La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido este lunes, en una sesión extraordinaria, poner bajo la lupa la actuación del magistrado Juan Carlos Peinado. El órgano de gobierno de los jueces ha acordado remitir al Promotor de la Acción Disciplinaria el reciente auto dictado por el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid en la causa abierta contra Begoña Gómez.
El detonante de esta decisión reside en el contenido del auto fechado el pasado 20 de junio. En dicho documento, el magistrado sugirió que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrían facilitar la posible fuga de una persona investigada. Esta insinuación ha sido la base para que el CGPJ pida al Promotor que evalúe si existe una conducta sancionable.
En concreto, se busca determinar si el juez incurrió en una «falta grave de desconsideración» hacia el cuerpo policial, un comportamiento que, de confirmarse, vulneraría el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Dicho precepto tipifica como falta grave el «abuso de autoridad» o la «falta grave de consideración» hacia ciudadanos, instituciones y, específicamente, hacia los funcionarios de la Policía Judicial.
La medida no ha logrado el consenso total. El acuerdo se ha adoptado mediante mayoría, haciendo valer la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ su voto de calidad ante la falta de unanimidad. La decisión ha generado un debate interno notable, reflejado en el voto particular formulado por los cuatro vocales discrepantes que se han opuesto a este movimiento disciplinario.
