Hay contratos que se firman ante notario. Otros, con una simple firma sobre un papel. Y existe uno que, paradójicamente, concede más poder que cualquiera de los anteriores y, sin embargo, no obliga prácticamente a nada: el programa electoral.
Cada cuatro años millones de ciudadanos entregan su confianza basándose, al menos en parte, en un conjunto de compromisos que un partido político asegura querer llevar a cabo si alcanza el gobierno. Es la oferta sobre la que se fundamenta una decisión trascendental. Sin embargo, una vez cerradas las urnas, ese documento comienza a desvanecerse. Desaparece del debate público, se esconde entre los archivos de las páginas web de los partidos y deja de ocupar el lugar que nunca debió abandonar: el de la referencia con la que evaluar la acción de gobierno.
No deja de ser curioso. El documento que sirve para obtener el mayor poder que puede conceder un ciudadano acaba siendo, en demasiadas ocasiones, el menos importante de toda la legislatura.
Los tribunales ya han dejado claro que un programa electoral no es un contrato. Jurídicamente no genera obligaciones exigibles y, por tanto, su incumplimiento no puede perseguirse como si se tratara de un fraude contractual. Probablemente sea lo correcto desde un punto de vista legal. Gobernar un país no es ejecutar una obra con un presupuesto cerrado. Surgen crisis económicas, catástrofes naturales, pandemias, conflictos internacionales o mayorías parlamentarias insuficientes que pueden hacer imposible cumplir determinadas promesas.
Pero que no exista responsabilidad jurídica no significa que deba desaparecer cualquier otra forma de responsabilidad, porque entre un contrato y un simple folleto publicitario existe un amplio territorio que nuestra democracia parece haber decidido abandonar: el de la responsabilidad política.
No hablo de castigar a un gobierno porque no haya podido cumplir aquello que prometió. Hablo de exigirle que responda por ello. Que explique qué compromisos ha cumplido, cuáles no y, sobre todo, por qué. Existe una enorme diferencia entre no poder cumplir una promesa y actuar como si nunca se hubiera prometido.
Lo verdaderamente preocupante no es el incumplimiento. Es la indiferencia con la que convivimos con él.
Quizá por eso los programas electorales se han convertido en documentos que casi nadie lee. No porque los ciudadanos hayan perdido el interés por la política, sino porque han aprendido que aquellas páginas apenas condicionan la acción posterior del gobierno. Son listas interminables de buenas intenciones, redactadas con una ambigüedad calculada y sin un mecanismo real que permita exigir explicaciones cuando la realidad toma otro camino.
Y cuando una promesa deja de obligar moralmente, acaba pareciéndose demasiado a un eslogan.
Resulta llamativo que exijamos a una empresa que rinda cuentas ante sus accionistas, que publique resultados, que justifique sus decisiones y que responda cuando incumple los objetivos anunciados, mientras aceptamos que quienes administran miles de millones de euros públicos solo deban enfrentarse, cuatro años después, a una nueva campaña en la que volverán a prometer un futuro mejor.
La memoria del ciudadano no puede ser el único mecanismo de control de una democracia.
Quizá haya llegado el momento de pensar en una auténtica ley de responsabilidad política. No para convertir los programas electorales en contratos civiles ni para llenar los juzgados de demandas imposibles, sino para establecer un sistema independiente, transparente y objetivo que evalúe el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos.
No sería un castigo. Sería un ejercicio de higiene democrática.
Al finalizar cada legislatura, los ciudadanos deberían conocer qué porcentaje del programa se ha cumplido, qué medidas quedaron pendientes, cuáles fueron modificadas y qué razones objetivas lo justificaron. Esa información debería acompañar a cualquier nuevo programa electoral del mismo modo que el historial acompaña a quien solicita de nuevo nuestra confianza.
Después, que sea el ciudadano quien juzgue, porque quizá la verdadera regeneración política no consista en cambiar a unos dirigentes por otros, sino en cambiar las reglas que permiten que todos actúen del mismo modo.
Últimamente han comenzado a surgir proyectos políticos que hablan de regeneración democrática y de recuperar la confianza de los ciudadanos. Ojalá alguno tenga el valor de dar un paso más y asuma voluntariamente que su programa electoral no será un simple instrumento para ganar unas elecciones, sino un compromiso público sometido a evaluación durante toda la legislatura. No sería una obligación impuesta por los tribunales. Sería una demostración de respeto hacia quienes les entregan su voto.
Porque la confianza nunca ha nacido de las promesas. Nace de las consecuencias que tiene incumplirlas.
Tal vez un programa electoral nunca llegue a ser un contrato en sentido jurídico. Quizá tampoco sea necesario, pero una democracia en la que las promesas no generan ninguna obligación de responder por ellas termina corriendo un riesgo silencioso: que los ciudadanos dejen de creer no solo en quienes gobiernan, sino en el propio valor de la palabra.
Y cuando eso ocurre, el problema ya no pertenece a un partido político. Pertenece a toda la democracia. Pertenece a cada uno de nosotros.
