Los grupos criminales amplían su dominio sobre las rutas de transporte, el combustible, los alimentos y los mercados ilícitos mientras el país intenta recuperar la seguridad y avanzar hacia las elecciones. La ONU advierte además que los niños podrían representar más de la mitad de los integrantes de las pandillas.
Las pandillas de Haití ya no buscan únicamente conquistar territorios. Ahora intentan controlar las instituciones y las arterias económicas de las que dependen la población y el funcionamiento del Estado, advirtieron este lunes oficiales de la ONU ante el Consejo de Seguridad.
Los grupos criminales compiten por dominar las rutas de transporte, el suministro de combustible, la distribución de alimentos y diversos mercados ilícitos. Cada puesto de control que imponen no solo les genera ingresos, sino que refuerza su autoridad sobre las comunidades.
La directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Monica Juma, explicó que las pandillas han diversificado sus actividades y construido un ecosistema criminal más adaptable, resistente y difícil de desmantelar.
En algunas zonas donde la presencia estatal es limitada, incluso se presentan como supuestos protectores de la población, lo que difumina la frontera entre la violencia criminal y la autoridad legítima y erosiona aún más la confianza en las instituciones.
“Esencialmente, el crimen organizado está tomando como rehenes al Gobierno y a la población”, afirmó Juma tras visitar Haití la semana pasada.
La expansión continúa más allá de Puerto Príncipe, hacia Artibonite, el departamento del Centro y las rutas que conectan con el sur. Comunidades que antes sufrían menos violencia enfrentan ahora secuestros, ataques y el reclutamiento forzado de jóvenes.
Armas, drogas y dinero ilícito
La crisis también tiene una dimensión regional.
Armas de fuego, incluidas armas de uso militar, siguen entrando en Haití desde el extranjero. Al mismo tiempo, las redes de narcotráfico utilizan cada vez más el país como centro de almacenamiento y logística para transportar cocaína y otras drogas por el Caribe.
Las rutas de tráfico de migrantes conectan Haití con Bahamas, República Dominicana, las Islas Turcas y Caicos, Estados Unidos y América del Sur.
Juma pidió reforzar los controles fronterizos y marítimos, las investigaciones financieras y la cooperación regional para cortar el flujo de armas, drogas y dinero que sostiene a las pandillas.
“Cada pandilla desmantelada hoy será reemplazada mañana si permanecen intactos los mercados ilícitos que la sostienen”, advirtió.
La responsable señaló que las operaciones de seguridad deben ir acompañadas de un sistema de justicia capaz de detener, procesar y encarcelar a los responsables, desmantelar las redes criminales y combatir la corrupción y el lavado de dinero.
Haití ha creado dos unidades judiciales especializadas para investigar delitos financieros complejos, corrupción, tráfico de armas, lavado de dinero y violencia sexual. Sin embargo, necesitarán recursos, protección para el personal judicial y apoyo internacional para que los casos puedan avanzar.
Elecciones bajo la amenaza de la violencia
La expansión criminal coincide con un momento decisivo para un país que sigue sin presidente desde el asesinato de Jovenel Moïse en 2021 y busca restablecer sus instituciones democráticas.
El representante especial del Secretario General para Haití, Carlos Ruiz Massieu, destacó la aprobación de un decreto electoral revisado, el acuerdo sobre el presupuesto de los comicios y el inicio del registro de votantes.
El siguiente paso, indicó, debe ser la adopción de un calendario electoral creíble y realista.
Sin embargo, la seguridad sigue condicionando el proceso. Los recientes ataques en Cité Soleil, Kenscoff, Artibonite y otras zonas demuestran que las pandillas conservan una amplia capacidad para aterrorizar a la población y extender su influencia.
“La seguridad es indispensable para celebrar elecciones creíbles. Sin embargo, los problemas de seguridad no deben convertirse en una razón para retrasar el proceso político. Los preparativos electorales y las mejoras en la seguridad deben avanzar juntos”, afirmó Ruiz Massieu.
El representante de la ONU señaló que el inicio de las operaciones de la Fuerza de Supresión de Pandillas marca el paso de la planificación a la acción. No obstante, insistió en que las medidas de seguridad deben respetar los derechos humanos y formar parte de una estrategia más amplia que fortalezca la justicia, las instituciones y las oportunidades económicas.
Los niños, víctimas y herramientas de las pandillas
La expansión de las pandillas está golpeando de forma especialmente grave a la infancia haitiana. Los niños no solo mueren, resultan heridos o son desplazados: también son reclutados, utilizados por los grupos armados y, en algunos casos, terminan detenidos durante años sin acceso efectivo a la justicia.
Durante 2025, la ONU verificó 2088 violaciones graves contra 1661 niños. Las pandillas reclutaron y utilizaron a 892 menores, 620 fueron asesinados o mutilados y 277 fueron secuestrados. Se estima además que los niños podrían representar más de la mitad de los integrantes de estos grupos.
“Los niños de Haití no son únicamente víctimas colaterales de la crisis: los actores armados los atacan, explotan y utilizan como instrumentos”, afirmó la representante especial del Secretario General para los niños y los conflictos armados, Vanessa Frazier.
Durante una visita a un centro de detención en Puerto Príncipe, Frazier encontró a niños que llevaban años recluidos, algunos sin cargos y sin haber comparecido nunca ante un juez. Varios dijeron que habían pasado hasta ocho años detenidos.
La ONU pidió revisar urgentemente esos casos y aplicar el protocolo que permite entregar a los niños encontrados durante las operaciones de seguridad a organismos civiles de protección. Más de 570 menores ya han sido transferidos mediante este mecanismo.
Frazier advirtió que separarlos de las pandillas no bastará si no existen programas de acogida, rehabilitación y reintegración.
“Sin esa capacidad, el resultado probable será un nuevo reclutamiento, una mayor marginación o una detención prolongada. Eso no sería protección. Simplemente trasladaría a los niños de una forma de daño a otra”.
Foto de portada: © PMA/ Benoit Lognone
