Hay situaciones en las que la burocracia deja de ser una herramienta de orden para convertirse en un ejercicio de crueldad y soberbia institucional. Lo que está ocurriendo en Lugo con el área de sanciones del Ayuntamiento a raíz de una multa de tráfico por estacionamiento en un lugar reservado para «minusvalidos» ,como recoge la respuiesta del Ayuntamiento al recurso, no es solo un error administrativo; es una agresión directa a la dignidad de un ciudadano con diversidad funcional.
Alfonso Pardo, periodista que estaba radiando un partido, estaciona un vehículo oficial de la Radio Galega, en una plaza reservada para personas con movilidad reducida ,exhibiendo la fotocopia de su tarjeta de estacionamiento debidamente COMPULSADA ( La compulsa certifica que la copia es idéntica al original, permitiéndote presentarla y conservar el documento oficial en tu poder), por un organismo oficial. Cualquier persona con sentido común entendería que una compulsa da validez legal a un documento frente a terceros. Sin embargo, un agente de la Policía Local de Lugo, guiado por un exceso de celo, cumpliendo con su deber, decidió que la legalidad de esa compulsa no tenía validez. Multa al canto.
Lo grave no es la sanción económica, que es lo de menos en esta batalla, sino la humillación que ha tenido que soportar el afectado en las notificaciones del expediente. En pleno año 2026, tanto el agente que redactó la denuncia como el departamento municipal que rechazó el recurso, han demostrado una preocupante ignorancia legal, social y académica. En los documentos oficiales del Ayuntamiento de Lugo se sigue utilizando a la ligera el término «MINUSVÁLIDO»
La palabra «minusválido» no solo es ofensiva y despectiva, sino que fue fulminada y erradicada de la Constitución Española y de todo el ordenamiento jurídico y académico. Quienes utilizan esas plazas no son «minusválidos» (personas con menos valor); son personas con diversidad funcional y derechos reconocidos por ley. Que una administración pública use un lenguaje extinguido para vejar a un ciudadano, es una indignidad moral que provoca un daño profundo en el alma.
Será un juez el que tenga que explicarle al Ayuntamiento de Lugo si una fotocopia compulsada tiene validez en esta ciudad o si el Concello se rige por sus propias normas paralelas. La dignidad no tiene precio: el demandante ya ha anunciado que, si gana el pleito, el importe de la sanción irá destinado íntegramente a la Asociación Española contra el Cáncer. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de decencia y humanidad. También se ha solicitado el amparo de la Valedora do Pobo de Galicia ante semejante despropósito.
Por el camino quedan preguntas en el aire que el Concello de Lugo debería responder por transparencia, como ese insistente rumor popular que sugiere, que los agentes de la Policia Municipal cobran un extra o un plus por cada sanción impuesta, pregunta realizada por la ahora alcaldesa, Elena Candia, en su momento al Gobierno Municipal. Sería bueno aclararlo, porque explicaría muchas cosas sobre este exceso de celo recaudatorio. De ser cierto, seria la mayor indignidad democrática de un representante elegido por el pueblo, pagar un plus a la Policía Local por cumplir con su cometido.
El Ayuntamiento de Lugo y su Policía Local tienen la palabra para rectificar públicamente este atropello. Si deciden mantener el silencio, tendrán que responder ante los tribunales, ante la Valedora do Pobo y, lo que es peor para cualquier gobernante, pasado o presente, ante los ciudadanos que. con sus votos serán jueces de la situación.
