avisado y denunciado”, apuntan desde esta organización sindical que el deterioro de la seguridad en las calles de esta ciudad  es más que evidente, “para eso sólo tenemos que echar la vista atrás con los hechos violentos ocurridos durante el año pasado y que pusieron en riesgo la vida de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, y esto tiene un impacto directo en las condiciones de trabajo de los policías nacionales, además de ser un indicador objetivo que acredita que la gestión del Ministerio del Interior en este ámbito fue y está siendo un fracaso en Galicia. Sólo así puede calificarse el que entre 2019 y 2025, periodo de responsabilidad del actual titular del departamento, Fernando Grande- Marlaska, se haya producido un aumento superior al 70,45% en estos delitos, tipificados en los artículos 147 a 152 y 154 de nuestro Código Penal.

Interior parece incapaz de encontrar la solución a un fenómeno que transcurre parejo al del aumento de las agresiones contra policías que CEP lleva denunciando desde hace años. “Nos encontramos ante una tendencia consolidada, sostenida en el tiempo y eso exige medidas que refuercen el principio de autoridad, la protección de la integridad física de los policías y un despliegue de prevención de la delincuencia acorde a los hechos; y esto solo sucede con el incremento de una plantilla policial, ahora mismo insuficiente para hacer frente a la realidad delincuencial, que permita sacar más coches patrulla a la calle para prevenir el delito y más agentes en los grupos de investigación para reprimir, perseguir y detener a los autores que se saltan una ley muy endeble que castiga muy poco a los delincuentes y que pone en peligro por su blandura a policías que deben hacer cumplirla.

“El delincuente debe tener miedo y temor a la consecuencia de delinquir, la ley debe golpear con dureza al violento, con penas contundentes al hecho delictivo realizado, una realidad que ahora no sucede”, remarca Javier Martínez, portavoz de la CEP, quien además señala a la imperiosa necesidad de proteger al que protege con medidas de protección jurídica para los que realizan la labor policial, como es la consideración de profesión de riesgo de los agentes y la consideración de autoridad en el ejercicio de sus funciones, y añade, “estamos ante un fenómeno grave que Interior no puede seguir ignorando porque se está poniendo en riesgo a diario la seguridad personal de los policías, y mientras esto ocurre en la calle, los agentes sufrimos la pasividad del Ministerio del Interior, estamos asistiendo perplejos en los últimos años al incremento de la violencia callejera, donde delincuentes armados con objetos contundentes o armas blancas que hacen frente a policías o ciudadanos, y seguimos viendo como cada vez se le dota de más medios y recursos económicos a otras regiones de España y se olvidan de Galicia, y un ejemplo de ello es la lluvia de millones que desde el Gobierno se ha destinado a la financiación de las Policías Autonómicas de Cataluña, País Vasco y Navarra, con una inversión nunca antes vista que alcanza ya los 1.512 millones de euros en los últimos años, según los datos oficiales de ejecución presupuestaria de la Intervención General de la Administración del Estado, correspondientes al periodo comprendido entre 2019 y noviembre de 2024, y mientras esto ocurre vemos abrumados la carencia de medios en nuestras comisarías, con instalaciones policiales obsoletas como el Cuartel policial de Lonzas y la falta de nuevas unidades policiales especializadas para poder luchar contra los criminales de manera contundente, esto sólo se puede definir bajo las palabras de olvido, abandono y discriminación”.

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