El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado una dura advertencia sobre el deterioro democrático e institucional que atraviesa España. En una contundente declaración, el líder de la oposición ha denunciado que la corrupción ha dejado de ser una conducta excepcional dentro del Ejecutivo para convertirse en “la norma”.
Para Feijóo, el escenario actual no responde a una acumulación de “casos” fortuitos, sino a un entramado estructural. «No hay pequeños excesos. Estamos ante un sistema destinado a facilitar la corrupción», ha aseverado, apuntando además a la existencia de una «premeditación» clara para erosionar, desacreditar e incluso desactivar por completo los órganos de fiscalización esenciales de cualquier democracia liberal.
El presidente de los populares ha enumerado las instituciones y colectivos que, a su juicio, están sufriendo una campaña de asedio institucional por resultar incómodos al poder: los jueces independientes, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los periodistas libres y una oposición firme al Gobierno. «Todo esto está siendo atacado», ha sentenciado.
A este debilitamiento institucional se suma la parálisis económica y de gestión que sufre el país. Feijóo ha puesto el foco sobre la incapacidad del Gobierno para sacar adelante las cuentas públicas, recordando que «por no haber, no hay ni Presupuestos Generales del Estado (PGE)», lo que condena a la economía española a la incertidumbre y la inestabilidad.
Para ilustrar la gravedad de la situación, el líder del Partido Popular ha recurrido a una analogía con el ámbito corporativo, cuestionando los estándares éticos y de gestión que el Ejecutivo pretende normalizar.
«Si nada de esto sería razonable en una empresa, ¿cómo se puede querer sostener para todo un país?», ha planteado Feijóo, concluyendo que ninguna organización privada sobreviviría persiguiendo a sus auditores, eliminando sus comités de control y operando sin un rumbo financiero aprobado.
El Partido Popular exige, por tanto, un regreso inmediato a la senda de la regeneración democrática, el respeto absoluto a la separación de poderes y la transparencia en la gestión de los recursos públicos de todos los españoles.
